Los independentistas se aferran a una negociación imposible

Iniciar un diálogo "sin condiciones", pero asumiendo los resultados del referéndum como válidos para plantear que "hay una mayoría de catalanes que quiere hacer de Cataluña un Estado independiente". Esa es la propuesta que ofreció el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, apenas un día después de dar marcha atrás y no declarar formalmente la independencia en el Parlament. En una entrevista en CNN, Puigdemont afirmó que su Gobierno y el Ejecutivo central deben iniciar negociaciones, y propuso que, como primer paso, ambos deberían acordar la designación de un mediador, si bien el presidente Mariano Rajoy se niega tajantemente a acceder a esta iniciativa y, de hecho, ha preguntado formalmente a Puigdemont si ha proclamado la independencia como primer paso para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Puigdemont aseguró este martes que asume "el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república". Pero tras esa frase, que no estuvo acompañada por ninguna votación en el Parlament para declarar efectivamente la independencia, pidió suspender durante unas semanas la secesión para que se abra un diálogo con el Gobierno. Y en esa idea insistieron este miércoles tanto él como el PDeCAT y ERC en el Congreso de los Diputados, donde sus portavoces –Carles Campuzano y Joan Tardà, respectivamente– realizaron intervenciones duras pero que, a su vez, insistían en la mano tendida a Rajoy. El mandatario, sin embargo, mantuvo la postura que ha tenido en las últimas semanas: "No hay mediación posible con la ilegalidad".

En este sentido, en la entrevista que concedió Puigdemont a la cadena estadounidense CNN, el president de la Generalitat volvía a tender la mano al Gobierno para iniciar negociaciones, aunque señalaba que en ellas tendría que jugar un papel importante el resultado del 1-O, que el Ejecutivo no reconoce. "Estamos en un punto donde lo más importante es que no haya condición previa para sentarse y hablar, aceptar que tenemos que hablar, tenemos que hablar en las condiciones adecuadas", señaló Puigdemont.

Por ello, el president de la Generalitat concretó su propuesta en esa entrevista: la creación de una comisión bilateral entre el Gobierno español y el catalán que, en primer lugar, pacte una mediación externa para iniciar las negociaciones. "A lo mejor podría ayudar al diálogo que dos personas en representación del Gobierno español y dos personas en representación del Gobierno catalán pudieran ponerse de acuerdo en una sola cosa, como por ejemplo, el nombramiento de un mediador", sostuvo Puigdemont en la CNN.

En esa misma línea se expresaron los diputados del PDeCAT y ERC en el pleno que tuvo lugar este miércoles en el Congreso de los Diputados, en el que Rajoy rindió cuentas sobre la actuación del Gobierno durante el 1-O. "Señor Rajoy, negociación, mediación, y sepa que actuaremos en consecuencia", planteó el portavoz de los republicanos, Joan Tardà, que no obstante aseguró que los independentistas no tienen intención de dar "un paso atrás" en sus demandas, y tampoco de participar en la comisión para modernizar el modelo de Estado propuesta por el PSOE.

Su homólogo del PDeCAT, Carles Campuzano, apuntó por su parte que ésta es "la última oportunidad" para el diálogo y pidió a Rajoy que aproveche la "tremenda generosidad" y la "altura política" de Puigdemont. Aplicar el artículo 155 de la Constitución, valoró Campuzano, sería "un error mayúsculo", porque "a pesar de todo, hubo referéndum y hoy el mundo sabe que Cataluña se ha ganado el derecho a tener su propio Estado". Por ello, el portavoz del PDeCAT insistió en abrir un espacio de conversaciones y exigió, igualmente, que "se asuman responsabilidades políticas, que el ministro del Interior dimita y que se pida perdón".

"No hay mediación posible"

Pero el Gobierno no tiene intención de negociar nada con la Generalitat si no renuncia a la independencia y a aplicar los resultados del referéndum. De hecho, en el requerimiento por escrito que le envió este miércoles, Rajoy dio a Puigdemont un plazo de nueve días para que vuelva a la legalidad antes de que el Ejecutivo continúe con los trámites para aplicar el artículo 155 de la Constitución, y en su discurso ante el Congreso, el presidente del Gobierno advirtió que "no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad". 

"Es la respuesta que el señor Puigdemont dé a este requerimiento la que marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. En su mano está volver a la legalidad y restablecer la normalidad institucional, como todo el mundo le está pidiendo, o prolongar un periodo de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia en España", sostuvo en este sentido Rajoy, que incluso señaló que "basta" para que el Gobierno no aplique el artículo 155 con que "el señor Puigdemont dijera que no ha declarado la independencia".

Pero, hasta que eso no ocurra, Rajoy ni siquiera se plantea el diálogo, y de hecho afirmó que algunos de los partidos independentistas tampoco lo quieren realmente. "Ustedes no quieren dialogar, ustedes lo que quieren es imponer, que es lo que hicieron los días 6 y 7 de septiembre y el 1 de octubre", espetó el presidente del Gobierno a Tardà, en referencia a los polémicos plenos del Parlament de Cataluña en los que se aprobaron las leyes de Referéndum y Transitoriedad Jurídica y a la fecha en la que se celebró el referéndum.

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Su réplica dejó fríos a los diputados independentistas. Tardà afirmó que Rajoy ha perdido una "gran oportunidad" al optar por "enseñar el sable" en lugar de por "la palabra", y sostuvo irónicamente que el presidente del Gobierno ha mostrado su "talla" como estadista al adoptar un tono "políticamente amenazante" y una posición impropia de "personas con grandes responsabilidades". Campuzano, por su parte, afirmó que no es "ni prudente, ni sensato, ni responsable" responder a la oferta de diálogo de Puigdemont con la "amenaza" de aplicar el artículo 155.

Y también hubo palabras de ambos para el PSOE: mientras el portavoz del PDeCAT se limitó a señalar que "no va a ser posible dialogar sobre el modelo territorial con un Gobierno catalán suspendido", el de ERC fue mucho más duro y aseguró que, si Puigdemont es "detenido" y su gobierno "encarcelado", los socialistas serán "corresponsables" de esas decisiones. "El día en que quizás vengan a buscarnos espero que también vengan ustedes. No valdrá decir que el trabajo sucio lo haga la derecha porque ustedes han apoyado la respuesta autoritaria del PP", denunció Tardà.

Fuentes del bloque independentista consultadas por este diario asumen que esta situación de impasse durará "entre dos semanas y un mes", algo que el propio Tardà ya dejó entrever este miércoles en Twitter, donde calificó de "muy acertado" dar un plazo de cuatro semanas para las "posibles mediaciones". Según señalan estas fuentes, si el Gobierno no se aviniera a negociar durante este periodo, los independentistas se podrían apuntar igualmente un tanto ante la opinión pública internacional. Lo que, hoy por hoy, no está encima de la mesa, es la convocatoria de elecciones anticipadas: el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, lo descartó "del todo" este miércoles.