Expertos califican de "barbaridad jurídica" y de ataque a la libertad de expresión la suspensión del acto prorreferéndum en Madrid

La tensión de las semanas previas a la celebración del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, se ha trasladado de Barcelona a Madrid. Este pasado martes, el juez José Yusty Bastarreche decidía suspender cautelarmente el acto a favor del derecho a decidir y la consulta convocada por la Generalitat que iba a celebrarse este domingo en el espacio cultural Matadero, de la capital española. El acto estaba convocado por la plataforma Madrileños por el derecho a decidir. El emplazamiento del evento había sido autorizado y cedido por el Ayuntamiento de Madrid, titular de las instalaciones. En el auto, el magistrado argumenta que "se trata (…) de un referéndum ilegal, y en consecuencia, los actos de apoyo al mismo no pueden estar amparados por la actuación del Ayuntamiento de Madrid". Se sirve del artículo 103 de la Constitución Española para añadir que "no es posible que un acto que abiertamente se dirige contra lo dispuesto en la Constitución (…) pueda contar con el apoyo de un municipio que, como se ha expresado, tiene obligación de cumplir las leyes vigentes", y, además, defiende que los "bienes municipales" deben servir a los "intereses generales". Expertos consultados por infoLibre coinciden, sin rastro de duda, en que la suspensión cautelar de este acto ataca directamente la libertad de expresión.

"Se trata de una intromisión injustificada en un derecho constitucional". Quien habla es el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. No se refiere a ningún acto independentista, sino al auto del juez Yusty, declarado defensor de la unidad de España. No está hablando del artículo 2 de la carta magna, sino del 20, que defiende la libertad de expresión en nuestro país. El magistrado no comparte el argumento del titular del juzgado de lo Contencioso-administrativo 3 de Madrid: "Este acto no tiene nada que ver con las decisiones del Tribunal Constitucional respecto al referéndum. No se trata de apoyar un acto ilegal, no es eso lo que está haciendo el Ayuntamiento. Se trata de defender la Constitución".

Para la profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha Ana Valero, la decisión del juez Yusty es "una auténtica barbaridad jurídica". Desliga, al igual que Martín Pallín, que el referéndum sea ilegal o no lo sea. "La Constitución proclama la libertad de expresión de la ciudadanía. Hay quien considera que es ilegal, que es legal… Eso queda completamente al margen", explica. Añade Valero que nuestro ordenamiento jurídico "no establece una democracia militante”, es decir, "permite que haya partidos neonazis, fascistas…". Mientras no se incite a la violencia mediante la palabra, solo hay un "interés general" al que se debería aludir: permitir el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, considera. Es lo que defiende en su artículo de Al revés y al derecho, blog asociado a infoLibre. "Esto es lo que permite que en España no se ilegalicen los partidos de corte falangista –siempre que no se utilicen medios violentos para defender sus objetivos, o se incluya la violencia entre sus fines–, o puedan quienes todavía añoran la dictadura manifestarse, con el consentimiento consistorial, para homenajear al dictador en el aniversario de su muerte", afirma.

Este razonamiento de los "intereses generales" al que alude el auto es especialmente criticado por el docente de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia Germán Teruel Lozano. "Es un acto de censura previa. Si la defensa de unas ideas, aunque sean ilícitas, se ejercita únicamente mediante la palabra, es una actuación de particulares que está amparada por la libertad de expresión. Y si está amparada por la libertad de expresión, no es un acto ilícito", explica el profesor, que diferencia este asunto del de los alcaldes llamados a declarar por la Fiscalía, en el que sí hay una participación en el hecho considerado ilícito. Explica que la cesión del local de Matadero por parte del Ayuntamiento puede ser una decisión "completamente censurable, pero en el ámbito de la crítica política. ¿Quién es el juez para sustituir una decisión política? Los jueces son vox iuris, si les permitimos que hagan estas ponderaciones, ¿para qué sirven los políticos?", se pregunta.

La defensa del Ayuntamiento de Madrid de la cesión del espacio ha consistido en asegurar que el evento de la organización no reivindica el referéndum del 1-O, sino el derecho a decidir de los catalanes. Madrileños por el derecho a decidir deja claro en su web que "las multitudinarias movilizaciones del pueblo catalán de los últimos años, así como la consulta celebrada en 2014, son expresión de esa legítima aspiración que desea materializarse en el referéndum convocado para el 1 de octubre, cuya celebración apoya el 80% de la población catalana". Sin embargo, a juicio de Teruel Lozano, esa consideración es irrelevante. En estos casos, solo se limita la libertad de expresión "en casos de negación del holocausto nazi o de apología del terrorismo, donde sí se considera que hay un peligro real de humillación de las víctimas", explica. No importa que el acto defienda el 1-O o no lo defienda.

El acto seguirá adelante... sin el Ayuntamiento

Los organizadores del acto, bajo el nombre Madrid por la libertad de expresión y la democracia y el derecho a decidir, han confirmado este miércoles que se celebrará, pero en ningún espacio municipal. En los próximos días, han confirmado, anunciarán el emplazamiento. "Este acto no es una realización del referéndum, por lo tanto no tiene nada que ver en absoluto con la suspensión del Tribunal Constitucional sobre el decreto que desarrolla el referéndum", afirmó Pedro Casas, número 41 de la lista de Ahora Madrid y solicitante del espacio. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha confirmado este mismo miércoles que no habrá acto en Matadero el domingo, independientemente de que el juez acepte las alegaciones al auto de suspensión cautelar, como recoge Europa Press. Carmena insistió en que el Ayuntamiento acata la decisión judicial "religiosa y escrupulosamente", aunque presentarán alegaciones dado que el juez no les ha escuchado y, por lo tanto, "no tiene conocimiento de ese acto". "Discrepamos del contenido de la decisión", remachó.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid confirman que están trabajando en la redacción de dichas alegaciones y que prevén presentarlas este próximo viernes. Si no son aceptadas, afirman estas mismas fuentes, se abre la posibilidad de acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aunque es "algo que está sin decidir". 

El juez José Yusty Bastarreche es firmante de un manifiesto a favor de la unidad de España y "en contra del secesionismo" promovido por la organización Libres e Iguales. Y, como adelantó Eldiario.es, el pasado año aseguró, en un foro de jueces, lo siguiente, en referencia al Gobierno municipal de Madrid: "Pensar que semejante tropa está al mando de nuestras ciudades y villas, y puede estar en el Gobierno de España. Si por lo menos tuviesen un aspecto presentable". El consistorio confirma a infoLibre que ahora mismo "no está sobre la mesa" recusar al magistrado en la vía judicial que se acaba de abrir por su parcialidad. A su vez, fuentes del Consejo del Poder Judicial sostienen que el órgano de gobierno de los jueces no se plantea actuación alguna en este caso, "puesto que sólo puede y debe hacerlo a instancia de alguna de las partes del proceso".