El Ayuntamiento de Madrid acusa a Hacienda de saltarse sus propias reglas para justificar la intervención de las cuentas

La decisión del Ministerio de Hacienda de supervisar semanalmente todas las operaciones financieras del Ayuntamiento de Madrid asestó este martes al gobierno local de Manuela Carmena el mayor golpe recibido en una batalla que se remonta al mismo inicio del mandato, en 2015. La intervención, susceptible de endurecerse para convertirse en una especie de artículo 155 a escala municipal, ha acercado por primera vez en meses a los equipos de Carmena y del concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que hace menos de un mes amagó con dimitir o, según otras fuentes, con forzar su cese.

Tanto Unidos Podemos como el PSOE urgen a Montoro a explicar en el Congreso la intervención. Por la tarde, el ministro acudió a la ironía para pedir a los gestores del Ayuntamiento de Madrid que "sean tan amables" de explicar en qué son "distintos y especiales" para no cumplir la regla de gasto en los términos que exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque hay "miles" de administraciones que lo hacen. Hacienda no ha facilitado datos sobre cuántos ayuntamientos españoles han incumplido con reiteración el techo gasto o de contención de déficit ni qué medidas ha adoptado para reconducir su trayectoria. 

El departamento que dirige Cristóbal Montoro argumenta que el consistorio madrileño no le ha dejado más camino que este por cuanto durante dos ejercicios consecutivos ha incumplido lo preceptuado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria no en lo que a déficit se refiere –Madrid registra ahora un superávit superior a 1.000 millones y ha reducido en más de 2.000 millones la astronómica deuda heredada de los mandatos de Gallardón y Botella– sino en lo que a gasto máximo concierne, la llamada regla de gasto. Hacienda sostiene que a ese doble incumplimiento se une otro factor determinante: que el Plan Económico presentado por la Corporación –el tercero que rechaza el ministerio– rompe el techo de gasto, cuyo aumento se fija en un 2,4% para 2018.

Pero el gobierno local contraataca con un dato sobre el que este diario preguntó sin éxito a los portavoces de Montoro: que el Plan Económico y Financiero (PEF) rechazado por Hacienda se elaboró en función del límite de gasto fijado no por el gobierno local sino precisamente por el propio Ministerio de Hacienda. Y que así lo demuestran las tablas incorporadas a modo de anexos a la resolución que notifica la intervención de las cuentas municipales. De ser cierta esa versión, Hacienda estaría vulnerando sus propias reglas para colocar contra las cuerdas al Ayuntamiento de Madrid. De hecho, el gobierno municipal madrileño no descarta ningún paso "administrativo, político y judicial" contra lo que considera un evidente "trato injusto" de Hacienda, y así lo avisó ayer su portavoz, Rita Maestre.

Una de las tablas del anexo de la resolución ministerial exhibe una columna encabezada por el siguiente epígrafe: "Límite de la regla de gasto del PEF" y cuya suma total se eleva a 3.470 millones para 2017 y a 3.619 para 2018. La aplicación informática habilitada para que los ayuntamientos incorporen sus datos sobre déficit y gasto impide que los datos de esa columna puedan ser modificados por nadie ajeno al Ministerio, asegura la corporación madrileña. ¿Cómo puede el Ayuntamiento efectuar un cálculo erróneo de la regla de gasto si, tal como afirma el área del concejal Sánchez Mato se sustenta en los datos aportados por el ministerio? ¿Realmente ha incurrido el departamento de Cristóbal Montoro en una contradicción de semejante envergadura? infoLibre no obtuvo este martes respuesta a esa pregunta.

¿Una premisa errónea?

La semana pasada y mediante una carta, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya Romero, ya trasladó a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que una vez analizado el PEF madrileño se observaba que parte de una "premisa errónea". ¿Cuál? Que para fijar el techo de gasto se ha tomado como base "el gasto ejecutado en 2016 pese a haber excedido el máximo legal".

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Según Hacienda, el PEF del Gobierno local prevé un gasto para los años 2017 y 2018 que excede el límite en un importe de 238 millones y 243,5 respectivamente. "¿Y en función de qué números tenemos que alcanzar esa conclusión si el gasto máximo que hemos planificado queda incluso por debajo del "límite de la regla de gasto" señalado por el ministerio en su propia aplicación informática?, se pregunta una fuente muy próxima al concejal Sánchez Mato. 

El edil, enfrentado a Carmena desde que en primavera puso en manos de la Fiscalía una denuncia sobre el Open de Tenis, amenazó hace unas semanas con dimitir tras la negativa de la alcaldesa a introducir en el PEF la fórmula que él mismo defendía para cumplir las directrices del ministerio sin aplicar por ello recortes. Sánchez Mato proponía utilizar las denominadas transferencias de capital para inyectar fondos en la empresa municipal de transportes y en la de servicios funerarios, de forma que pudiesen así acometer luego la renovación de la flota de autobuses y la mejora y ampliación de tanatorios.

Fuentes conocedoras de aquel episodio relatan que tanto Carmena como la interventora general del Ayuntamiento se negaron bajo el argumento de que esa maniobra podía ser interpretada por el ministerio como un ardid para burlar sus instrucciones. Fue entonces cuando Sánchez Mato amenazó con dejar su puesto, aunque otras fuentes aseguran que lo que planteó fue que se le destituyera. El edil sostenía, según su entorno, que Montoro no aceptaría jamás ningún Plan Económico y Financiero del gobierno municipal de Madrid porque sus reticencias no son de índole técnica sino política.