Congreso de los Diputados
El Congreso aprueba crear una ley para nombrar a los cargos de órganos reguladores de forma independiente
El Pleno del CongresoCongreso ha admitido a trámite este jueves la proposición de ley de CiudadanosCiudadanos con la que la formación naranja busca cambiar el sistema de elección de los órganos reguladores, mientras el Gobierno del PP, con el que pactó modificar estos procesos, ultima un proyecto de ley para impulsar esta misma reforma.
A favor de su tramitación han votado PP, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Compromís, EH-Bildu, UPN, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Foro Asturias. Únicamente el PNV ha rechazado admitirla a trámite, mientras que el PDeCAT y Esquerra Republicana han optado por abstenerse.
La iniciativa pretende reformar la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, una de las leyes anticorrupción de la legislatura de mayoría absoluta del PP, para modificar el sistema de elección de una serie de instituciones, según informa Europa Press.
En concreto, afecta a los miembros de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como a los presidentes del Consejo de Estado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Consejo Económico y Social (CES) y la Agencia EFE, y al director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Su propuesta pasa por crear una Comisión Independiente de Nombramientos del Estado, presidida por uno de los 33 magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo elegido por sorteo, que será la encargada de analizar la idoneidad de las propuestas de nombramientos que haga el Gobierno o que, si el Ejecutivo lo desea, asuma directamente el proceso de selección con capacidad para proponer hasta cinco aspirantes al cargo en cuestión.
Examinadores expertos elegidos por sorteo
Junto con el magistrado de la sala Tercera del Supremo estarán en esta comisión un consejero permanente del Consejo de Estado; el presidente de la Autoridad Fiscal (AIReF); un catedrático de Universidad con el número máximo de sexenios de investigación; una persona que haya desempeñado un puesto similar al que sea objeto de informe; y una persona que haya ejercicio el cargo de juez o abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); y un abogado y un letrado de las Cortes Generales, que actuará como secretario de la Comisión, con voz pero sin voto.
La independencia de esta comisión se basa en que, salvo el presidente de la Autoridad Fiscal, el resto de integrantes son elegidos por sorteo en su campo, y su mandato sólo sería de dos años.
Los candidatos que pasen el examen de esa comisión independiente deberán comparecer después en el Congreso, siguiendo el procedimiento habitual, para que emita su propio informe antes de proceder al nombramiento en Consejo de Ministros.
Economía ya prepara una reforma de los reguladores
La reforma del sistema de elección de los órganos reguladores es una de las medidas pactadas entre PP y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy. Asimismo, ambas formaciones acordaron reformar la estructura de los reguladores, disgregando la CNMC, y creando nuevas entidades de supervisión.
Competencia sólo recaudó en los últimos años el 3% de los 914 millones que impuso en multas
Ver más
De hecho, el Ministerio de Economía viene trabajando durante todo el año en un proyecto de ley con el que reordenar la arquitectura institucional de defensa de la competencia y la supervisión en el ámbito económico y financiero.
En principio, según la consulta pública lanzada por el Ministerio, está prevista la división en dos de la CNMC, la creación de dos organismos supervisores independientes de Seguros y Planes de Pensiones, y de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros y de los Inversores Financieros.
Asimismo, también se planteaba el cambio del modelo de elección para lograr un sistema con mayor meritocracia, más transparente y democrático, y asegurando la inexistencia de conflictos de interés.
