El juez del Supremo inicia el trámite para quedarse con la causa contra el Govern y los 'Jordis'

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena –que instruye la causa por rebelión contra los exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña– ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que le presente un informe antes de decidir si le reclama tanto la causa en la que ésta investiga a los exmiembros del Govern de Cataluña por el mismo delito como la que instruye por una presunta secesión contra el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y los responsables de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

En una providencia dictada este martes, Llarena señala que, con carácter previo a resolver sobre la competencia y acumulación de la causa, solicita a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que en el plazo de cinco días le informe sobre "los aspectos fácticos, procesales e investigativos de ambos procedimientos". Igualmente, le pide que emplace a las partes personadas en esos procesos –que investigan distintas actuaciones que concluyeron con la declaración unilateral de independencia de Cataluña–para que en el mismo plazo informen directamente al Tribunal Supremo sobre la eventual acumulación de sus procesos en este órgano.

De este modo, tanto el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, como los otros siete exconsejeros en prisión dede el pasado 2 de noviembre; el exconsejero de Empresa Santi Vila; Trapero, Sánchez, Cuixart y la exintendente de la policía autonómica catalana Teresa Laplana tiene igualmente un plazo de cinco días para pronunciarse sobre la eventual acumulación de todas sus causas en el alto tribunal. Sobre esta posibilidad de acumular toda la investigación del 'procés' en el Supremo deberán pronunciarse también la expresidenta de la Mesa Carme Forcadell y los otros cinco parlamentarios implicados en la causa que ya instruye Llarena en este órgano.

En su providencia, el magistrado del Supremo señala que realiza esta petición en atención a lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras conocer que además de la querella de la Fiscalía contra Forcadell y el resto de exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña se había interpuesto otra acción penal en la Audiencia Nacional, y por los mismos hechos, contra los distintos integrantes del Consejo de Gobierno de Cataluña. Reclama también las diligencias en las que están investigados Sánchez y Cuixart. En ambas querellas el Ministerio Público que dirige José Manuel Maza ya apuntaba la posibilidad de que las causas terminaran siendo acumuladas en una sola ante el Supremo y fue la propia Sala de Admisiones del alto tribunal la que en su auto destacó que seria el juez Llarena el que tendría que decidir, según el desarrollo de su investigación, la procedencia de reclamar las investigaciones inicialmente tramitadas en otros órganos jurisdiccionales.

Junqueras y otros exconsellers, favorables a que el Supremo asuma la causa

El exvicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, todos en prisión preventiva, así como Santi Vila, son favorables a que el Tribunal Supremo asuma la causa por rebelión, sedición y malversación que instruye la Audiencia Nacional, han indicado sus defensas a Europa Press.

De hecho, el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, fue el que pidió, como representante de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de la exmiembro de la Mesa del Parlament Anna Simó, que la causa contra el Govern se acumule en el Tribunal Supremo, que lleva la querella contra la Mesa del Parlament por los mismos delitos. En un escrito presentado a Pablo Llarena, Van den Eynde argumentaba que "el objeto de ambos procesos es coincidente o, en cualquier caso, conexo", siempre desde la perspectiva de la tesis de la acusación.

Además, considera que la propia imputación –que según ellos adolece de falta de rigor técnico-- describe unos delitos "que por su estructura típica de comisión basada en actuaciones grupales y reparto de cometidos, sólo puede ser abordada desde un único proceso". Otras defensas consultadas por Europa Press han preferido no posicionarse públicamente hasta el momento en que remitan sus escritos ante el Supremo. En paralelo, el pasado jueves Llarena requirió al TSJC toda la causa que se abrió allí por desobediencia, malversación de caudales públicos y prevaricación contra Forcadell y los miembros de la Mesa que permitieron la tramitación de las leyes de ruptura y de referéndum.

Lamela confirma la investigación contra el Govern

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha confirmado este martes la admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra el expresidente Carles Puigdemont y sus 13 consejeros por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por los hechos relacionados con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), según explica en un auto en el que mantiene la fianza de 6,2 millones de euros impuesta a los investigados.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha desestimado los recursos de reforma interpuestos por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros de ERC Carles Mundó, Dolors Bassa, además de Raül Romeva, todos ellos en prisión incondicional desde el pasado 2 de noviembre. Les recuerda que los investigados eran "participantes" que efectuaron "su aportación al plan secesionista que habría de llevar a cabo la declaración unilateral de independencia".

En relación con la cuantía de la fianza, la juez insiste que aunque "la Intervención General de Cataluña haya certificado que sólo una pequeña cantidad de esa partida presupuestaria haya sido utilizada, no implica que no se haya sufragado el referéndum --del pasado 1 de octubre-- con dinero público no destinado a estos fines". De hecho, recuerda la querella del Ministerio Público en la que se apuntaba a la exconsejera de Gobernación Meritxell Borrás adoptó las medidas necesarias para obtener los medios con los que poder celebrar la consulta.

Los recursos de los exconsejeros alegaban que sufren "una situación de indefensión evidente" y hacían hincapié en que "ni existe delito de rebelión, ni de sedición, ni malversación de caudales públicos, ni prevaricación ni desobediencia". Además, impugnaba la querella del Ministerio Fiscal en base a tres argumentos: la supuesta inexistencia de competencias de la Audiencia Nacional para instruir este caso; la supuesta irregular tramitación del procedimiento y la fianza de responsabilidad civil, que cree improcedente.

En su auto, la magistrada instructora explica que el hecho de que se esté ante una organización que trabajó para sacar adelante el denominado procés, "hace necesario la investigación y enjuiciamiento conjunto, valorando los actos ejecutados por cada uno de ellos y la calificación jurídica que puedan merecer". Recuerda que los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista "perfectamente organizado y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas" como la Asamblea Nacional Catala (ANC) y Òmnium Cultural, cuyos líderes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, se encuentran en prisión incondicional investigados por un delito de sedición.