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El futuro de Cataluña

La Fiscalía belga pide a Lamela información sobre el estado de las cárceles españolas de cara a la declaración de Puigdemont

  • El expresident del Govern y los cuatro exconsellers huidos comparecerán este viernes ante el juez de la Cámara del Consejo de Bruselas, que decidirá si ejecuta o no las órdenes europeas de detención que dictó la jueza
  • Interior responde que en las prisiones de España se garantiza el derecho a defensa y se vela por la vida y la seguridad de los presos

infoLibre
Publicada el 16/11/2017 a las 17:58 Actualizada el 16/11/2017 a las 21:20
El president destituido de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Bruselas.

El president destituido de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Bruselas.

Europa Press
La Fiscalía de Bruselas ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela información sobre el estado de las cárceles españolas de cara a la declaración de este viernes del expresident catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers del Govern que huyeron a Bélgica antes de que se presentara la querella contra ellos por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, ha informado Europa Press.

Los cinco están citados a las 14.00 horas para comparecer por primera vez ante el juez de la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia) de Bruselas, que será el que decida si las órdenes europeas de detención (OEDE) dictadas por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 deben ejecutarse.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, la Fiscalía de la capital belga ha reclamado a la magistrada información tanto penitenciaria como judicial, que será remitida este mismo jueves. Otras fuentes consultadas han concretado que, entre toda esa información, figuran datos sobre el estado de las cárceles españolas.

Lamela dictó el pasado 3 de noviembre órdenes europeas de detención contra el expresident de la Generalitat y sus cuatro exconsellers después de que un día antes no acudieran a declarar por su implicación en el desarrollo del procés independentista. Además de los tres delitos que les imputó, según la querella del Ministerio Público, añadió también prevaricación y desobediencia para los huidos.

Interior: "Nadie nos dará ninguna lección"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este jueves por la tarde que ya ha facilitado la información reclamada por la Fiscalía belga sobre la situación de las cárceles en España para decidir este viernes sobre la posible extradición del expresident catalán Carles Puigdemont. "Nadie nos va a dar ninguna lección a ese respecto", ha asegurado Zoido.

"La petición se ha recibido y se le ha mandado toda la información absolutamente detallada", ha asegurado Zoido. "España afortunadamente es un Estado de derecho desde hace muchísimos años y la independencia judicial y la división de poderes es ejemplar", ha añadido el ministro, que ha enfatizado: "Nadie nos va dar ninguna lección a ese respecto". Zoido ha solicitado que se tome la decisión "conforme a la legislación vigente en Bélgica".

El ministro se ha remitido a la legislación, en este caso en España, para responder a otra pregunta sobre la posibilidad de que los consellers en prisión puedan concurrir a las elecciones del 21 de diciembre convocadas por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución. "No debemos empezar a hacer valoraciones que no vienen al caso", ha sostenido.

"Cada uno", ha añadido sobre esta cuestión, "tiene una situación que no viene derivada por su pensamiento sino por los hechos presuntamente delictivos que hayan podido cometer". Zoido ha recordado que son los presuntos delitos los que justifican las medidas cautelares adoptadas por la jueza contra los exmiembros del Govern. "Cada uno tiene la posibilidad de poder concurrir a las elecciones", ha terciado.

Contacto con su abogado y se evitarían agresiones

El Ministerio del Interior ha remitido a través de Instituciones Penitenciarias la contestación a las 14 preguntas plateadas por la Fiscalía belga antes de estudiar este viernes la posible extradición del expresident catalán Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsellers que huyeron a Bruselas, evitando la comparecencia en la Audiencia Nacional.

Fuentes penitenciarias han explicado a Europa Press que en el documento, de 15 páginas, se responde pormenorizadamente a cada una de las 14 cuestiones planteadas por la Fiscalía belga, recordando aspectos como que Puigdemont mantendría en la prisión de Estremera el contacto con su abogado, de acuerdo a la legislación penitenciaria, y se cuidaría que no sufriera agresiones por parte de otros internos.

El expresident ingresaría, de acuerdo a este documento que incluye un dossier de fotografías de las instalaciones, en la cárcel de Estremera (Madrid) en caso de que se decidiera su extradición. De este centro se explica que es uno de los más "avanzados" de España, y que el exmandatario podría disponer de celda individual si la pide (salvo riesgo de suicidio prescrito por los médicos) o compartirla con alguno de sus exconsellers. En Estremera se encuentran Oriol Junqueras y los otros cinco exmiembros del Govern varones.

Además, ha señalado que a Puigdemont se le asignaría una celda que incluye inodoro y una ducha en un espacio con separación, permitiendo la intimidad del interno cuando realice su aseo personal. De ello se da cuenta en una foto en uno de los anexos. La celda dispondrá, además, del mobiliario para dos personas y de las estanterías para guardar sus pertenencias, con conexión para televisión y elementos de comunicación con las oficinas de los funcionarios.

Las prisiones catalanas gestionadas por Puigdemont

Las citadas fuentes han explicado que uno de los razonamientos que se hacen en el documento es que "no parece comprensible que se intente proyectar sospechas sobre las condiciones de internamiento en España por personas que han gestionado las cárceles en Cataluña", caso del expresident Puigdemont, "con los mismos estándares legales y elementos materiales" que en el resto de centros penitenciarios del país.

Se recuerda igualmente que la legislación nacional prohíbe la tortura y los malos tratos de acuerdo a la Constitución y que el artículo 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria recoge que: "Ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra".

Instituciones Penitenciarias recuerda que España recibe periódicamente visitas del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y existe una "supervisión constante" del respeto a los derechos humanos en las prisiones por el Defensor del Pueblo y el Mecanismo de Prevención de la Tortura Nacional. Además, indica que la asistencia médica está garantizada las 24 horas.

También se alude a que la Administración Penitenciaria española está directamente supervisada por jueces de vigilancia penitenciaria, "independientes, integrantes del poder judicial y con amplias facultades para corregir cualquier desviación o abuso que pudiera producirse".

Aislamiento solo tras actos violentos

Como ha ocurrido en el pasado con el rechazo a la extradición de miembros de ETA reclamados por España, Instituciones Penitencias recuerda que "centros tipo" como el de Estremera, con instalaciones modernas y celdas de 11 metros cuadrados, utilizan las celdas de aislamiento "solamente si los internos protagonizan incidentes violentos especialmente graves contra el personal funcionario o contra otros internos".

Igualmente, sostiene que en las celdas de aislamiento, no obstante, siempre se establece una supervisión por parte del servicio médico, teniendo que haber previa autorización del director del centro y con comunicación "inmediata" al juez de vigilancia penitenciaria.

También subraya que los internos tienen garantizado el derecho a la defensa pudiendo acceder a sus abogados defensores o expresamente llamándolos en cualquier momento de la jornada regimental y por el espacio de tiempo que necesiten. Para dar cumplimiento a este servicio, existen los correspondientes locutorios habilitados al efecto.

A la pregunta de la Fiscalía belga "¿Puede haber violencia en la cárcel? Y llegado el caso, ¿cuáles medidas son previstas para impedir que los implicados puedan verse confrontados con tal violencia de codetenidos o hasta del personal de la cárcel?", España contesta que la administración penitenciara "obliga a velar por la vida y la seguridad de los internos", por lo que se prevé la separación de internos no conflictivos de otros previsiblemente más agresivos. Esta medida ya se adoptó con Oriol Junqueras y los otros siete exconsellers en prisión.

Con este fin, además, señala que se establece una especial vigilancia por parte de los funcionarios, tanto presencial como electrónica, sobre aquellos internos que puedan ser objeto de hostilidad o rechazo por parte de la población reclusa.

El nivel de detalle del documento remitido a Bélgica es tal que, a preguntas del Ministerio Público, explica que el centro penitenciario de Estremera dispone de 1.214 celdas y que, actualmente, hay ingresados 1.071 internos, "lo que evidencia", explican las citadas fuentes, "que no existe sobreocupación". Como apunte final, a modo de nota, se insiste: "Todos los ingresos que se puedan producir tendrían garantizadas las condiciones de detención".
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