El futuro de Cataluña

Los independentistas intentarán deslegitimar las autonómicas o convertirlas en un plebiscito sobre el 155

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, hace unos días.

Este sábado el Gobierno prevé aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y, aunque aún no está decidida la fecha, es muy probable que se convoquen elecciones autonómicas en los primeros meses de 2018. El independentismo se encuentra ante la disyuntiva de qué hacer si se celebran estos comicios, y hoy por hoy, la opción que se baraja con más fuerza es que los partidos secesionistas los planteen como un plebiscito sobre el 155 y la independencia. No obstante, también está encima de la mesa la posibilidad de que los independentistas boicoteen las elecciones no presentándose, algo que, además, también podría generar problemas para organizarlas y llevarlas a cabo, según temen PP y PSOE.

Este viernes por la mañana, la exministra y actual secretaria socialista de Igualdad, Carmen Calvo, anunciaba que el PSOE y el Gobierno habían alcanzado el acuerdo de convocar elecciones autonómicas en Cataluña en enero, apenas dos meses después de la fecha en la que se prevé –aproximadamente– el inicio de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Horas más tarde, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desmentía que hubiera ya una decisión tomada al respecto, aunque confirmaba que ya había pactado con los socialistas las medidas concretas a adoptar. "No está determinado" un límite temporal en la aplicación de las iniciativas derivadas del 155, aseguró Rajoy.

En este sentido, fuentes de las negociaciones afirman que, mientras el PSOE quiere que las elecciones sean en enero, el Gobierno apuesta por dilatar algo más la intervención en Cataluña y convocarlas para abril. Pero lo que parece claro es que esos comicios se celebrarán, y ante ello los independentistas tienen tres opciones: no presentarse y tratar así de deslegitimar al nuevo Parlament salido de las urnas, que sólo contaría con partidos no independentistas; presentarse por separado; o pactar un programa común  y que ERC y el PDeCAT repitiesen la coalición Junts pel Sí, algo que parecía lejano hace unas semanas pero que las fuentes consultadas no consideran ahora nada descabellado.

"Si las elecciones son convocadas por el Gobierno español a través del artículo 155 de la Constitución, crecen mucho las posibilidades de que los independentistas fuéramos juntos", sostiene un dirigente del PDeCAT en referencia a su propio partido y a ERC. "Esta opción hace unas semanas no se planteaba, pero lo que ha pasado en los últimos días la ha revitalizado", explican estas fuentes, que sostienen que el único punto del programa conjunto "sería la independencia". Es decir, se tomarían las elecciones como un referéndum, algo similar a lo que ya ocurrió con las autonómicas de 2015, que los independentistas calificaron de "plebiscitarias".

Lo más probable es que esta lista única, en el caso de producirse, estuviera liderada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, cuyo partido encabeza con holgura todas las encuestas en Cataluña. De hecho, asegura un dirigente del PDeCAT, a los propios conservadores catalanes tampoco les vendría mal que fuera Junqueras quien encabezase la candidatura, ya que interpretan que el escenario que se abrirá tras las elecciones será complicado de gestionar y sostienen que, además, dejar de liderar el gobierno daría tiempo al PDeCAT para terminar de cerrar su renovación interna, tras la refundación que sufrió a mediados de 2016, en la que el partido abandonó el nombre de Convergència Democràtica de Catalunya salpicado por diversos escándalos de corrupción.

No obstante, las fuentes consultadas prácticamente descartan que la CUP pudiera unirse a este frente unitario secesionista. Los anticapitalistas, afirman fuentes de la formación, tienen casi decidido que no participarían en unas elecciones autonómicas que convocase el Gobierno de la Generalitat, es decir, en unos comicios autonómicos no forzados por el 155 convocados por el president Carles Puigdemont. "Nosotros creemos que ya no estamos en una fase autonómica, y por ello no reconoceríamos unas elecciones convocadas bajo el marco autonómico por el Govern", razona un dirigente, que no obstante considera poco probable este escenario. Pero no está tan claro si la CUP concurriría a unos comicios convocados por el Estado, y si lo haría por separado o junto al PDeCAT y ERC.

El boicot preocupa a PP y PSOE

Un dirigente de la formación anticapitalista se muestra cauto y afirma que tendrían que tomar la decisión en asamblea, si bien señala que mucha gente dentro de la CUP piensa que "no todas las sumas suman", es decir, que parte de su electorado no aceptaría que los anticapitalistas compartieran lista con las otras dos grandes formaciones independentistas. En este sentido, Benet Salellas, diputado de la CUP en el Parlament, afirmó este viernes que su partido aún no tiene decidido si se presentaría a unos comicios convocados a través del artículo 155, si bien aseguró que estas elecciones se celebrarían con "programas intervenidos y listas ilegalizadas" y que, por lo tanto, la CUP tendría que valorar "si hay suficientes garantías democráticas".

Y es que la opción de que el independentismo boicotee unos eventuales comicios también está sobre la mesa, aunque ahora mismo parece tener menos apoyos. "A mí me parece bastante inconcebible que nosotros no nos presentásemos a las elecciones, y lo mismo ERC", valora un dirigente del PDeCAT, que sostiene que su electorado es "muy pragmático" y duda de que un boicot de su partido se tradujese en la abstención de todos sus votantes. "Si nosotros no nos presentásemos, el electorado votaría a alguna otra opción, pero dudo que se quedasen en casa", apunta.

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Sin embargo, pese a estas reservas, al Gobierno central y al PSOE les preocupa un posible boicot de los independentistas a las elecciones. Así lo admiten fuentes de las negociaciones, que explican que el problema no es sólo que el Parlament resultante no contaría con los independentistas y que eso haría descender notablemente la participación en los comicios, sino que también podría haber problemas incluso para organizar la votación. Y es que la apertura de los colegios electorales o la gestión de algunos de los trámites para celebrar las elecciones corre por cuenta de los ayuntamientos, que en su mayoría están gobernados por alcaldes de los partidos independentistas. Y, si estos se propusieran boicotear las elecciones, el Estado se vería en un serio apuro para garantizar el derecho al voto.

Pero, antes de enfrentarse a un escenario de elecciones, los independentistas tienen que decidir qué hacer con la declaración unilateral de independencia. El próximo lunes está convocada una reunión de la Mesa del Parlament, y aunque parece seguro que se celebrará un pleno la próxima semana, la CUP difiere de Junts pel Sí sobre el día concreto en el que debe tener lugar y sobre cuál debe ser su formato. Los anticapitalistas abogan por convocar al Parlament a principios de semana y declarar unilateralmente la independencia sin esperar a que el Estado aplique de manera efectiva el 155, mientras Junts pel Sí tiene la idea contraria y piensa que sólo debe declararse la independencia como reacción a la decisión del Estado.

Si finalmente se declara la República Catalana la semana que viene, fuentes del sector independentista más proclive a la confrontación con el Estado apuestan por acompañar esa acción con protestas y actuaciones como la de este viernes, cuando Òmnium Cultural llamó a retirar dinero de los bancos. Los sectores más moderados se han distanciado de esta acción: mientras la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, pidió que "con su dinero cada uno haga lo que quiera", el conseller de Empresa, Santi Vila, aseguró que "tensionar los bancos o las dinámicas de boicot comercial no son la mejor manera de hacerse oír" y tachó de "autogol" la actitud.

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