El futuro de Cataluña

El encarcelamiento de Sànchez y Cuixart divide el discurso del PSC y el PSOE en la semana decisiva del conflicto

Pedro Sánchez y Miquel Iceta durante una comparecencia ante los periodistas en Barcelona.

El encarcelamiento sin fianza de los líderes de la Assemblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, las dos principales organizaciones civiles impulsoras del referéndum del 1 de octubre, ordenado este lunes por la Audiencia Nacional para evitar una supuesta “tentación de huida”, ya se ha incorporado al memorial de agravios con el que el independentismo alimenta su afán secesionista y, al mismo tiempo, el relato de la opresión que está trasladando a la opinión pública internacional. La decisión judicial, en opinión de los socialistas catalanes, ha destruido el escenario de división en el que, aseguran, se habían adentrado los independentistas después de que, el pasado lunes, el president Carles Puigdemont defraudase a los partidarios de la proclamación de la república catalana al enviar a Mariano Rajoy una respuesta ambigua que, en la práctica, y al menos de cara al independentismo, significaba reconocer de hecho que no ha habido declaración de independencia.

La dirección del PSOE tampoco cree que el ingreso en prisión de los líderes civiles del independentismo ayude lo más mínimo a encontrar una solución que evite tener que utilizar el artículo 155 de la Constitución. Coincide con el PSC en el análisis: la decisión judicial no favorece ni a la paz social en Cataluña ni una salida negociada que, en cualquier caso, y a sólo 24 horas de que venza el plazo dado por Mariano Rajoy a Carles Puigdemont para que dé marcha atrás y vuelva a la legalidad constitucional, parece cada vez más improbable.

Pero la coincidencia con el PSC se ha quedado esta vez en el ámbito privado. Y nada más. De cara al público sólo ha trascendido una posición discrepante. Los socialistas catalanes han salido a criticar el encarcelamiento mientras sus compañeros del resto de España se limitaban a mostrar respeto por las decisiones judiciales.

La dirección del PSOE, bajo la batuta de Pedro Sánchez, evitó cuidadosamente cualquier declaración que pudiese ser interpretada como una crítica a los jueces. Ya lo hizo cuando un juzgado ordenó la detención de 14 personas, entre ellos el número dos del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, apenas unos días antes del referéndum del 1 de octubre, lo que provocó una movilización general del independentismo en las calles de las principales ciudades catalanas.

Sánchez, interrogado sobre este asunto durante su visita a Galicia, reiteró que cree “en la separación de poderes” y se negó a pronunciarse sobre la decisión de la jueza (“me guste más o me guste menos”, enfatizó). Pero también añadió: “Respeto y comprendo las opiniones que se puedan tener”, en referencia expresa al PSC. El secretario general del PSOE, que durante los últimos meses ha coordinado con Miquel Iceta todos y cada uno de los pasos que ha dado en relación con este conflicto, evitó expresamente desautorizar al líder socialista catalán. Y aunque han optado por callar —no pueden hacer otra cosa, aseguran en privado, por respeto a la independencia judicial— son muy conscientes de que la iniciativa de los tribunales no favorece la solución negociada que han estado defendiendo para reconducir el conflicto catalán.

Si el PSOE ha optado por la contención y la comprensión —lo hicieron también el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, y su secretario de Organización, José Luis Ábalos—, otra cosa es el PSC. Su dirección cree que el encarcelamiento ha dado al traste con un momento de debilidad en el independentismo, sometido a fuertes tensiones internas entre quienes reclaman una inmediata declaración de independencia y los que apuestan por reconducir la situación. La división los estaba “rompiendo”, en palabras de uno de los dirigentes consultados por infoLibre. El discurso de Puigdemont, cargado de ambigüedad, había decepcionado a los más radicales, y la respuesta del Gobierno, a través de Soraya Sáenz de Santamaría, había sido “milimétricamente” medida con el único objetivo de empujar la decisión final del lado de la legalidad.

“Una barbaridad”

“Era la mejor situación posible”, dadas las circunstancias, porque la unidad del independentismo estaba “en la UVI”. Eso se ha perdido por culpa de una decisión judicial que les permite recuperar apoyo popular y desplaza de nuevo el centro de gravedad del soberanismo a favor de los partidarios de la secesión, interpretan en el PSC. “Y eso nos obliga a entrar”, concluye la misma fuente, porque el ingreso en prisión de los líderes de ANC y Òmnium es pura y simplemente “una barbaridad”.

Y entrar a fondo es, precisamente, lo que han hecho durante todo el día los dirigentes socialistas catalanes, que no sólo han elevado el tono de sus críticas: hasta cinco diputados (Esther Niubó, Rosa Maria Ibarra, Marta Moreta, Carles Castillo y Alícia Romero) acudieron a una protesta encabezada por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en la que también participó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La reacción del PSC llegó nada más conocerse la decisión de la jueza que lleva la investigación que trata de establecer si Sánchez y Cuixart cometieron un delito de sedición por haber alentado las movilizaciones de protesta por las detenciones de septiembre. Su entrada en prisión fue considerada desproporcionada por una larga lista de dirigentes, empezando por el primer secretario del partido, Miquel Iceta, la influyente alcaldesa de L’Hospitalet, Nuria Marín, y el alcalde de Lleida y presidente del PSC, Àngel Ros. A ellos se fueron sumando a lo largo del día más de 120 alcaldes socialistas, incluida la regidora de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlon, con asiento en la ejecutiva de Pedro Sánchez, para quien los conflictos políticos “no se resuelven mandando a la cárcel a las personas que organizan manifestaciones: Todo este despropósito debe frenarse ya”, aseguró en una anotación en Twitter.

De grave error ha calificado el encarcelamiento el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Es una decisión poco inteligente que dificulta el diálogo institucional: “A prisión por ideología mientras algunos corruptos siguen libres”.

Borrell, dispuesto a ocupar un puesto simbólico en las candidaturas del PSC

Borrell, dispuesto a ocupar un puesto simbólico en las candidaturas del PSC

El grupo municipal del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona fue un poco más lejos y pidió directamente, a través de un comunicado, la puesta en libertad de los presidentes de ANC y Òmnium. “Reclamamos, desde el respeto al Estado de derecho, la revisión de esta decisión judicial. El encarcelamiento es, en su opinión, una “pésima noticia” para aquellos que defienden y creen en el diálogo porque la judicialización del conflicto va en contra de una solución que debe ser “dialogada y acordada” en el marco de las leyes democráticas.

También un paso más allá fue el alcalde de Granollers, Josep Mayoral, al pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El encarcelamiento ha sido una demostración “una vez más de la incapacidad del Gobierno del PP de resolver, desde la política, los problemas políticos”, indicó Mayoral.

En busca de mecanismos de diálogo que eviten la aplicación del artículo 155, una posibilidad que no gusta ni a los socialistas ni al Gobierno, porque dará lugar a un escenario complicado e incierto, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha enviado una carta al president Puigdemont en la que le pidió que reúna a los líderes de los partidos catalanes antes del jueves a las 10 horas, cuando expira el segundo plazo del requerimiento del Gobierno. El Parlament no ha celebrado sesión y esa reunión, sostiene Iceta, es la única posibilidad que queda a los partidos para trasladarle sus “respectivas opiniones sobre la respuesta al requerimiento” de Mariano Rajoy.

Más sobre este tema
stats