Puigdemont señala en sus alegaciones que el Senado no puede “dar un cheque en blanco” al Gobierno para actuar en Cataluña

Tres minutos después de la hora del requerimiento, a las 10.03 horas de esta mañana, el Senado recibió las alegaciones del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, relacionadas con la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución. Si no hay cambios de última hora, será aprobado por el Pleno del Senado este viernes.

Puigdemont, que ha rechazado acudir a la Cámara para fijar su posición, designa a Ferran Mascarell, “delegado del Gobierno de la Generalitat en Madrid” para que asuma su representación. Y acusa al Gobierno de "sobrepasar ampliamente los límites del 155" con el acuerdo del Consejo de Ministros del sábado pasado.

Según señala el president, el artículo 155 "requiere para su aplicación la observancia de unas garantías formales y procedimentales, como es la formulación de un requerimiento previo y la aprobación por el Senado de las medidas a adoptar". "Pero el entendimiento conjunto de sus dos apartados indica que el Senado al autorizar la adopción de las medidas, no puede dar un cheque en blanco al Gobierno del Estado, y que la ejecución de esas medidas sólo permite al Gobierno del Estado dar instrucciones a las autoridades autonómicas".

El president sostiene que el artículo 155 en su apartado 2 "reconduce" la ejecución de las medidas previstas en el primero "a que el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma, lo que resulta incompatible con destituirlas, ocupar su lugar y sustituirlas en el ejercicio de todas las funciones que constitucionalmente les corresponden".

Este sentido, considera que este precepto constitucional "es un precepto previsto para situaciones extraordinarias, pero no un cláusula de plenos poderes en manos del Gobierno del Estado". Y que, además de reconocer la unidad de España, "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.

A juicio de Puigdemont, el 155 de la Constitución no puede entrar en colisión con otros artículos, como el 137, que "reconoce la autonomía de las comunidades autónomas para la gestión de sus respectivos intereses". O el 152, "que fija la organización institucional de las comunidades autónomas basada en una asamblea legislativa elegida por sufragio universal, con un consejo de gobierno y un presidente, elegido por la asamblea entre sus miembros, nombrado por el rey y al que corresponde la dirección del consejo de gobierno".

Tras hacer un repaso de las medidas que figuran en el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado sábado, el president concluye que "el alcance de las medidas propuestas por el Gobierno del Estado va más allá del concepto de 'medidas necesarias', puesto que tiene como directa e inmediata consecuencia desposeer al pueblo de Cataluña de sus instituciones -Parlamento y Gobierno-".

También se queja de que las medidas quieran aplicarse "por un plazo de tiempo incierto".

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Un 155 duro

El Gobierno de Mariano Rajoy, reunido en un Consejo de Ministros extraordinario el pasado sábado, acordó solicitar al Senado la destitución del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de todo su Ejecutivo, cuyas funciones serán asumidas por los ministerios "a lo largo del plazo que dure esta situación excepcional".

Además, se pretenden adoptar medidas especiales en materia de Interior, Economía y Hacienda y Telecomunicaciones.