El futuro de Cataluña

El Gobierno negocia con PSOE y C's el alcance y plazos de las medidas del artículo 155

Mariano Rajoy a su llegada a la reunión del Consejo de Europa en Bruselas.

Al Partido Popular le basta con su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, un trámite que en principio se activará este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario. Pero Mariano Rajoy no quiere dar un solo paso que haga que PSOE o Ciudadanos puedan descolgarse del acuerdo en el último minuto. Por ello, se seguirá negociando hasta el mismo sábado y no se descartan más reuniones entre Gobierno y PSOE, de un lado, y Gobierno y Ciudadanos, de otro. "A Rajoy se le ha criticado por no aplicar antes el 155. Pero siempre ha sabido lo que tenía entre manos y cómo actuar para preservar todas las garantías" defienden en el Ejecutivo.

Tras manejar informes en los que todos los ministerios han expuesto cómo podrían gestionarse las competencias de sus departamentos en Cataluña, el Gobierno está ya en la letra pequeña de la aplicación del 155. Esta habrá de concretarse en el Consejo de Ministros del sábado porque al Senado debe llegar una propuesta detallada para lo que en el Ejecutivo han definido como la "restauración de la autonomía" de esta comunidad. 

El Ejecutivo enfila la aprobación del paquete de medidas excepcionales para Cataluña con "solidez" en el bloque "constitucionalista", señalan. La respuesta de Puigdemont al segundo plazo del requerimiento del Gobierno provocó una reacción unánime de los socialistas y de la formación de Albert Rivera a favor de la activación del 155. De hecho, casi de forma paralela al comunicado del Gobierno en el que se anunciaba que el procedimiento continuaba tras la negativa de Carles Puigdemont a volver a la legalidad, la socialista Carmen Calvo se reunía con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para avanzar en el alcance y los plazos de las medidas del 155. Ciudadanos, defienden en la Moncloa, está igualmente al tanto de los avances.

Ninguno de los actores implicados en las negociaciones han querido entrar al detalle. Pero tanto desde el Partido Popular como desde el Partido Socialista hablan de "proporción", de "sensatez", de "responsabilidad" y de "máximo respeto a las leyes y a los plazos que estas marcan". De hecho, de estos dos partidos partió el miércoles, a un día de que expirara el plazo dado por Rajoy a Puigdemont, la advertencia al president de que estaba a tiempo de frenar la activación del 155 si convocaba elecciones autonómicas. El Govern respondió que no estaba en sus planes. 

Una intervención "breve" y "limitada"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, señaló este jueves en la sede de Ferraz que su formación es partidaria del 155 con la condición de que la intervención del Estado en Cataluña sea "lo más breve posible" en el tiempo y "muy limitada".

Mientras, en los últimos días, han aflorado dos sensibilidades diferentes al respecto en las filas conservadoras: los partidarios de aplicar el 155 de forma global y los partidarios de hacerlo de forma gradual. Poco sacó de dudas el coordinador general del PP en rueda de prensa. "Prefiero no entrar en ese tipo de consideraciones", sostuvo Fernando Martínez-Maillo al tiempo que pedía un "margen de confianza y apoyo al Gobierno" en medio de este "desafío". "Hay unos plazos que son ineludibles. Lo tiene que hacer con todas las garantías", dijo.

Las declaraciones de socialistas y conservadores de los últimos días conducen a concluir, a las fuentes consultadas por infoLibre, que Rajoy podría decantarse por una intervención limitada que se puede ir graduando en el tiempo. La finalidad sería la celebración de unas elecciones. Una finalidad que debería ir precisada en el escrito que el Gobierno traslade al Senado.

El artículo 189 del reglamento de la Cámara alta refleja que si el Gobierno quiere activar el artículo 155 de la Constitución "deberá presentar ante el presidente de la Cámara escrito en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de haberse realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y la de su incumplimiento por parte de ésta".

La duda está en hasta qué punto concretaría el Gobierno el periodo de tiempo durante el que se extiende la aplicación de las medidas. Las fuentes consultadas creen que "un plazo razonable" serían seis meses, lo que llevaría las elecciones a 2018. Pero también cabe la posibilidad de que el texto se limite a una expresión genérica que refleje que las medidas excepcionales estarían vigentes mientras duren las circunstancias que condujeron a aplicar el 155. Ligada a esta duda está la de si el escrito que reciba el Senado contemplará un calendario para la convocatoria electoral.

En este último punto no hay unanimidad en el bloque PP-PSOE-C's. Mientras la formación de Albert Rivera quiere elecciones inmediatas, los socialistas creen que deben celebrarse "cuanto antes". El partido del Gobierno, por su parte, cree que a día de hoy no se dan las circunstancias para que, si no lo hace Puigdemont, se llame a votar a los catalanes. El clima social, esgrimen, no es el más propicio. Defienden que sería bueno que pasase algo de tiempo para "destensar".

Hasta la fecha, desde el Gobierno se ha argumentado que una "aplicación selectiva" del 155 implicaría el control de Economía e InteriorEconomía e Interior (los Mossos d'Esquadra) como punto de partida. En principio, este planteamiento contaría con el apoyo del PSOE.

El papel del Senado

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La Mesa del Senado, previsiblemente el mismo sábado, remitirá el escrito y documentación del Gobierno a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, o bien procederá a constituir una Comisión conjunta. Las fuentes consultadas se decantan más por esta segunda opción. 

La comisión que se encargue del trámite "requerirá al presidente de la Comunidad Autónoma para que en el plazo que se fije remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes y para que designe, si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos", señala el reglamento. En principio, el pleno no se prevé hasta el 30 o 31 de octubre, por lo que Puigdemont seguiría teniendo tiempo de dar marcha atrás y convocar elecciones. El problema para el Gobierno se plantearía si esa convocatoria va precedida de una declaración unilateral de independencia, porque ello conllevaría probablemente una actuación judicial.

Transcurrido el plazo, "la Comisión formulará propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas" y de ahí pasaría a pleno, donde para que salga adelante precisa del voto de la mayoría absoluta de los senadores.

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