El 29% de los colegios concertados de Madrid cobró cuotas de forma irregular el curso pasado

163 de los 560 centros educativos privados sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid cobraron cuotas de forma irregular durante el curso pasado, según cifras facilitadas a infoLibre por el Ejecutivo regional. En porcentaje son el 29% del total. Estas actuaciones suponen un incumplimiento leve del concierto que, en caso de no ser subsanado tras el apercibimiento del Servicio de Inspección Educativa, puede acarrear sanciones económicas de hasta 6.900 euros por unidad concertada en infantil y primaria y 8.344 euros en secundaria. En el caso de un centro con dos vías concertadas en cada nivel la multa podría alcanzar los 190.000 euros. 

En relación al cobro irregular de cuotas, la legislación califica de causa de incumplimiento leve del concierto la infracción del "principio de voluntariedad" de las actividades complementarias que se realizan dentro del horario lectivo (excursiones, visitas culturales...), las extraescolares y los servicios complementarios (transporte, comedor...), así como percibir cantidades por actividades o servicios escolares que no hayan sido autorizadas por la Administración educativa o por el consejo escolar del centro. 

La normativa sobre conciertos educativos establece claramente que los centros privados sostenidos con fondos públicos no pueden cobrar a las familias por clases ordinarias y que en ningún caso las actividades complementarias, cuyo precio debe ser autorizado por la Administración, son obligatorias. De hecho, la legislación vigente señala que los precios de estas actividades tienen que tener un carácter "no lucrativo". Respecto a los ingresos provenientes del cobro por actividades extraescolares sí establece que pueden utilizarse para contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro.

Un portavoz de la Consejería de Educación madrileña explica a preguntas de este diario que, desde el curso pasado, la inspección educativa actúa de oficio investigando el buen funcionamiento de las actividades complementarias y extraescolares en todos los centros concertados y si los cobros, que deben ser voluntarios, se ajustan a la normativa. Hasta entonces, la inspección sólo investigaba los casos en los que se producía una denuncia.

Denuncias

Pese a ello, asociaciones de consumidores y de padres de enseñanza pública vienen denunciando de forma reiterada este cobro irregular de cuotas. Camilo Jene, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres (FAPA) Giner de los Ríos, mayoritaria en la enseñanza pública madrileña, cree estos pagos "contribuyen a creación de guetos entre diferentes centros". Muchos colegios no informan de manera expresa de la voluntariedad esas actividades o servicios complementarios lo que provoca que, especialmente las familias económicamente más desfavorecidas, asuman que la enseñanza no es gratuita en esos centros y ni siquiera se planteen matricular allí a sus hijos. 

Asimismo, Jene vincula la falta de diligencia por parte del Gobierno regional en la investigación de estos cobros irregulares con su "apuesta decidida" por los centros concertados. En este sentido, afea al Ejecutivo madrileño que abra nueva líneas en centros privados subvencionados mientras la educación pública sigue degradándose. 

También los colegios privados no subvencionados están en pie de guerra contra estas cuotas porque sostienen que generan una competencia "absolutamente desleal" respecto a sus centros, pues los concertados reciben financiación pública (el salario de los docentes y el funcionamiento de los centros corre a cargo de la Administración) y al mismo tiempo cobran cuotas voluntarias en ocasiones sin dejar claro que lo son, tal y como sostiene Elena Cid, directora gerente de la Asociación de Colegios Privados CICAE. 

De hecho, la FAPA Giner de los Ríos y CICAE registraron este martes en la Asamblea de Madrid sendos informes en los que constatan irregularidades en el pago de cuotas en centros concertados de la región. Según estos documentos, el 77% de los centros no menciona la voluntariedad de cuotas en la visita informativa de los padres. En el 23% restante sus responsables sí mencionan en las visitas o dejan por escrito que estos pagos no son obligatorios, si bien tienden a matizar después verbalmente que sí lo son. Estos pagos por actividades voluntarias, sumando servicios complementarios, alcanzan los 148 euros mensuales de media en los centros consultados, según dicho informe. 

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Ambos colectivos denuncian la situación de "desprotección" en la que quedan las familias pues, para conseguir una plaza escolar en estos colegios, deben aceptar sí o sí las condiciones de cuota mensual que se les exigen a pesar de que los centros no les informan del carácter no obligatorio de las actividades que sustentan esos pagos e incluso de que omiten en sus circulares datos tales como el contenido de esas actividades o el horario en el que se desarrollan. 

Lo cierto es que la gestión de los centros concertados que realiza la Comunidad de Madrid está en el punto de mira desde hace varios años. La oposición política y los sindicatos han criticado ampliamente la política del Gobierno regional de cesión de suelo público para construir colegios concertados. Tal y como adelantó infoLibre, la puesta en marcha de colegios privados concertados en la Comunidad de Madrid sirvió a la trama Púnica –la red de tráfico de influencias y cobro de comisiones de la que el encarcelado Fracisco Granados es una pieza clave– para hacer negocios por una doble vía.

Por una parte, seis empresas que la Guardia Civil vincula con la red se embolsaron entre 2001 y 2011 al menos 222,8 millones de euros por la construcción de 12 centros concertados y uno totalmente privado. Por otra, la compañía que promovía los centros se hizo con otros 19 millones de euros mediante el cobro a las cooperativas de profesores que son las que, en última instancia, gestionan los colegios.