El número dos de González en el Canal calificó de "altamente irregular" la operación por la que se investiga a Gallardón en 'Lezo'

Ildefonso de Miguel, durante años factótum de Ignacio González en el Canal de Isabel II y ahora en libertad bajo fianza, lanzó ante la Guardia Civil un ataque directo a la compra millonaria y según el juez "fraudulenta" por la que desde enero se investiga a Alberto Ruiz-Gallardón en el caso Lezo. En su declaración ante la UCO, fechada el 24 de abril y a la que ha tenido acceso infoLibre, De Miguel calificó como "altamente irregular" la adquisición de la empresa colombiana Inassa en 2001 por 90 millones de dólares –unos 80 millones de euros al cambio– diez veces más de lo que, según sus datos, realmente valía. 

El 19 de enero, la Audiencia Nacional dio la razón a la Fiscalía en su pretensión de que el procedimiento penal se dirigiera también contra "los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid" que "propusieron y adoptaron el acuerdo" previo a la compra de Inassa. Y el máximo responsable de aquel Gobierno era el entonces presidente regional, luego alcalde de la capital y finalmente ministro de Justicia en el primer gabinete de Mariano Rajoy. Eso implica que desde aquel exacto momento Gallardón se encuadra formalmente en el grupo de investigados, y así lo confirman fuentes conocedoras del caso. Pero el hecho de que el citado auto, dictado por la sección cuarta de la Audiencia, no contenga una relación nominal de las nuevas imputaciones, sumado a que todavía no hay fecha para su interrogatorio judicial, le ha situado en un terreno pantanoso y de fronteras difusas.

Durante el interrogatorio de abril, De Miguel, que no confesó nada que pudiera incriminarle en la larga lista de delitos investigados, disparó un segundo misil pero este de muy diferente tenor. El exgerente del Canal de Isabel II se reconoció autor de una grabación que, según sus propias palabras, intervino la Guardia Civil durante el registro a su despacho y donde un empresario con el que se reunió "a solicitud del señor Bárcenas" le ofrece en 2008 hacer pagos al PP a cambio de lograr contratos.

Ese es el episodio sobre el que gira una conversación grabada a Ignacio González y en la que relataba a Eduardo Zaplana cómo tras acabar en manos de Julio Ariza, cabeza visible de Intereconomía, esa cinta se había utilizado para "chantajear" a Rajoy, extremo que Moncloa niega de manera tajante. De Miguel admitió ante la Guardia Civil que fue él mismo quien la grabó –una cinta de audio, dijo, no de vídeo– y que, tras comunicárselo a Ignacio González, entregó la cinta a Ariza. Supuestamente, "para que la custodiara". Este diario omite el nombre del empresario que, según De Miguel, hizo aquel ofrecimiento dado que ni ha podido localizarlo para recabar su versión ni figura entre los investigados en la causa.

"Su valoración real desaconsejaba la compra"

Gerente del Canal desde 2003 y hasta que en 2009 se dedicó a sus negocios para de inmediato obtener cuantiosas adjudicaciones y ayudas públicas, Ildefonso de Miguel abundó durante su declaración ante la UCO en que el precio abonado por Inassa no pudo obedecer en ningún caso a "razones de eficiencia económica" aunque dijo ignorar si se había producido un desvío de fondos o si alguien se había beneficiado de la transacción. "No son razones de eficiencia económica ya que la situación de esa empresa y su valoración real desaconsejaban su compra". En 2003, insistió De Miguel, "el valor de Inassa sería de unos ocho o nueve millones de dólares". "Existía –reiteró en otro momento– un informe de Garrigues que desaconsejaba la compra, un informe demoledor".

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Había un segundo informe, este elaborado por el bufete Cuatrecasas e igualmente demoledor. Su contenido fue elaborado y fechado en junio de 2004 para el "exclusivo interés" –literal– de Ignacio González. El entonces vicepresidente madrileño y delfín de Esperanza Aguirre lo guardó en un cajón y lo ocultó, como él mismo se vanaglorió en otra de las conversaciones interceptadas por la UCO y donde carga contra la actual jefa del Ejecutivo madrileño, Cristina Cifuentes, por haber denunciado la segunda compra latinoamericana del Canal que los investigadores de Lezo tienen bajo el foco: la de la empresa brasileña Emissao, efectuada en 2013.

De Miguel no es el único miembro del equipo de Ignacio González que ha atacado abiertamente la compra de Inassa. Según el diario El Mundo, su hombre fuerte en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, arremetió contra la compra de Inassa en su declaración ante el juez Eloy Velasco, primer instructor del caso. Y lo hizo también señalando a Gallardón y su equipo.