Hacienda recomienda a los proveedores de la Generalitat que aclaren que no ayudan al 1-O

El Boletín Oficial del Estado de este sábado detalla la letra pequeña de las medidas anunciadas por el Gobierno un día antes y encaminadas a que la Generalitat no destine "un solo euro público" a promover la consulta ilegal del 1-O. Unas medidas que, en la práctica, suponen la intervención de la Hacienda catalana. Además de las iniciativas avanzadas tras la rueda de presa posterior al Consejo de Ministros, el departamento de Cristóbal Montoro recomienda a los proveedores de la Generalitat que emitan una declaración responsable en la que quede patente que no colaboran con el referéndum.

Así puede leerse en el séptimo punto del acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que publica el BOE: "Desde la publicación de este acuerdo, cualquier persona física o jurídica que entregue bienes o preste servicios a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña o cualesquiera de sus entidades vinculadas o dependientes, podrá adjuntar a la correspondiente factura que emita, una declaración responsable [...] en la que quede constancia de que dichos bienes o servicios no tienen relación con la financiación de actividades ilegales, ni contrarias a las decisiones de los tribunales".

La orden de Hacienda va más allá cuando sugiere a los proveedores que actúen a título preventivo. Si tienen alguna duda de los fines a los que se destinan los bienes o servicios que presta, recomienda el ministerio, "podrá comunicarlo, junto a la documentación correspondiente que lo acredite, al MINHAFP [Hacienda] sin perjuicio de su eventual comunicación al Ministerio Fiscal". "En el caso de haberse prestado el servicio o el suministro, a la fecha de publicación del presente Acuerdo, que pudiera generar esa duda, se comunicará igualmente al MINHAFP y en su caso, al Ministerio Fiscal", añade.

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Esta advertencia vía orden ministerial a los proveedores llega un día después de que el Gobierno lanzara un mensaje a los funcionarios informando de que había trasladado a la Fiscalía la negativa de la interventora general de la Generalitat a seguir remitiendo semanalmente a Hacienda un certificado en el que se garantiza que no se han dedicado fondos públicos a promover o promocionar el 1-O. Es precisamente esta negativa la que provocó que la Moncloa activara un paquete de medidas destinado a controlar las cuentas de la Generalitat.

Desde la publicación en el BOE, es decir, desde este mismo sábado, el Estado no enviará nuevas transferencias a la Comunidad Autónoma para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes. Son unos 1.400 millones de euros mensuales y van destinados a pagar servicios sociales, sanidad, educación y el grueso de las nóminas de los funcionarios.

Estas medidas estarán vigentes "hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en la Comunidad Autónoma de Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma", puede leerse en la orden ministerial.