La jueza envía a prisión a Junqueras y siete exconsellers por riesgo de fuga y de reiteración delictiva

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado este jueves, tal y como le había solicitado la Fiscalía, el ingreso en prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros, investigados por delito de rebelión, ante alto riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Sobre este último punto recuerda en su auto que hay algunos querellados –en referencia al presidente cesado Carles Puigdemont– que no han atendido a la citación.

El único que podrá eludir esta medida cautelar será el exresponsable de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, para quien se ha fijado una fianza de 50.000 euros. De momento, entra en prisión.

En su auto, de 19 páginas, la juez señala que "no puede olvidarse el poder adquisitivo" de los consejeros cesados para los que ha adoptado esta medida cautelar porque les permite "abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero".

En este punto recuerda el hecho de que algunos querellados ya se han desplazados a otros países "eludiendo las responsabilidades penales" en las que puedan haber incurrido, en clara referencia aunque sin citarle a Puigdemont y otros cuatro consejeros que permanecen en Bruselas.

La juez considera su decisión "adecuada, razonable y proporcionada" y acuerda prisión sin fianza para exvicpresidente Oriol Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior), Raúl Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia) y Dolors Bassa (Trabajo).

En primer lugar la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 destaca la gravedad de los delitos que se imputa al gobierno cesado (rebelión, sedición y malversación de caudales públicos) y de las penas que lleva aparejadas. "Teniendo en cuenta que, a mayor gravedad de los hechos y la pena, más intensa cabe presumir la tentación de la huida", reza el auto.

Así, recuerda que los exconsejeros se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por delito de rebelión, quince por sedición y ocho años por delito de malversación, que puede elevarse incluso a diez en caso de que se haya producido falseamiento de la contabilidad. Para Lamela cobra "especial importancia el papel de todos los querellados desde sus cargos públicos sin los cuáles el proceso independentista no hubiera podido impulsarse".

"Acción meditada y perfectamente preparada"

El auto de prisión añade que la acción del gobierno de Cataluña cesado el pasado 27 de octubre "fue meditada y perfectamente preparada y organizada" y que durante más de dos años ha venido incumpliendo de forma sistemática las resoluciones del Tribunal Constitucional "en pro de la independencia".

En este punto se refiere a Turull y Forn –que accedieron a sus respectivas consejerías el 14 de julio de 2017– y apunta que "no puede desconocerse la multitud de actuaciones que en el desarrollo del proceso independentista" han llevado a cabo desde entonces. Matiza, en todo caso, que todos ellos jugaron "un papel activo impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudiera desviarles de su finalidad".

Además, la magistrada añade que los investigados vienen operando "dentro de un grupo perfectamente organizado de personas" apoyados por asociaciones soberanistas "con poder y capacidad para auxiliarles de la Justicia" y que actúan como "brazo civil del levantamiento". Algunos de ellos recuerda, pertenecen a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, "que ha jugado un papel decisivo en el proceso". Por su implicación en estos hechos se encuentran en prisión por orden de esta misma juez Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los líderes de las dos asociaciones.

Por otro lado, Lamela considera que existe alto riesgo de reiteración delictiva teniendo en cuenta que todas las actividades investigadas "se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años" con excepción de los dos consejeros antes mencionados.

En cuanto a las alegaciones de las defensas de que no han tenido tiempo suficiente para estudiar la querella, la magistrada dice que ninguno de estos abogados ha solicitado la suspensión de las declaraciones de este jueves "con excepción de Vila". Añade que la ley permite al procesado declarar cuantas veces quiera, por lo que no considera que se haya producido indefensión alguna.

Al igual que expuso cuando admitió a trámite la querella de la Fiscalía, Lamela recuerda la existencia de un documento denominado EnfoCATs que establecía una hoja de ruta para alcanzar la independencia de Cataluña así como el papel que debería jugar los actores en el mismo.

Respecto a Rull dice que puso de manifiesto el "rechazo institucional" al contingente policial desplazado a Cataluña. De Bassa expone que efectuó un comunicado desde el Departamento de Trabajo que dirigía alentando a la convocatoria de huelga del pasado mes de octubre, mientras que de Borràs dice que adoptó "medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum"; de ahí el delito de malversación.

Alentaron la insurreción pública

También alude que en ejecución de dicho plan los investigados "se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado ocupando, al efecto, carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un "incesante acoso".

En este contexto la magistrada de la Audiencia Nacional apunta a la actuación del presidente de la Generalitat cesado quien, de cara a poder celebrar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, remitió una carta a los alcaldes de Cataluña pidiéndoles que pusieran a disposición locales municipales para la celebración del referéndum. Algunos ediles desatendieron la solicitud, lo que motivó que dos días después, y acompañado por Jordi Sànchez (ANC) hiciera un llamamiento al enfrentamiento contra estos.

Destacable también es, a juicio de Lamela, el llamamiento a la huelga general del pasado 3 de octubre "que nada tuvo que ver con una reclamación de derechos o mejora de las condiciones laborales", sino que "todo era a favor del proceso independentista". Recuerda también que se impusieron "actitudes de rechazo" por parte de las instituciones y la sociedad civil contra los funcionarios y la Guardia Civil en Cataluña.

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La magistrada ha precisado que el pasado día 1 de octubre, con motivo de la celebración del referéndum ilegal, los Mossos d'Esquadra llegaron incluso a "espiar" acciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional alertando a los congregados en los colegios electorales de que estos agentes se dirigían a dichos lugares.

Lamela se remonta a los hechos acaecidos durante la celebración del referéndum ilegal y expone que, en la gran mayoría de casos, la actitud mostrada por los agentes autonómicos fue "pasiva, manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil" y dice que evitaron intervenir en los casos en los que estos agentes fueron agredidos.

"Llegaron incluso a increpar y a enfrentarse a algunos de los agentes de la Guardia Civil que en el ejercicio de sus funciones estaban en el lugar de los hechos. Incluso espiaron las acciones de Guardia Civil y Policía Nacional alertando a los congregados en los colegios de que las citadas Fuerzas del Orden se dirigían hacia determinados lugares", dice la magistrada.