Corrupción

El primer gran juicio de 'Gürtel' enfila su recta final dejando un retrato de la corrupción como "modo de vida"

Luis Bárcenas y Francisco Correa en el juicio del caso Gürtel.

Iniciado hace un año, el primero de los juicios del caso Gürtel asignados a la Audiencia Nacional enfila sus últimos días dominado por el rotundo alegato que hace dos semanas lanzó la Fiscalía sobre cómo la trama financió al PP con sobornos y comisiones camufladas bajo el disfraz de donaciones y cómo la existencia de la caja B del partido ha quedado "abrumadoramente acreditada". En esas dos palabras radica el mayor riesgo para el PP. El proceso que ahora está a punto de terminar marcará sin duda la pauta de los restantes. Y la caja B difícilmente desaparecerá del horizonte en las 10 piezas del tronco común Gürtel cuyo juicio tiene aún pendiente la Audiencia Nacional.

Tras un centenar largo de sesiones que se han ido sucediendo desde el 4 de octubre de 2016 y con un banquillo en el que casi nunca han coincidido juntos los 37 acusados, el juicio debería acabar esta próxima semana. Pero salvo viraje extremo o terremoto político, los grandes hitos ya están servidos: la declaración judicial de Francisco Correa, que nada más arrancar la vista trazó un antes y un después al confesar que los empresarios interesados en obtener contratos públicos pagaban una comisión de en torno al 3%; la abundancia de datos incriminatorios que han ido desgranando policías y otros miembros de las unidades de auxilio judicial en sus comparecencias como peritos; los informes policiales y tributarios aportados, la nebulosa testifical prestada por Mariano Rajoy y su absoluta ignorancia sobre las finanzas de su partido y, como pieza final y decisiva, el citado informe de la Fiscalía. Durante su alegato, la fiscal Concepción Sabadell condensó su tesis en estas palabras: "La trama Gürtel hizo de los sobornos a cargos del PP un modo de vida"Gürtel

Y es ese diagnóstico, especialmente si la sentencia valida las tesis de la Fiscalía y acepta las duras condenas que solicita –por ejemplo, 125 años para Correa; 85 para su número dos, Pablo Crespo; 39 y medio para Luis Bárcenas–, el que entraña mayores riesgos futuros para el PP. Porque la contundencia de Anticorrupción al conceder absoluta veracidad a la caja B ha abierto la caja de Pandora para el PP. 

El cambio de estrategia de Bárcenas

El juicio ha constatado el cambio de estrategia de Luis Bárcenas. El extesorero jura y perjura a quien le pregunta que no ha alcanzado ningún pacto con el PP. Con o sin pacto, lo constatable es que quien durante dos décadas manejó las cuentas del PP y anotó a mano los movimientos de la caja B ha pasado de aparecer como el hombre que en 2013 confirmó ante el juez la veracidad de los papeles bautizados con su apellido a minimizar su contenido: eran solo "anotaciones extracontables" inocuas, declaró durante su interrogatorio. 

La Fiscalía sostiene que parte de los más de 48 millones que Bárcenas ocultó en Suiza procedía de la contabilidad opaca del partido. Durante su informe final, el abogado del extesorero negó tajante esa acusación y pidió que su cliente sea absuelto. "No se ha llevado ni una peseta" del partido, enfatizó el letrado, Joaquín Ruiz de Infante. Esa negativa constituye uno de los ejes del discurso de Bárcenas. El otro pilar se llama Rosalía Iglesias. Proteger a su esposa, para quien la Fiscalía pide nada menos que 24 años por delito fiscal, se ha revelado durante la vista como el objetivo primordial del extesorero. La abogada de Iglesias, Marta Giménez, destacó en su informe final y en apoyo de su solicitud de absolución el mensaje que desde el inicio de la causa ha repetido la pareja: que Iglesias nunca tuvo nada que ver con la gestión y administración de los bienes y empresas que gobernaba su marido, en cuyo trabajo al frente de las finanzas del partido "jamás se metió".

Un protagonista fuera de guion

Oficialmente, la financiación del partido será objeto de otro juicio, el de los papeles de Bárcenas, para el que todavía no hay fecha dado que la investigación de la pieza quedó reabierta tras lo declarado por Correa. Pero, en la práctica, esa caja B ha sido desde el primer día una especie de protagonista fuera de guion y que ha impuesto su presencia al resto de los actores.

En esta vista, relativa a la de la pieza oficialmente denominada Primera Época (1999-2005), el PP se arriesga a ser condenado a pagar 245.492 euros como beneficiario económico de la trama o partícipe a título lucrativo. En ningún caso esa figura implica la menor responsabilidad penal. Pero incluso en la hipótesis de que el tribunal le librara de lo que hoy se percibe como un bochornoso sambenito y dictaminase que se lucraron algunos de sus cargos pero no la organización como tal, incluso así la caja B ha dejado definitivamente de ser una posibilidad susceptible de discusión para convertirse –eso es lo que ha remachado la fiscal Sabadell una y otra vez– en una certeza.

Cuando Sabadell emitió el 23 de octubre su diagnóstico sobre el carácter sistémico de la red de Francisco Correa, habían transcurrido ya más de nueve años desde que la justicia comenzó en agosto de 2008 a desenredar la tupidísima malla. Desde entonces, han sido constantes las quejas de la formación conservadora por lo que en una primera fase definía como una cacería política y una trama contra el PP. Constantes también las maniobras jurídicas que además de dilatar la investigación le costaron la carrera judicial a Baltasar Garzón, primer instructor del caso. Le costaron igualmente siete querellas a uno de los policías que investigaron la causa y cuya declaración en la vista que ahora se acerca a su fin define como "solidísima, rocosa, desapasionada y muy profesional" el abogado Francisco Montiel. Esa solidez, sostiene Montiel, la misma que la exhibida por la Fiscalía Anticorrupción, han sido hilo conductor en este largo juicio. "La fiscal no dejó ningún agujero en la red y los pocos que podían haber quedado los cerraron el abogado del Estado y las acusaciones, con especial mención a Virgilio Latorre", el abogado que ejerce la acusación popular en nombre de los socialistas valencianos. "Creo –concluye Montiel– que todo eso augura una sentencia dura para los principales acusados y que haya una condena más leve o incluso ninguna para algunos de orden terciario sería lo normal". 

Montiel pertenece a la asociación de abogados Adade, la acusación popular que logró que Rajoy fuese llamado en calidad de testigo: no como presidente del Gobierno sino como dirigente de un partido por cuyas escalas de poder pasó sucesivamente desde 1990 antes de ascender a la cúspide en 2004. Siempre en la sala de máquinas del PP, Rajoy negó tajante el cobro de sobresueldos opacos y cualquier conocimiento sobre la caja B.

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"Formalmente, formalmente"

La forzada declaración de Rajoy, sin duda el mayor hito político del juicio, afianzó en el ámbito público la convicción de que el PP no está dispuesto a asumir ninguna responsabilidad por lo sucedido. Es decir, por ese "modo de vida", esa "relación simbiótica" entre el grupo de Correa y el partido que se fraguó con la llegada de Aznar a Moncloa en 1996 y que, aunque oficialmente rota en 2004 por orden de Rajoy, pervivió especialmente en las comunidades de Madrid y Valencia hasta finales de la pasada década.

De aquella ruptura cuyo protagonismo reclama para sí el jefe del Ejecutivo le preguntaron en la vista al policía de las siete querellas, Manuel Morocho. ¿Cuándo dejó de contratar a nivel nacional el PP con las empresas del señor Correa?. Autor de numerosos informes de la UDEF sobre la trama, el policía ofreció una respuesta cargada de significado: "A nivel nacional es en torno al final de 2004 cuando formalmente –formalmente– dejó de trabajar". En otro escenario, una comisión del Congreso de Diputados, Morocho también declaró esta misma semana que "indiciariamente" estaba acreditado que Mariano Rajoy había cobrado sobresueldos en dinero negro.

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