El Ayuntamiento que gobernaba el número dos de Montoro jamás cumplió la Ley de Estabilidad Presupuestaria

La decisión del Ministerio de Hacienda de intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid bajo el argumento de que ha incumplido con reiteración uno de los preceptos básicos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria –el techo máximo de gasto- y no ha elaborado un plan corrector aceptable acaba de topar con el muro de la paradoja. El Ayuntamiento de Jaén, que entre junio de 2011 y noviembre de 2015 tuvo como alcalde a José Enrique Fernández de Moya, actual número dos del ministro Cristóbal Montoro, jamás ha cumplido esa ley desde su promulgación en abril de 2012.

Los informes anuales de la Intervención del Ayuntamiento de Jaén, los datos recabados a través del Gobierno andaluz –al que corresponde la tutela financiera de los consistorios de esa comunidad–, así como otros publicados por el Ministerio de Hacienda en su web –los relativos a 2013– acreditan que la corporación jiennense ha incumplido hasta 2016 el llamado objetivo de estabilidad presupuestaria. "La Corporación Local no cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria", se repite año tras año en los informes del interventor jiennense. Este diario ha obtenido copia de todos los informes consolidados del cierre de cada ejercicio salvo el de 2012. Pero en el informe del interventor sobre esa anualidad en relación al Ayuntamiento –es decir, sin sus organismos autónomos– también es negativo. 

De los municipios cuya población supera los 100.000 habitantes, Jaén es el que mayor deuda per cápita arroja (3.493 euros). Su ayuntamiento no ha logrado aún que la Junta de Andalucía apruebe el Plan Económico Financiero (PEF) que la Ley de Estabilidad impone a las corporaciones que incumplen el objetivo de estabilidad –como es su caso–, o del ajuste de deuda o del techo de gasto –también lo sobrepasó dos años–, pese a que ya en octubre de 2014 la Intervención municipal avisó por escrito de que debía elaborarlo. El rechazo del PEF madrileño, es decir, del plan corrector de las infracciones detectadas, constituye el argumento clave del Ministerio para justificar la intervención de las cuentas de la capital. En Jaén, ni la Junta de Andalucía ha aplicado ninguna de las medidas coercitivas previstas en la ley ni, según las fuentes consultadas, el Ministerio le ha conminado a aplicarlas.

El 14 de noviembre de 2016, justo ocho días antes de que Fernández de Moya fuese nombrado nuevo secretario de Estado de Hacienda, el concejal jiennense de esa área, Manuel Bonilla (PP), dijo lo siguiente: "Ya anticipo que [la Junta de Andalucía] no puede autorizar el plan [el PEF] puesto que desde un punto de vista legal tendría que conllevar la necesidad de enjugar el déficit presupuestario de 2015 entre 2016 y 2017, y eso, lo dice en su propio informe el Interventor [del Ayuntamiento], es imposible". Desde entonces, y así lo aseguran quienes siguen de cerca la negociación, el Ejecutivo andaluz no ha cesado de reclamar nueva documentación al municipio.

El Ministerio de Hacienda no responde

El Ministerio de Hacienda no respondió este miércoles a las preguntas que sobre lo sucedido en Jaén bajo el mandato municipal del secretario de Estado envió infoLibre a su departamento de comunicación por la mañana. Tampoco atendió las sucesivas llamadas de este diario. Las fuentes consultadas en el Gobierno de Susana Díaz han declinado entrar en detalles o valoraciones aunque sí confirmaron que el Ayuntamiento de Jaén también rompió el techo de gasto en 2014 y 2015. Y que el objetivo de estabilidad se incumplió "en 2014, 2015 y 2016". Las fuentes andaluzas no explicaron por qué no incluyen 2013 en esa categoría, la del incumplimiento en materia de déficit, pese a que el propio Ministerio de Hacienda y el interventor de Jaén sí lo hacen. En noviembre de 2014, el diario El País publicó que la liquidación de 2013 certificaba que el Ayuntamiento de Jaén había entrado en "quiebra técnica".

Cuando este diario logró confirmar este miércoles que el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria –esgrimido como piedra angular de la ley aprobada en 2012– fue sistemático durante el mandato local de Fernández de Moya, no fue ya posible contactar con el gobierno municipal de Jaén, donde el PP conserva el bastón de mando. El portavoz del grupo municipal de Jaén en Común, Manuel Montejo, sí se pronunció sobre el asunto. Y lo hizo no para criticar el exceso de déficit o la ruptura de la regla de gasto ni el aumento de la deuda sino el ahogo que, en su opinión, sufren los ayuntamientos por un modelo sostenido durante años "por PP y PSOE". La Ley de Estabilidad Presupuestaria, sostiene el edil, "solo sirve para que el Ministerio de Hacienda pueda castigar al Ayuntamiento que quiera, como está ocurriendo con Madrid, y mire hacia otro lado con otros municipios, como Jaén".

La Corporación que desde junio de 2015 gobierna el equipo de Manuela Carmena mantiene en privado esa misma tesis aunque en público está tratando de suavizar el conflicto. El erario municipal madrileño arroja hoy un superávit de más de 1.000 millones. Y ha reducido en más de 2.000 millones su endeudamiento, que llegó a rozar los 8.000 millones en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón. 

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El martes, fuentes del área de Economía del Ayuntamiento de Madrid remarcaron que Hacienda se ha saltado sus propias reglas al rechazar el PEF elaborado por el consistorio porque se ajusta al límite de gasto fijado por el ministerio. Ese límite aparece en las tablas adjuntas a la resolución por la que el ministerio notifica que supervisará todas las operaciones financieras de la corporación. Y según el equipo del concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, la aplicación informática utilizada para esas tablas, denominada Pefel2, impide que los ayuntamientos puedan alterar los datos de límite de gasto introducidos por el ministerio. El miércoles, infoLibre preguntó al Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital) si esa versión es correcta. Los portavoces de Cosital respondieron así vía correo electrónico: "Efectivamente, el límite de la regla de gasto del PEF se calcula de forma automática al aplicar la tasa de referencia que aprueba el Gobierno para todas las Administraciones Públicas".

Un día antes, horas después de que el anuncio de intervención de las cuentas de Madrid disparase la polémica, el ministro Montoro acudió a la ironía al pedirle a los rectores del gobierno de la capital que “sean tan amables de explicar” en qué son “distintos y especiales” para no cumplir la regla de gasto, máxime cuando hay “miles” de administraciones que sí lo hacen. Tanto el PSOE como Unidos Podemos reclaman la comparecencia urgente del ministro en el Congreso.