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'Operación Lezo'

El Gobierno de Cifuentes justifica que dos imputados del Canal por 'Lezo' cobraran durante medio año sin trabajar

  • El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, asegura que han tardado seis meses en despedir a dos directivos de la empresa pública imputados en abril para actuar "conforme a la norma y la legalidad"
  • María Fernanda Richmond y Adrián Martín han estado, desde su imputación, suspendidos de empleo pero no de sueldo y se han embolsado 30.000 y 43.000 euros, respectivamente

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Publicada el 27/10/2017 a las 16:58 Actualizada el 27/10/2017 a las 16:59
Canal de Isabel II.

Canal de Isabel II.

E.P.
El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, ha asegurado este viernes que han tardado seis meses en despedir a dos directivos de la empresa pública imputados en abril en el caso Lezo para esperar a la resolución del expediente disciplinario y actuar así "conforme a la norma y la legalidad", ha informado Europa Press.

El Consejo de Administración del Canal aprobó este miércoles despedir sin indemnización a los exdirectivos María Fernanda Richmond y Adrián Martín, investigados en el marco del caso Lezo y con los que hasta el momento la empresa de aguas pública mantenía una relación contractual y, además, pagaba los servicios jurídicos a través de las pólizas. Los dos fueron citados el pasado viernes en la comisión de investigación de la Asamblea y se negaron a responder a los diputados.

Este viernes la Cadena Ser ha informado de que, durante estos seis meses, los dos exdirectivos estuvieron suspendidos de empleo pero no de sueldo, es decir, cobrando del Canal pero sin trabajar. En concreto, Richmond habría cobrado en ese periodo cerca de 30.000 euros brutos y Martín cerca de 43.000 euros brutos.

Por otro lado, en la misma reunión del miércoles y según han confirmado a Europa Press fuentes del Canal, se decidió suspender de empleo y sueldo durante un plazo de tres meses al exdirector de Recursos Humanos Fernando Cevallos, después de que en mayo se abriera un expediente para abordar su caso.

Ángel Garrido ha explicado este viernes, tras la reunión del Observatorio regional sobre Violencia de Género, que en los tres casos se trata de trabajadores "que tienen derechos laborales, un convenio que los ampara y que obligaba a establecer un expediente disciplinario para determinar cuáles eran las medidas a tomar sobre ellos".

"Una vez que el expediente disciplinario se ha completado, se ha presentado ante el Consejo de Administración del Canal. Lo podía haber resuelto yo, porque la facultad la tiene el presidente, pero por transparencia queremos que llegue al Consejo", ha indicado.

Así, por unanimidad se procedió en los dos casos el despido procedente disciplinario, y en otro caso, tres meses de sanción. "Por lo tanto, queremos hacer las cosas conforme a la norma y la legalidad, nos da seguridad jurídica y coherencia a las decisiones. Vamos a actuar desde el Canal en esa línea, que va dando resultado", ha esgrimido.

El consejero ha explicado que durante estos meses un despacho de abogados se ha encargado de analizar las actuaciones de estas tres personas en los documentos entregados al juez del caso y las noticias aparecidas en los medios. "Y han determinado que las actuaciones que han llevado estas personas eran motivo suficiente para la sanción máxima, que es el despido, y han concluido que en dos casos sean así", ha sentenciado.

Respeto a las normas

Por otro lado, la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, también ha defendido que se haya destituido a los exdirectivos seis meses después de su imputación en el caso Lezo el pasado abril, por "respeto a los procedimientos y a las normas".

En declaraciones a los medios durante su visita a la Madrid Gaming Experience, en Ifema, recogidas por Europa Press, ha explicado que en "los procedimientos, tanto legales como disciplinarios, hay unas garantías" y ha afirmado que no se pueden obviar.

"Yo no puedo llegar a un sitio y decir: 'Ante estas pruebas tú te vas'. Hay unos procedimientos rigurosos que seguir y eso es lo que conforma el Estado de derecho y lo que da garantías tanto a las empresas como a los trabajadores", ha subrayado.

En la misma línea, ha defendido la actuación de la Comunidad y ha asegurado que se ha actuado "como siempre hay que actuar". "Desde la prudencia y desde el respeto a los procedimientos y el respeto a las normas. No se puede hacer de otra manera. Se han dado las garantías a los trabajadores y a la empresa y entonces se ha tomado la decisión cuando jurídicamente y en el marco del procedimiento se puede tomar, y esto hay que hacerlo así", ha recalcado.

Por último, ha recordado que el Canal de Isabel II es "una gran empresa" y ha indicado que es la que suministra el agua en toda la Comunidad de Madrid "con gran calidad" y que genera beneficios todos los años. "Evidentemente, si ha habido gente que lo ha hecho mal se han respetado todas las garantías, pero evidentemente hay que tomar medidas porque las cosas hay que hacerlas bien", ha concluido.
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