La Guardia Civil sostiene ante la Audiencia Nacional que los Mossos incumplieron la orden de cerrar los colegios

El atestado que elaboró la Guardia Civil sobre los hechos ocurridos en Cataluña el pasado 1 de octubre durante el referéndum independentista, entregado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, acusa a los Mossos d'Esquadra de incumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)orden de clausurar los centros de votación y justifica que, por ese motivo, tuvieron que intervenir la Guardia Civil y la Policía Nacional.

"Se tiene conocimiento de que las instrucciones de coordinación que se establecieron, se decidió que serían los Mossos d'Esquadra los que, por tener la competencia de seguridad ciudadana, deberían clausurar los centros de votación previstos antes de que se iniciase la votación aludiendo al principio de oportunidad", explica el informe, al que ha tenido acceso Europa Press.

Sin embargo, el Instituto Armado afirma que, "ante el incumplimiento de los Mossos de la orden dada por el TSJC, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado —Policía Nacional y Guardia Civil— tuvieron que actuar sobre los puntos de votación para dar cumplimiento a la orden del tribunal".

La Guardia civil acusa, además, a los Mossos d'Esquadra de mantener en el mejor de los casos una "actitud pasiva" ante la concentración de un elevado número de personas frente a los centros en los que se desarrollaron las votaciones. En algunos casos, denuncian, los Mossos evitaron intervenir cuando los agentes eran agredidos "llegando incluso a increpar a algunos".

Hubo Mossos que llevaron urnas a los colegios

Según el atestado, de los vídeos e imágenes que ha analizado la Guardia Civil obtenidos de medios de comunicación o de "video aficionados" se concluye que los Mossos tuvieron una actitud el 1 de octubre "totalmente contraria a las órdenes" del TSJC, ya que "se puede ver cómo llevan ellos mismos en los vehículos policiales las urnas o incluso una pareja de Mossos accede al interior de un punto de votación sin intervenir las urnas ni impedir la misma".

Por ello, el Instituto Armado deduce en su informe que "no existía ninguna voluntad de cumplir con la orden" de la magistrada del TSJC y que, "siendo tan generalizada la actuación, debían existir órdenes que obligaran a los Mossos a no intervenir", unas "instrucciones o pautas de actuación derivadas de la cadena de mando y que encontrarían su último eslabón en el mayor Josep Lluis Trapero".

"Esa inacción flagrante de los Mossos no es arbitraria, sino que corresponde al papel que ese cuerpo policial juega en la estrategia hacia la independencia como brazo ejecutor de las tareas que le encomienda el comité estratégico", resalta el atestado en sus conclusiones.

Según añade, en las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil el día 1 "se puso claramente de manifiesto que la labor de los Mossos pasaba por no actuar y, en todo caso, llegar a obstaculizar la actuación de aquellas otras policías", lo que responde, a su juicio, a un "plan premeditado para evitar actuar y no podía más que proceder de la cúpula de los Mossos, comandada por Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico", es decir, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los presidentes de ANC y Ómnium.

ANC y Òmnium alentaban a la "masa"

La Guardia Civil también analiza en su informe la actuación de éstos dos últimos organismos, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, cuyos presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, han sido imputados por la juez Lamela en la causa abierta en la Audiencia Nacional por sedición.

El atestado acredita la "voluntad de organización y movilización" de las protestas que tuvieron lugar el día 20 de septiembre, con ocasión de los registros en varias sedes de la Generalitat, a cargo de ANC y Òmnium y también de sus presidentes "con el objeto de impedir el cumplimiento de los distintos tribunales".

El informe recuerda que, tal y como se ha podido ver en imágenes grabadas por los medios de comunicación, Sánchez y Cuixart participaron en dichas movilizaciones, dirigiéndose a los manifestantes y "alentando a la masa", así como llamando a concentrarse frente a la sede del TSJC e instando a la gente a acampar esa noche allí.

La Guardia Civil acredita en el atestado la movilización que venían haciendo ANC y Ómnium en internet desde el 28 de agosto, tanto en una página web como a través de un grupo de WhatsApp, todo ello "invitando a la movilización, participación en el referéndum, ocupación de vías públicas, pegada de carteles, etc". Además, el mismo 20 de septiembre se recibieron alertas a través de esos medios señalando que la Guardia Civil estaba realizando registros en edificios oficiales de la Generalitat.

Por todo ello, el Instituto Armado concluye que tanto ANC como Òmnium y sus presidentes convocaron a través de sus cuentas en Twitter a manifestantes a la sede de la Secretaría General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat "desde primeras horas de la mañana del día 20".

"Los mensajes con este fin se sucedieron durante horas, incluso una vez que estos organismos y sus representantes eran conscientes de que estaban entorpeciendo el cumplimiento de un mandato judicial. Mediante esa red social se informó también la llegada de avituallamiento para los allí congregados, influyendo de forma decisiva en la permanencia en el tiempo de la concentración", explica el informe.

Posibles directrices a Trapero

"No debe sorprender esa capacidad de tomar decisiones y de negociar hasta el punto ya no sólo de mantener contacto con el mayor de los Mossos, sino de posiblemente impartirle directrices e instrucciones de cómo se debía actuar", subraya.

La Guardia Civil no aprecia en los mensajes analizados que fueron enviados por Twitter ninguno "en el que se pida que no se violenten los vehículos oficiales ni que se facilitase la salida de la comisión judicial", razón por la cual los agentes no pudieron salir del edificio hasta las siete de la mañana del día siguiente.

En lo que respecta al comportamiento de ANC y Òmnium el 1 de octubre, el atestado acredita que tanto las dos organizaciones como sus presidentes utilizaron la misma red social "como medio para convocar a la población a mantener los lugares marcados como colegios electorales abiertos en los días previos" y animar el día del referéndum a "presentar resistencia a las actuaciones policiales".

"Los mensajes con este fin se sucedieron durante días con pleno conocimiento de que contravenían lo ordenado por los tribunales. La continuidad en el tiempo de estas llamadas, unida al poder de convocatoria de estos organismos, tuvo un papel decisivo en el mantenimiento de la resistencia", explica el informe.

Y aunque la Guardia Civil reconoce que se llamaba a una "resistencia pacífica", ésta "dificultó, cuando no impidió, la actuación de los cuerpos policiales", lo cual "puso en peligro tanto la integridad de los congregados como la de los miembros de los cuerpos policiales, tal y como quedó demostrado con los hechos acaecidos en los diferentes puntos de votación".

El cuerpo también relata en su informe la actitud de Jordi Cuixart y el tercer teniente de alcalde de Badalona, José Antonio Téllez, el 25 de septiembre, después de que la Guardia Urbana se incautara de carteles en apoyo del referéndum. Cuixart y Téllez "sustrajeron del interior del vehículo oficial todo el material intervenido, impidiendo las personas allí congregadas que los agentes pudieran recuperarlo".

Un informe policial acusa a los Mossos: en 41 centros donde dicen que impidieron votar el Govern recontó más 'síes' que censo

Ver más

135.632 euros en reparaciones de vehículos destrozados en Barcelona

El daño a los tres vehículos de la Guardia Civil destrozados por manifestantes el pasado 20 de septiembre frente a la sede del Departamento de Vicepresidencia de Economía y Hacienda de la Generalitat, cuando se produjo la detención de los responsables de la organización del referéndum de autodeterminación, asciende a 135.632 euros, según consta en las diligencias enviadas a la Audiencia Nacional.

En concreto, esta cifra es la suma de los presupuestos de reparación de los tres Nissan Patrol que acabaron cubiertos de pegatinas y dañados durante la concentración, que siguió al registro en esta sede de la Generalitat situada en la Rambla de Catalunya. Según el atestado de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional, la reparación de uno de los vehículos se cifró en 33.729,9 euros, otro en 34.708,51 euros, y el más afectado, en 67.193,51 euros.