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La justicia belga cita a Puigdemont y sus exconsellers el 17 de noviembre para decidir sobre su extradición

Carles Puigdemont acompañado por cinco de sus exconsellers en Bélgica.

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El expresident de la Generalitar Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas comparecerán el próximo día 17 de noviembre ante el tribunal que deberá decidir en primera instancia sobre las órdenes europeas de detención y entrega que ha emitido contra ellos al Audiencia Nacional.

"La Fiscalía de Bruselas confirma que la fecha es el 17 de noviembre de 2017, a las 14.00 horas", ha informado el Ministerio Público en un comunicado, recogido por Europa Pres, en el que precisa que la audiencia se celebrará a puerta cerrada.

Serán citados para declarar ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia que deberá decidir sobre el "fondo" de las órdenes europeas de detención y entrega emitidas contra esta cinco personas por la Audiencia Nacional.

Tras escuchar los argumentos de las partes y a las personas buscadas por las autoridades judiciales españolas, el tribunal podría tomar una decisión "de inmediato" y acordar ejecutar o no las euroórdenes ese mismo día, pero también podría retrasarse algunos días por distintas razones, por ejemplo, que la defensa pida más tiempo para preparar el caso, según han explicado a Europa Press fuentes judiciales.

En cualquier caso, el juez deberá pronunciarse en un plazo de quince días a partir de la fecha de la detención de Puigdemont y sus exconsellers, este domingo 5 de noviembre, aunque fueran puestos en libertad con medidas cautelares tras prestar declaración entre las 16.00 y las 23.00 horas.

Este domingo un juez de instrucción examinó la "forma" de la petición de las autoridades españolas para confirmar que se ajustaba a derecho y decretó "libertad con medidas cautelares" para Puigdemont y sus exconsellers mientras se resuelve el caso.

Los cinco políticos catalanes tienen prohibido abandonar el territorio belga si no es con permiso de las autoridades, deben haber comunicado un domicilio fijo en Bruselas y deberán comparecer personalmente ante toda citación policial o de los jueces.

El juez ha decretado otras medidas cautelares para evitar su fuga pero no han sido hechas públicas para evitar que pudieran afectar al control por parte de las autoridades.

Audiencia en neerlandés y a puerta cerrada

La audiencia se celebrará en neerlandés y el juez de la Cámara del Consejo será flamenco, según han explicado las fuentes consultadas, dado que es el idioma elegido para todo el procedimiento por Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret, a pesar de ser una lengua que ninguno de ellos habla.

Al aplicarse la jurisdicción de Bruselas, a cuya Fiscalía se transfirieron las euroórdenes, los cinco pudieron elegir entre el francés y el neerlandés como idioma para todo el procedimiento.

La sesión, además, tendrá lugar a puerta cerrada y estarán los cinco políticos catalanes, sus abogados, la Fiscalía de Bruselas y un traductor neerlandés-español.

España no podría recurrir

Una vez haya una decisión del tribunal sobre la entrega de Puigdemont y sus exconsellers a las autoridades españolas, el fallo es recurrible por las partes, esto es, Fiscalía e implicados, pero no por España, que "no puede estar representada" en el proceso, han explicado las fuentes.

"España no podría obligar a la Fiscalía a apelar un fallo en este caso, aunque habría un diálogo" entre las autoridades judiciales antes de que el Ministerio Público belga decidiera si recurrir o no una decisión.

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Las partes podrán recurrir la decisión primero ante la Corte de Apelación, que tendrá también 15 días para pronunciarse, y, en última instancia, ante la Corte de Casación, que cuenta con el mismo plazo para tomar la decisión definitiva.

La euroórden establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

Con todo, la Fiscalía ha precisado que estos plazos se aplican a las personas sobre las que pesan órdenes de extradición y que están detenidas, por lo que en caso de que los arrestados sean puestos en libertad los plazos podrían ser "mucho mayores".

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