Los jueces rechazan que el manifiesto de independencia tenga efectos jurídicos

Los partidos secesionistas dieron este martes un nuevo paso hacia la independencia de Cataluña. Una vez concluido el pleno del Parlament, los diputados de la mayoría absoluta que conforman Junts pel Sí y la CUP se reunieron en una sala anexa de la Cámara catalana y firmaron, uno a uno, un texto en el que, bajo el título "Declaración de los representantes de Cataluña", se declara constituida "la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social" y se da el pistoletazo de salida al "proceso constituyente". A pesar de la rúbrica, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya avisó durante su intervención en el Parlament que la declaración de independencia quedaría, temporalmente, en suspenso en aras de abrir un "diálogo con el Estado español". "El conflicto se puede resolver de forma serena y acordada", añadió el jefe del Ejecutivo catalán.

Así, "en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía", los parlamentarios suscribieron el texto como "los legítimos representantes del pueblo de Cataluña". El documento, sin embargo, no fue votado ni debatido en el pleno de la Cámara catalana, por lo que los diputados del resto de grupos parlamentarios no pudieron valorar el contenido del escrito. De hecho, en ningún momento de la sesión parlamentaria la mayoría independentista –72 escaños de un total de 135– propuso someter a votación en el hemiciclo la "Declaración de los representantes de Cataluña". Con todo esto sobre la mesa, cabe preguntarse: ¿Tiene el manifiesto de independencia firmado este martes a última hora de la tarde efectos jurídicos?

"Carece del más remoto efecto jurídico"

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que se está encargando del proceso abierto contra el president, el vicepresident –Oriol Junqueras– y todos los consellers del Govern, se ha pronunciado este miércoles al respecto. En un comunicado, la Sala de Gobierno del TSJC advirtió que "ni la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, suspendida por el Tribunal Constitucional, ni ninguna declaración formal o aformal, implícita o explícita de independencia despliegan efecto jurídico alguno". Una opinión que comparten las principales asociaciones de jueces. En conversación con infoLibre, Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) son claros: el manifiesto de independencia suscrito tras la sesión en el Parlament no tiene valor jurídico.

"Lo que se hizo fue, simplemente, una declaración programática que no tiene valor jurídico alguno", sostiene Raimundo Prado, portavoz de la AJFV. Coinciden con él sus homónimos de JpD y la APM, Ignacio González Vega y Celso Rodríguez, respectivamente. "Debe ser el Parlament el que declare la independencia por votación efectuada en sesión plenaria en la que participen todos los miembros de la Cámara", explica en conversación telefónica con este diario González Vega, añadiendo a renglón seguido que el texto "se firmó como si fuera un manifiesto". "No es más que un documento voluntarista que carece del más remoto efecto jurídico porque se firmó sin ningún mecanismo parlamentario que hubiera podido llevar a cabo su desarrollo, debate y votación en el Parlament", apostilla Rodríguez.

No obstante, la cara visible de la Asociación Profesional de la Magistratura asevera que el texto tampoco podría haber "desplegado efectos jurídicos" aunque se hubiese tramitado "de acuerdo con las formalidades reglamentarias". "Estaría viciado de origen porque iría en contra del orden constitucional y de las resoluciones del Tribunal Constitucional que suspendieron cualquier tipo de despliegue de eficacia jurídica de la Ley de transitoriedad o de cualquier norma que pueda conducir a la ruptura de la unidad de España consagrada en el artículo 2 [de la Carta Magna]. Por lo tanto, ningún acto que se mueva en esa órbita podría considerarse válido", completa en conversación con infoLibre el juez del colectivo conservador.

Con todo esto sobre la mesa, y a modo de resumen, los juristas señalan que "cualquier acto parlamentario" tiene efectos jurídicos siempre y cuando se sigan los procedimientos reglamentarios marcados y no estén viciados de origen "al ir en contra de un mandato constitucional o de una resolución expresa del Tribunal Constitucional". Incluso aquellos que puedan contravenir la Carta Magna: "En estos casos, en los que el TC no se haya pronunciado previamente, desplegarán efectos jurídicos mientras no sean impugnados mediante recurso de inconstitucionalidad ante el TC. En el caso de que se haya recurrido, tendrán efectos jurídicos hasta que el Constitucional decida suspenderlos cautelarmente o los declare inconstitucionales por sentencia", completan.

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Legítimos representantes del pueblo catalán

Otro de los aspectos que despiertan debate es la firma del escrito como "legítimos representantes del pueblo de Cataluña". En este punto, Raimundo Prado, de la asociación Francisco de Vitoria, apunta que efectivamente los "representantes legítimos del pueblo" son los diputados. Sin embargo, añade que lo son "dentro de unas competencias y dentro de un procedimiento" al que deben ajustarse, y esto es así "por lógica en cualquier Estado de Derecho". "Desde el punto de vista jurídico, sólo puede considerarse legítimo representante del pueblo una institución que funcione con normalidad. Un diputado, a título exclusivo, lo es en la medida que ha resultado elegido, pero nunca para, amparándose en ese estatus, promover, suscribir o impulsar actos contrarios a la Constitución. En ese caso, pierde por completo la legitimidad", asevera Rodríguez.

Con estas cartas sobre el tapete, surge una última cuestión: ¿Puede la firma de este documento ser constitutiva de un nuevo delito? El portavoz de la AJFV rechaza hacer declaraciones sobre este punto: "Respetamos los procedimientos que están abiertos". Por su parte, tanto González Vega como Celso Rodríguez no aprecian "nuevos delitos". "Consideramos que lo del martes es un hecho más dentro de la cadena de hechos de desobediencia que se han ido produciendo. En definitiva, no es que se haya cometido un nuevo delito, sino que lo sucedido podría enmarcarse dentro del conjunto de desobediencias al Tribunal Constitucional", sentencia la cara visible de la Asociación Profesional de la Magistratura, que rechaza pronunciarse más allá por respeto a las causas que están en tramitación y para evitar que su opinión pueda interpretarse "como una injerencia".