El "expolio continuo" del Pazo de Meirás ya está en manos de Naciones Unidas

La polémica en torno al Pazo de Meirás se mantiene viva más allá de las fronteras nacionales. La propiedad de la familia Franco se ha convertido en los últimos meses –aunque el debate lleva años abierto– en foco de controversia en el territorio estatal y también en suelo europeo, especialmente después de que la Fundación Nacional Francisco Franco comenzase a gestionar las visitas del inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2008. La última muestra de ello ha sido la denuncia presentada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ante la sede de la ONU en Ginebra, con el triple objetivo de exigir la devolución del pazo al pueblo gallego, la ilegalización de la Fundación Franco, y finalmente la prohibición de toda apología del franquismo y la puesta en marcha de una investigación de los crímenes de la dictadura.

En el documento, los nacionalistas gallegos piden que la devolución del pazo conlleve además la adopción de medidas para devolver todos los bienes y propiedades incautadas durante el periodo dictatorial para su reposición al patrimonio público. En segundo lugar, y con el fin de impulsar actuaciones de investigación y reparación, la formación insta al Estado español a "dejar sin efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia". Finalmente, y en apelación directa a las autoridades españolas, la formación llama a adoptar las medidas y las reformas legislativas necesarias para que entidades como la Fundación Franco, así como la apología del franquismo, se considere ilegal por "vulneración de los derechos humanos".

En su denuncia, la portavoz nacional del partido, Ana Pontón, y la portavoz en Bruselas, Ana Miranda, recuerdan que entre el 21 de enero y el 3 de febrero de 2014 el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, visitó España con el fin de conocer y valorar las medidas adoptadas por las autoridades respecto al ámbito relativo a la memoria histórica. En las conclusiones del informe resultante, señala la denuncia, se concluye que "no se estableció nunca una política de Estado para promoción de la verdad" y que "la Ley 52/2007 [de Memoria Histórica] no soluciona en absoluto este problema".

Las recomendaciones emitidas en su día por la ONU, subraya la formación gallega, siguen "incumpliéndose a día de hoy" como consecuencia de la "total inactividad del Estado". Por ello, y ante "la imposibilidad" de poder "entablar un diálogo con el Estado", el BNG se inclina por detallar ante la ONU todos los hechos que rodean a la adquisición del pazo y su posterior gestión.

De Emilia Pardo Bazán a Francisco Franco

El BNG expone los argumentos en los que basa su denuncia mediante el relato de los acontecimientos que llevaron el pazo a manos del dictador Francisco Franco y su familia. De este modo, recuerda que el inmueble, situado en la localidad de Sada (A Coruña), perteneció en un primer lugar a la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, que lo construye a finales del siglo XIX. En el momento en que la nuera de la literata se convierte en la legítima propietaria, se produce una negociación de la venta que queda formalizada en escritura pública en el año 1941. Pero son los hechos que preceden a esa escritura pública los que destaca el BNG como "abusos contra la población y actos corruptos" con el fin de "financiar la compra de la antigua propiedad, reformarla, aumentarla y embellecerla", lo que conllevó un "enriquecimiento abusivo, corrupto e ilegítimo" del dictador.

Precisamente la decisión de "regalar" el palacio como residencia veraniega parte de las autoridades franquistas coruñesas, en 1938. Y el cauce que emplean para financiar el regalo consiste en la puesta en marcha de una suscripción popular cargada de matices, que tendrá como fin la compra del bien para goce y disfrute del dictador. El órgano encargado de gestionar la operación fue la denominada Junta pro Pazo del Caudillo, constituida por la élite de la provincia –políticos, banca, empresas de comunicación...–.

Durante ese mismo año la Junta pro Pazo remite una circular a todos los ayuntamientos de A Coruña ordenando la constitución de Juntas Locales que inicien un proceso de recaudación, basado en una serie de aportaciones forzosas que alcanzaron un total de 1,2 millones de pesetas. La financiación se nutre, además, de la transferencia directa de fondos de las arcas municipales de todos los ayuntamientos de la provincia y de la Diputación Provincial coruñesa.

Tal y como relata el BNG en su denuncia, en 1941 el pazo queda registrado a nombre de Francisco Franco, pasando tras su muerte a sus legítimas herederas. Lo que fue concebido como una "donación" pasa a ser entonces una "compraventa entre particulares", en la que el dictador actúa mediante un testaferro, Pedro Barrié de la Maza, miembro de la citada Junta pro Pazo e íntimo amigo del dictador. De hecho, el que en 1955 fue nombrado conde de Fenosa actuó también como testaferro en la adquisición de Casa Cornide por parte de los Franco.

Consecuencias sobre el terreno

Entre las obras que se realizaron en las instalaciones antes de ceder el pazo a los Franco, se produjo una ampliación del recinto que tuvo importantes consecuencias para los vecinos de la localidad. La propiedad pasa de tener 5,7 hectáreas en su estado original a 9 tras la toma de fincas limítrofes. Con ello, fueron "expulsados de las tierras colindantes los labradores que venían trabajándolas y que representaban su medio de vida".

Según explica el BNG, además, en las semanas previas a la llegada del dictador al pazo "se detenía arbitrariamente a todos los ciudadanos que eran sospechosos para el régimen", mientras que los labradores que hasta el levantamiento militar de 1936 mantuvieron una importante actividad sindical "fueron masacrados" y sus "líderes asesinados" y "previamente torturados".

Los "abusos que conllevaron la entrega" del pazo contra la población que residía en las aproximaciones "son múltiples", subraya la formación en su denuncia. "La vecinanza era obligada a desplazarse a las inmediaciones del pazo para recibir con el saludo fascista al dictador", todo ello "bajo amenazas de sanciones".

"Un expolio continuo"

El fin de las obras de acondicionamiento del pazo se produce en el año 1945, "aunque las mejoras en el pazo, la toma de nuevas propiedades y en general el engorde patrimonial de los Franco en Meirás a través de la utilización de todo tipo de recursos públicos no cesará hasta el año del fallecimiento de Franco en 1975".

Siguiendo esta dinámica, el Ministerio del Ejército reserva partidas "todos los años para la realización de proyectos de obras de todo tipo" en el recinto. También el Ayuntamiento de A Coruña será a partir de 1947 una administración que "preste todo tipo de servicios en el pazo", como una "plantilla de jardineros para el mantenimiento" de la finca.

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En definitiva, "todas las administraciones de régimen están al servicio de todas las peticiones de los Franco en Meirás", que llegan a emprender "un negocio suculento de arrendamiento de tierras, venta de productos del campo y ganadería utilizando para ello recursos del Ministerio de Agricultura y otras entidades". Todo ello bajo el sello de "Pazo de Meirás. Productos de la Huerta".

Los últimos episodios de la historia se escriben en el año 2008, cuando es declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno bipartito de Galicia (PSdeG-BNG), lo que conlleva la obligación de abrirlo a visitas durante cuatro días al mes, y finalmente en 2017, cuando la gestión de dichas visitas pasa a ser responsabilidad de la Fundación Nacional Francisco Franco. El incumplimiento del régimen de visitas por parte de los Franco y más recientemente por la fundación ha conllevado la apertura de una serie de expedientes sancionadores.

El último escándalo se fragua con la voluntad de la Fundación Franco de "mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco" con su gestión de las visitas, lo que ha dado fuerza a las peticiones por parte de oposición y asociaciones memorialistas para exigir la devolución del pazo al pueblo gallego.