El futuro de Cataluña

La letra pequeña del 155: el Gobierno estudia qué competencias quita a Puigdemont

El Ejecutivo no confía en que el president de la Generalitat dé marcha atrás en su respuesta de este jueves, un plazo que expira a las 10.00 horas. Por ello, en las últimas horas debate, en contacto con PSOE y Ciudadanos, el alcance que tendría la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Uno de los asuntos clave es cómo afectaría éste a Carles Puigdemont. Las fuentes consultadas por infoLibre en el Gobierno y en el PP sostienen que hay dos opciones sobre la mesa: vaciar de competencias a la Presidencia de la Generalitat desde el minuto uno o hacerlo de "forma gradual". Cada uno de estos escenarios tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

La primera de las opciones lanzaría un mensaje "mas contundente", interpreta un diputado, pero "reduce" el margen para que Puigdemont rectifique a la par que el Senado empieza a tramitar el artículo 155. La misma fuente considera que a Rajoy no le costaría nada conseguir el apoyo de Ciudadanos en este sentido pero que el del Partido Socialista le costaría algo más.

La segunda de las opciones, por el contrario, tendría más coste para Mariano Rajoy, que lleva meses presionado por sectores de su partido y por la formación de Albert Rivera para que aplique el 155. Un coste "asumible", según señalan en su equipo, si esto implica que se da más margen a Puigdemont para que vaya gestionando dentro del bloque soberanista unas elecciones autonómicas.

Este mismo miércoles, desde la Presidencia del Gobierno se afanaron en trasladar a Puigdemont el mensaje de que la aplicación del 155 puede frenarse si convoca elecciones autonómicas. Lo que tiene que desechar de forma definitiva es una declaración unilateral de independencia. La respuesta del Govern no tardó en llegar: no a las elecciones. No se mueven de la oferta de "diálogo directo" con la que el president respondió el lunes al requerimiento de Rajoy en el que le demandaba que aclarase si había declarado o no la independencia. En todo caso, el equipo de Rajoy no da todavía la batalla por perdida. Fuentes independentistas insisten en que, la aplicación del 155, acercará una declaración de independencia por parte del Parlament.

Otro de los "inconvenientes" de la aplicación "gradual" del 155 a las funciones de Puigdemont sería que, cada nueva intervención de sus competencias, tendría que pasar por el Senado para recibir autorización por parte del Pleno. No es una cuestión de aritmética parlamentaria porque al Partido Popular, con mayoría absoluta en el Senado le salen las cuentas, sino de la dilatación de esta crisis en el tiempo. "Como en todo, habrá quienes crean que no hay tiempo que perder y quienes creen que, mientras se adoptan otro tipo de medidas, se puede esperar a ver cómo reacciona Puigdemont", señala un dirigente regional, que subraya que para asumir las competencias de un área del Govern no es indispensable quitar del cargo a los respectivos consejeros.

Junqueras sí sería sustituido

Pero si hay algo en lo que coinciden el grueso de las fuentes consultadas es en que es clave asumir las competencias de Oriol Junqueras, el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat.

El debate está en si ese control de las responsabilidades de Junqueras se hace de forma directa, sustituyéndole desde el Gobierno central, o si se ubica a alguien al frente sin una destitución formal. En todo caso, la persona que asumiría las riendas de la Hacienda catalana sería una persona de "perfil técnico".

En el Ejecutivo subrayan que las medidas de control de las cuentas de la Generalitat aprobadas el pasado septiembre ya son "contundentes". Pero avanzan que todavía se puede hacer más en este campo, por ejemplo en materia de organismos autónomos y recaudación.

Para el Gobierno es fundamental controlar que no se destinan fondos públicos a la creación de estructuras de Estado, de ahí que tengan puesto el foco en la Economía y la Hacienda catalanas.

Otra de las áreas que el Gobierno cree que debe estar bajo su control es la seguridad. La intervención de los Mossos tiene sentido, según mantienen, porque son estos agentes los que tienen en sus manos las competencias en materia de seguridad ciudadana.

Este miércoles han llegado a la Moncloa los últimos informes de los ministerios en los que se detallan cómo podrían gestionarse las competencias de cada departamento autonómico.

El calendario

El último de los plazos dados por el Gobierno a Puigdemont expira este jueves a las 10.00 de la mañana. A partir de ahí, se espera la respuesta del Gobierno.

El jueves por la tarde, Rajoy estaría en Bruselas, para participar en la reunión del Consejo Europeo. La cita se prolonga hasta el viernes. Así, si Puigdemont no responde al requerimiento anunciando una "vuelta a la legalidad" el presidente podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario antes de viajar o dejarlo para el sábado tras su regreso de Bruselas. Sea cuando sea la convocatoria, en ese Consejo de Ministros el Ejecutivo tendría que acordar las medidas concretas para Cataluña.

El Gobierno deberá proponer esas medidas al Senado, que tendría que reunir a la Mesa para que trasladase los trabajos a la Comisión General de Comunidades Autónomas o a otra creada a estos efectos. Las fuentes más optimistas consideran que a mediados de la semana próxima, podrían estar activadas las medidas. Otras creen que, teniendo en cuenta los plazos que dio el propio Gobierno a Puigdemont –8 días–, el Senado recurriría a plazos similares. Esto nos llevaría a la siguiente semana.

En un amplio sector del Gobierno se ha instalado la idea de que Puigdemont podría convocar autonómicas las próximas semanas, antes de que el Pleno del Senado debata las medidas concretas para la aplicación del 155. Fuentes independentistas niegan oficialmente esta posibilidad.

Más allá de la decisión que tome el president sobre unos comicios, el fin último del recurso al artículo 155 sería la convocatoria de elecciones. Entre los asuntos que Rajoy tiene que cerrar con Sánchez y Rivera está el de los plazos. No se trata de un asunto menor si se tiene en cuenta que la idea de Rivera es que han de convocarse comicios con carácter inmediato, algo que los conservadores ven, a día de hoy, "muy arriesgado".

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