Un magistrado ve "forzada" la investigación de Lamela por sedición

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, uno de los cinco miembros del tribunal que ha confirmado la competencia de la jueza Carmen Lamela para investigar por sedición los incidentes de los pasados días 20 y 21 de septiembre en Cataluña, ha mostrado su "disconformidad" con la interpretación de la magistrada, ya que, de hecho, la ve "sumamente forzada y extensiva de la norma jurídica", ha informado Europa Press.

Así contesta De Prada a los argumentos que esgrimió la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 al aceptar la denuncia de la Fiscalía por el delito de sedición, según los cuales "no todos los delitos de sedición son competencia de la Audiencia Nacional, sino únicamente los que puedan suponer una ofensa contra la forma de Gobierno".

Lamela explicaba en su auto, recogido por Europa Press, que en los hechos acaecidos en septiembre "la finalidad última" de las movilizaciones era la de "conseguir la celebración de un referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes los intervinientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y, en particular, la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución".

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Pues bien, el magistrado De Prada, perteneciente a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, recuerda en su voto particular que "delitos tales como el alzamiento público con la finalidad de derogar, suspender o modificar totalmente la Constitución, declarar la independencia de una parte del territorio o sustraer la Nación o parte de ella a la obediencia del Gobierno nunca han sido delitos contra la forma de Gobierno, por lo que nunca han sido competencia de la Audiencia Nacional, por no encontrarse dentro de los supuestos previstos por el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni lo pueden ser ahora por la misma razón".

En su opinión, "el Juzgado Central de Instrucción número 3 debió de inhibirse, ante su manifiesta falta de competencia, en favor del juez ordinario competente del territorio donde se produjeron los hechos" para que fuera éste el que investigara los incidentes de septiembre.

Por estos hechos están investigados los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente —ambos en prisión provisional—, así como el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero y la intendente Teresa Laplana.