Los daños colaterales del 1-O en el Gobierno de Rajoy

Cargas policiales, cuando se dijo desde Moncloa por activa y por pasiva que no se iba a “regalar” esa imagen a los independentistas. Urnas y gente votando, cuando desde el Ejecutivo se aseguró que no iba a haber urnas. Descoordinación entre cuerpos policiales cuando se había nombrado un mando único… La gestión de los meses previos al 1-O y de lo ocurrido esa jornada en Cataluña deja, en el lado del Estado, daños colaterales a nivel político: una serie de casgos públicos desgastados por lo ocurrido.

Los más relevantes son la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría a quien el presidente Mariano Rajoy encomendó las relaciones con la Generalitat al arranque de esta legislatura; y el titular del Interior, Juan Ignacio Zoido, máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero también el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, que coordinó el operativo policial en Cataluña por orden judicial, y el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.

  Soraya Sáenz de Santamaría: hacia la reprobación

"La vicepresidenta no ha salido muy bien parada. La llamada operación diálogo no ha llegado a buen puerto", valora un dirigente territorial del PP. Cuando Mariano Rajoy nombró a su nuevo Gobierno tras casi un año ejerciendo en funciones, en círculos conservadores sorprendió que Soraya Sáenz de Santamaría dejase la portavocía. La vicetodo, como la apodaron en su día algunos de sus rivales internos en el PP por su acumulación de cargos, dejaba de ser la cara del Gobierno todos los viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para, manteniendo la Vicepresidencia y el Ministerio de la Presidencia, liderar el área de Administraciones Territoriales.

En clave de Gobierno, su nueva competencia tenía un objetivo: ser una especie de ministra para Cataluña en una legislatura en la que uno de los platos fuertes iba a ser el "desafío soberanista" y preparar el terreno con las comunidades autónomas para la pendiente reforma de la financiación autonómica. En clave de partido, sus compañeros interpretaron que con el área de Administraciones Territoriales iba a incrementar su presencia en diferentes comunidades y con ello podía aprovechar para tener más presencia en el partido. Una de las desventajas ante un eventual escenario de sucesión de Rajoy que le atribuyen en el partido es que no cuenta con apoyos en la estructura territorial del PP.

Es en este contexto en el que las fuentes consultadas interpretan que el Partido Socialista ha puesto el foco en ella. Y que haya sido la figura del Gobierno elegida para que se enfrente a una reprobación en el Congreso de los Diputados. La iniciativa no sólo ha irritado al partido del Gobierno por la "deslealtad y falta de responsabilidad" de Pedro Sánchez en este momento, sino incluso en sectores del PSOE. Cuando se ha llegado a especular con la posibilidad de que Rajoy acabe convocando elecciones generales, se intenta "quemar" a una de sus posibles sucesoras, analizan en la Moncloa.

Durante cierto tiempo, en el Gobierno se pensó que la buena sintonía existente entre Santamaría y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, era un buen síntoma para la marcha de esa Operación diálogo. Que el president Carles Puigdemont iba a dar un paso atrás e iba a reconsiderar sus planes independentistas. Pero el diagnóstico falló.

En defensa de Santamaría, algunos de sus compañeros de partido subrayan que quizá su intento de intermediación llegó demasiado tarde y que no sólo era cuestión de tender puentes políticos, sino que la sociedad ya estaba fracturada.

De prosperar la iniciativa del Partido Socialista, Santamaría sería el tercer miembro del Gobierno reprobado en esta legislatura. Le antecedieron Rafael Catalá, por la actuación del Ministerio de Justicia en las causas de corrupción que afectan al PP, y Cristóbal Montoro (Hacienda) por la amnistía fiscal inconstitucional.

  Juan Ignacio Zoido: las cargas policiales

Durante meses, desde el Gobierno se subrayó que los independentistas estaban buscando una imagen para legitimar el procés puertas afuera de nuestras fronteras: policías y guardias civiles cargando contra los ciudadanos. No la iban a tener, repetían. Un día después del 1-O, decenas de periódicos extranjeros llevaban a portada imágenes de violentas cargas policiales.

Incluso dentro del Gobierno culpan a Zoido de no haber tenido un plan B para actuar el 1-0. "Da la impresión de que siempre se fio de que los Mossos d'Esquadra iban a cumplir con su obligación impidiendo la entrada en los colegios", se queja un diputado.

El mismo 1-O, cuando muchas de esas imágenes habían corrido como la pólvora por las redes sociales, por los telediarios y por los diarios digitales, desde el Gobierno se respondió que la actuación policial había sido "proporcional y proporcionada" y que la actividad de Policía y Guardia Civil no estaba dirigida contra las personas, sino contra "el material" destinado a sostener el referéndum. Un día después, el propio Zoido no estaba muy afortunado lamentando "los heridos de uno y otro lado". Tampoco desplazándose a Sevilla, ciudad en la que fue alcalde, para participar en el acto de imposición de medallas policiales con motivo de la festividad del patrón de la Policía Nacional, en vez de acudir a Cataluña para visitar a los efectivos policiales allí desplazados. 

Casi de forma paralela, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles reclamaban al Gobierno que parara la "caza" al policía y que actuara para garantizar la integridad física de los agentes. Para entonces, algunos de los policías y guardias civiles desplazados a Cataluña habían sido increpados en los hoteles en los que estaban alojados y, en algunos casos, con invitaciones de desalojo por parte de los gerentes de las instalaciones. "Basta ya de escaqueos", defendieron los sindicatos policiales, "de fiestas del Día de la Policía, de palmadas en el hombro, de discursos, de tuits de peloteo, de ruedas de prensa, de servirse de lo público y no servir a lo público, de gastar 40.000 euros anuales por mosso y no equiparar nuestros sueldos".

No fue hasta el día 4 cuando Zoido viajó a Barcelona para desayunar con los policías en los barcos donde se encuentran alojados la mayoría.

  Diego Pérez de los Cobos: las lagunas del dispositivo

El pasado 22 de septiembre, la Fiscalía Superior de Cataluña dictó una instrucción destinada a Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra en la que facultaba al director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, bajo la coordinación del fiscal, como coordinador de los dispositivos de cara al 1-O. Ese puesto lo ocupa el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Y sobre él recaen ahora críticas similares a las vertidas contra Zoido: falta de coordinación y de previsión. 

Las críticas le han llegado de los propios agentes. La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, la AUGC, cuerpo del que De los Cobos forma parte, ha emitido un comunicado en el que entiende que, "tras la jornada del 1 de octubre, queda claro que el operativo confeccionado por Interior no ha sido eficaz y que el coronel Pérez de los Cobos no ha estado a la altura de las circunstancias".

Y añaden: "Otro tanto cabe indicar de las personas que le designaron para este cometido, el secretario de Estado de Seguridad y el ministro del Interior. Para llegar a esta conclusión basta con constatar cómo la gran cantidad de horas trabajadas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no surtieron efecto alguno, ya que, llegado el momento, aparecieron 10.000 urnas en más de 2.300 puntos de votación para convocar un acto sin garantías".

  Félix Sanz Roldán: las urnas que no se localizaron

El miércoles 20 de septiembre, el Gobierno daba prácticamente por desactivada la "logística" del 1-O con la incautación de papeletas y la detención de cargos públicos que estaban trabajando para hacer posible la consulta. Después llegaría la incautación de material censal en las sedes de Unipost en L'Hospitalet y Terrassa. Faltaban las urnas. Pero si los servicios de inteligencia no las habían localizado es que los independentistas iban de farol y tales urnas no existían, advertían en el Gobierno. Al mismo tiempo, se mostraban convencidos de que si había algún tipo de movimiento al respecto, iban a ser localizadas antes de poner rumbo a los colegios. Porque no iba a haber urnas.

Pero pasó el tiempo y el viernes, dos días antes de la consulta, el Govern presentó el prototipo. ¿Un nuevo farol? Y el domingo, urnas como las del prototipo fueron repartidas en los colegios en los que se acudió a votar. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo se le pasó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)? El departamento dirigido por Félix Sanz Roldán depende directamente de la Vicepresidencia del Gobierno.

En privado, las fuentes consultadas admiten su preocupación por los errores del CNI en este proceso en el que se movieron inadvertidas miles de urnas, lo que significa que estuvieron implicadas miles de personas sin que el CNI lograse obtener información de ninguna de ellas.

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Este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz Íñigo Méndez de Vigo, admitió que el Consejo de Seguridad Nacional no se reúne desde el mes de mayo. Y que, a día de hoy, no hay ninguna reunión prevista.

El Consejo de Seguridad Nacional es "el órgano al que corresponde asistir al presidente del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional", puede leerse en su página web.

Entre otros miembros del Gobierno, Rajoy y Félix Sanz Roldán, que tiene categoría de secretario de Estado, forman parte de este organismo.