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Operación Púnica

Anticorrupción concluye que Granados se benefició del chivatazo del guardia civil y de Marjaliza por obligarle a quemar documentos

  • El Ministerio Público eleva a definitiva su petición de tres años de cárcel para los tres acusados por delito de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos
  • Denuncia que se les ha privado de una prueba "muy importante" y que "va a ser muy difícil" que se demuestre la existencia de pagos concretos a personas implicadas en la trama a causa de la destrucción del material

infoLibre Publicada 16/11/2017 a las 17:16 Actualizada 16/11/2017 a las 21:33    
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El exconsejero madrileño Francisco Granados.

El exconsejero madrileño Francisco Granados.

La Fiscalía Anticorrupción ha concluido este miércoles al término del juicio que acoge la Audiencia Nacional por la primera de las causas de la trama Púnica en ser juzgada, que ha quedado probado que el principal acusado, Francisco Granados, se benefició del chivatazo que le dio un guardia civil en septiembre de 2014 sobre que le estaban investigando y también del empresario David Marjaliza, a quien instó a quemar documentación comprometedora tras enterarse de las pesquisas, ha informado Europa Press.

El Ministerio Público ha elevado a definitivas su petición de tres años de cárcel para los tres acusados por delito de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos y ha precisado en su exposición final que la actitud del político regional fue "proactiva en todo momento" porque no solo recibió una información "sensible" sino que además se benefició de la destrucción de toda la información sobre contratos ilegales y pagos en negro que guardaba Marjaliza en sus oficinas de Pinto.

"Ha sido muy reveladora la declaración de Marjaliza, ya que (Granados) le dijo que no destruyera la documental de cualquier forma sino que la intentara quemar un día de niebla. Ha quedado claro que la finalidad era, por un lado alertar a Marjaliza de la investigación pero al mismo tiempo beneficiarse de las actuaciones (del empresario)", ha expuesto la fiscal en referencia a la tesis mantenida por el empresario madrileño que esta misma mañana ha dicho en calidad de testigo en la vista oral.

Por ello, ha denunciado que se les ha privado de una prueba documental "muy importante" y que "va a ser muy difícil" que se demuestre la existencia de pagos concretos a personas implicadas en la trama porque ese material (que incluía además información de la Comunidad de Madrid, licitación de obras y una libreta con pagos en B a diversos políticos) está destruido.

"Marjaliza fue un simple receptor"

También ha respondido al letrado de Granados, José Javier Vasallo, que en la primera sesión de esta vista oral mostró su disconformidad ante el tribunal de que el cerebro de la trama Púnica no estuviera sentado en el banquillo de los acusados ya que este también se benefició de que el agente José Manuel Rodríguez Talamino le dijera a Granados que se iban a colocar unas cámaras de videovigilancia en frente de las oficinas del constructor.

"Se nos plantea por qué no está Marjaliza; la línea de colaboración que ha iniciado es reconocer los hechos", ha continuado Cerdá, que ha negado que exista un pacto como tal entre el cerebro de la trama Púnica y la Fiscalía Anticorrupción. "No va dirigida esa línea de colaboración a acusar a nadie sino a reconocer los hechos", ha sentenciado.

Respecto al agente Talamino, considera "totalmente probado" que descubrió la existencia de un operativo gracias a su papel dentro de la Unidad Central Operativa (UCO) y que sabía que entre los investigados estaban Granados y Marjaliza, pese a que éste negó en reiteradas ocasiones durante su interrogatorio ante el tribunal conocer al empresario.

"Talamino, conociendo la relación de Marjaliza y Granados y constándole que su amigo Caro (el tercer acusado) había pasado a desempeñar cargos de confianza en la Comunidad de Madrid, decidió hacerles un favor a todos ellos facilitándoles información confidencial", ha expuesto la representante del Ministerio Fiscal, que en su exposición ha dado por válida toda la prueba pericial practicada así como las trece escuchas telefónicas a los acusados reproducidas en la vista oral.

Por su parte, la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) ha elevado a definitivas su petición de seis años de prisión para Granados y tres para los otros dos agentes.


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