Forcadell pide la recusación del TC y parar toda acción legal contra el Parlament por el 1-O

La presidenta del Parlament, Carme Carme Forcadell, ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) que pide recusar a todos sus magistrados por "falta de imparcialidad" y reclama que paralicen cualquier acción penal contra ella o el Parlament por la tramitación de iniciativas relacionadas con el referéndum previsto para el 1 de octubre.

Según fuentes parlamentarias de las que se hace eco Europa Press, la iniciativa de Forcadell "pretende paralizar cualquier procedimiento de excepción que pudiera plantearse el TC hacia el Parlament o las funciones de la presidenta".

La iniciativa se ha sabido durante la reunión de la Mesa del Parlament que debe tramitar la ley del referéndum, que JxSí y la CUP prevén aprobar este mismo miércoles en el pleno que ha empezado a las 10.15.

Forcadell quiere garantizar su derecho a defensa —ha dicho— ante posibles actuaciones judiciales contra ella por tramitar iniciativas relacionadas con el 1-O, y en su escrito asegura que la reforma de la Ley orgánica del TC supone un retroceso para su defensa: por eso, pide "ser parte en un hipotético procedimiento constitucional".

Argumenta que la reforma del TC ha significado que el derecho a defensa de cualquier persona quede "todavía más restringido que en la aplicación del Estado de excepción", y asegura que los magistrados de este tribunal han actuado de parte en los procedimientos previos contra las iniciativas soberanistas.

"Por lo tanto, quedan inhabilitados para tomar algún tipo de decisión hacia la presidenta", tal y como reconoce la legislación internacional que acredita que toda persona tiene derecho a un tribunal independiente y parcial, ha añadido.

Genera "indefensión"

En su escrito también reivindica que "no existe ningún procedimiento en el ordenamiento jurídico español que genere tanta indefensión" como la que prevé la Ley orgánica del TC, y asegura que hay muchas más garantías para los investigados en los procedimientos penales.

"Al no contar con ninguna garantía procesal de un juicio justo", añade Forcadell, las atribuciones sancionadoras del TC vulneran el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

El escrito también arguye que la reforma del TC fue "criticada unánimemente por la comunidad jurídica, la Comisión de Venecia e incluso por algunos de los propios miembros del TC".

"La reforma configura un nuevo TC que pierde su supuesta neutralidad cuando se le otorga potestad sancionadora y facultades de ejecución" de sus propias resoluciones, concluye.

En un apunte en Twitter, Forcadell ha asegurado que los magistrados del TC "se han convertido en una extensión más del Gobierno del Estado y han perdido toda legitimidad".

La recusación no paralizará al TC

La recusación no paralizará la acción de este órgano si se rechaza de plano, es decir, si el propio órgano de garantías no admite su tramitación, según han señalado fuentes jurídicas consultadas por Europa Press que han destacado lo inédito de la petición de Forcadell, quien en su escrito no pide que los magistrados se aparten por su falta de parcialidad en ninguna causa concreta sino que solicita expresamente que no puedan adoptar las medidas previstas en artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que fue reformado en 2015 para dotar a este órgano de instrumentos para poder hacer cumplir sus resoluciones.

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Entre éstos instrumentos se encuentra la posibilidad del TC de imponer multas por desobedecer sus sentencias, deducir testimonio a la Fiscalía respecto de las personas que incumplan sus resoluciones para que se estudie si han cometido delito o incluso suspender cautelarmente en sus funciones a los responsables de dicho incumplimiento.

Las mismas fuentes señalan que existen antecedentes de recusación total de todo el tribunal, que fueron inadmitidas de plano y no paralizaron el procedimiento en cuestión. La cuestión fue resuelta por el propio tribunal, ya que los magistrados del Constitucional no tienen sustitutos y la ley no prevé la formación de ningún tribunal de recusaciones integrado por personas ajenas a esta institución.

Las recusaciones a todo el órgano planteadas por el abogado murciano José Luis Mazón en relación con una condena que impuso el Tribunal Supremo en 2004 a once de sus magistrados por la inadmisión arbitraria de un recurso. La condena fue recurrida en amparo por los propios miembros del Constiucional y este letrado les recusó al considerar que no podían ser juez y parte de este asunto, pero su petición se rechazó de plano por el propio Pleno del TC y el amparo fue finalmente concedido en 2013.