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Inmigración

Indra y otras nueve empresas acaparan más de la mitad de los recursos destinados al control migratorio

  • Diez empresas han recibido más de la mitad de los 610 millones de euros públicos repartidos entre 350 compañías en torno a la política de control de fronteras, entre ellas Indra, Dragados, Ferrovial y Telefónica
  • Un informe de la fundación porCausa denuncia que la llamada Industria del Control Migratorio en España se basa en la venta de bienes y servicios "con el objetivo de detener a las personas en las fronteras"

infoLibre Publicada 13/11/2017 a las 14:25 Actualizada 13/11/2017 a las 15:09    
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Un grupo de inmigrantes trata de saltar la valla para entrar en España.

Un grupo de inmigrantes trata de saltar la valla para entrar en España.

E.P. | Reuters
El sistema de control migratorio articulado en España se nutre de toda una serie de recursos públicos que, en gran medida, van destinados a empresas como Indra, Dragados o Telefónica. Así lo revela el informe de la fundación porCausa, La Industria del Control Migratorio, hecho público este lunes. "Lo que nosotros hemos visto es que podemos afirmar que existe una industria forjada bajo la política de retener y expulsar a las personas, y en consecuencia no a rescatar, que es próspera, que crece, que funciona de manera bien engrasada con recursos del Estado, con fondos europeos y que alimenta una serie de empresas de las cuales las diez que más se llevan acaparan la mitad de los recursos. ¿La principal ganadora? Indra". Así lo sostiene la fundación, cuya investigación señala a 350 empresas entre las que se han repartido 610 millones de euros que provienen de 943 contratos públicos, entre 2002 y 2017.

Lo que la fundación denomina Industria del Control Migratorio (ICM) se basa en la venta de bienes y servicios "con el objetivo de detener a las personas en las fronteras" y su estructura se compone de un conjunto de "empresas, organizaciones e intereses", volcados en cuatro tipo de actividades: el control y protección de los perímetros fronterizos, la detención y expulsión de inmigrantes, la acogida e integración de personas migrantes y finalmente la externalización del control de los flujos migratorios a través de acuerdos con organizaciones e instituciones en terceros países. Las dos primeras labores, en las que se centra la investigación, suponen el 97% del valor de los contratos estudiados. 

Según porCausa, España destinó "no menos de 896,3 millones de euros de recursos públicos" a dicha industria en los últimos diez años. Del total, 610 millones se reparten entre 350 empresas, de las que diez acumulan "más de la mitad del total de los recursos concedidos". Se trata de Indra, Amper, Eurocopter, Albie, Telecomunicación-Electrónica y Conmutación, Atos, Dragados, Ferrovial, Siemens, Telefónica y GMV. La primera, Indra, es "la mayor adjudicataria de los contratos identificados, con participación en 60 operaciones por un valor de cerca de 110 millones de euros".

Las acciones que parten de dicha industria se encuentran además financiadas por el Fondo de Fronteras Exteriores en España, por un total de 382,9 millones de euros y por el Fondo para el Retorno en España, por un valor de 152,3 millones de euros. Asimismo, los proyectos presentados por España para cofinanciación al Fondo de Seguridad Interior-Fronteras recibieron un total de 27,4 millones de euros, y los proyectos de Retorno presentados para cofinanciación al Fondo de Asilo, Migración e Integración se hicieron por un total de 20,5 millones de euros. Finalmente, España también recibió subvenciones concedidas por Frontex para su participación en Operaciones Conjuntas por 73,7 millones y la inversión en Infraestructuras para la Inmigración de la Secretaría de Estado de Seguridad ascendieron a 214,8 millones de euros. 

Según el conjunto de datos analizados por la fundación, la industria fraguada en territorio español "depende casi absolutamente de los fondos públicos que recibe" y se rodea de "un ecosistema de empresas y organizaciones privadas que han ido conformando la red de intereses y relaciones que caracteriza cualquier sector industrial". El resultado, es que España se ha convertido en un "precursor y un laboratorio de las políticas que hoy impulsan las instituciones de la UE y sus Estados miembros".

 


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