El Gobierno lanza un aviso a los funcionarios al llevar a la Fiscalía la actuación de la interventora de la Generalitat

La decisión de la Generalitat de saltarse la orden de Hacienda de remitir semanalmente un informe de la intervención en el que se garantice que ninguna partida presupuestaria ha ido a parar a la organización del referéndum ha tenido dos efectos inmediatos. De un lado, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas que suponen una intervención de la Hacienda catalana. De otro, ha remitido a la Fiscalía la negativa de la interventora general de la Generalitat, Rosa Vila, de trasladar el citado informe. Es la primera vez que el Gobierno lleva a Fiscalía a un funcionario público en el marco de la consulta y constituye una advertencia a este colectivo para que no acate las decisiones del Govern.

Hasta la fecha, el Ejecutivo se había limitado a hacer advertencias a los funcionarios de que se les podía exigir responsabilidades si incumplían la ley. Es decir, si en lugar de acatar las decisiones de los tribunales, aplicaban las del Govern declaradas, a su vez, inconstitucionales. Ahora, de las advertencias se ha pasado a la acción. Quedan 15 días para la cita del 1-O y el Gobierno, centrado en impedir que se celebre el referéndum, quiere avisar a los funcionarios –sobre ellos descansaría, por ejemplo, la apertura de los colegios electorales– que sus actos pueden tener consecuencias.

De forma paralela, fuentes del Ejecutivo mantienen que no van a permitir que la Generalitat recurra a los funcionarios como "rehenes" y que les va a proteger. Lo mismo que a los ciudadanos que sean llamados, por ejemplo, a las mesas electorales. Esta misma semana, el presidente del Gobierno quiso insistir en declaraciones a los periodistas en el Congreso en que cualquier actuación que facilite la consulta ilegal tendrá consecuencias: "Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya, porque no puede haber referéndum y sería absolutamente ilegal".

El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, informó del traslado a la Fiscalía de la actuación de Vila. Y destacó que había sido bajo la "recomendación expresa" de la Abogacía del Estado. El ministro añadió que había recibido una comunicación de la interventora en la que le avisaba de que iba a dejar de mandar datos a Hacienda en cumplimiento de una orden del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.

"Obedeciendo a un superior"

Montoro justificó que el traslado de este episodio a Fiscalía llega "ante la actitud de alguien que no está ejerciendo sus responsabilidades con la justificación de que está obedeciendo a un superior". Mientras que la Generalitat defiende que para ellos hay una nueva legalidad, la contemplada en Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. En el Gobierno recuerdan que no hay más legalidad que la de la Constitución porque el TC ya se ha pronunciado tumbando cada iniciativa del Govern relacionada con la independencia.

Precisamente para evitar que los funcionarios se enfrenten a sanciones o inhabilitaciones, el Govern lleva casi un mes sin facilitar a Hacienda el listado completo de todos los interventores que certifican el gasto de las 183 entidades de la administración catalana. Desde el Departament de la Presidència aseguran que único listado que se trasladó es el de los consellers, unos nombres que son públicos y de general conocimiento, como público es el de la interventora general, la que firmaba los informes semanales que Junqueras ha ordenado dejar de emitir. 

Las vías penal y financiera

En la recta final hacia el 1-O, el Gobierno concentra en las vías penal y financiera su respuesta a las acciones de la Generalitat. Este mismo viernes, al mismo tiempo que el Consejo de Ministros tomaba el control de la Hacienda catalana para evitar el desvío de fondos a la preparación del referéndum, la Fiscalía seguía dando pasos.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dictó sendos oficios en los que ordena al fiscal superior de Cataluña y al fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo realizar las primeras citaciones a los alcaldes que han anunciado que colaborarán con el referéndum del próximo 1 de octubre, y que son los que tienen condición de aforados por ser cuatro de ellos diputados autonómicos y otro diputado en el Congreso.

El oficio señala que deben incoarse diligencias de investigación para esclarecer, en relación con todos los ayuntamientos citados, si están "cooperando en la organización del referéndum ilegal".

El resto de los oficios reproducen lo señalado el pasado miércoles en relación con otros alcaldes no aforados, aunque en el caso de estos últimos advertía expresamente de que si no comparecían cuando sean citados se ordenaría a los Mossos que lleven a cabo su detención.

Inicio de la campaña

Paralelamente, la Fiscalía de Tarragona abrió diligencias por el inicio de la campaña por el referéndum del 1-O y el acto de apertura en el Tarraco Arena que protagonizaron el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Respecto a esta cita, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, aseguró en una entrevista que estudiará si el acto de inicio de la campaña del referéndum incurre en un delito, y apuntó a una posible prevaricación si se organizó con fondos públicos.

En el Gobierno defienden que con estas actuaciones, con los recursos ante el TC y con el nuevo paquete de medidas de control del Presupuesto de la Generalitat, el Ejecutivo está dando respuesta al "desafío soberanista". Advierten de que tienen "todos los escenarios previstos" y que, a día de hoy, con el Govern dando la espalda a cada decisión de los tribunales no se puede descartar nada. El propio Mariano Rajoy, en un acto del PP de Cataluña esgrimió, sin citarlo, el artículo 155 de la Constitución, el que supone la suspensión de la autonomía. "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar", advirtió.

El jefe del Ejecutivo y de los conservadores lanzó un mensaje a Carles Puigdemont: cuanto más tarde en rectificar, más graves serán las consecuencias. "Lo digo con la misma serenidad que firmeza. No habrá referéndum", afirmó.

En todo este proceso, el Ejecutivo ha estado trasladando que su intención no era aplicar el 155, un mensaje que ha ido modulando en los últimos días hasta el punto de cifrar en cinco los días necesarios para aplicarlo.

En todo caso, hay en el Gobierno quien defiende que las medidas de control de la Hacienda de la Generalitat que salieron este viernes del Consejo de Ministros y de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos son más efectivas, por lo que suponen de intervención de las finanzas, que el polémico artículo que nunca se ha aplicado. En este sentido, el secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, consideró que con estas iniciativas el Gobierno central pretende aplicar el artículo 155 de la Constitución "por la puerta de atrás".

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En esta escalada de acción de la Generalitat-reacción del Gobierno no cabe, a ojos de las fuentes consultadas, que Rajoy y Puigdemont se sienten a hablar. En la Moncloa no se creen que el Govern tenga voluntad real de entablar un diálogo porque todo pasa por mantener el referéndum.

En el acto de Barcelona de este viernes, Rajoy reprochó al presidente de la Generalitat tener "un concepto muy curioso del diálogo", e insistió en que no se puede negociar sobre la base de exigir al Estado que debe autorizar un referéndum 'sí o sí', informa Europa Press. El presidente criticó que Puigdemont nunca ha querido dialogar de forma sincera, ya que siempre ha planteado, según Rajoy, la misma premisa: "Me daba dos opciones: o convocar el referéndum o convocarlo".

"Yo no puedo disponer de la soberanía nacional. Lo que es España lo deciden todos los españoles", zanjó.