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El futuro de Cataluña

Los expertos que redactaron la 'constitución catalana' enviaron el borrador al cardenal Sistach para que hiciera "sugerencias"

  • La redacción de este documento provocó que el Consejo del Poder Judicial suspendiera a su coordinador, Santiago Vidal, como juez por tres años sin empleo y sueldo

infoLibre Publicada 23/11/2017 a las 17:26 Actualizada 23/11/2017 a las 19:23    
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El arzobispo de Barcelona durante su entrevista en Catalunya Radio

El arzobispo de Barcelona durante una entrevista en Catalunya Radio.

EP
El cardenal y arzobispo emérito de Barcelona, José María Martínez i Sistach, recibió el texto de la Constitución catalana cuyos trabajos dirigió el exjuez y exsenador de ERC, Santiago Vidal, con la petición de que "Su Eminencia" realizara las "sugerencias" que considerara oportunas, según el correo electrónico de Vidal que está incorporado al procedimiento abierto en el Juzgado 13 de Barcelona, al que ha tenido acceso Europa Press.

En un e-mail del 9 de diciembre de 2016, Santiago Vidal explica al secretario particular del arzobispo Sistach, el sacerdote Alfred Sabaté, que le envía un texto constitucional elaborado por el grupo de expertos que ha tenido "el honor de coordinar" y que fue entregado en mayo de 2016 al Parlamento de Cataluña.

Le explica que se lo envía "de acuerdo con la conversación mantenida con el Cardenal Sr Sistach la semana pasada". Tras esta explicación, le dice que queda "a la espera de recibir las sugerencias que Su Eminencia considere añadir" y les haga llegar y con el "compromiso de analizarlas y debatirlas en el marco de la propia Convención Constitucional".

En ese correo se adjunta el citado texto constitucional, titulado El debate de las ideas: una propuesta de Constitución como una herramienta de reflexión. El documento tiene 73 páginas y en él se explicita que la forma política del Estado será la República ciudadana y participativa. Esta propuesta de Constitución consta de 148 artículos, 2 disposiciones adicionales, 5 transitorias, dos derogatoria y una final.

El destinatario del documento, el Cardenal y Arzobispo emérito de Barcelona, Lluis María Martínez i Sistach, fue sustituido a finales de 2015 en su cargo de arzobispo de la capital catalana por Juan José Omeya, hasta ese momento obispo de la Diócesis de Calahorra, La Calzada-Logroño.

Sistach, que ahora cuenta con 80 años, se mantuvo al frente del Arzobispado de Barcelona tres años más de la edad reglamentaria de jubilación para los obispos –los 75 años– y su relevo no estuvo exento de debate ya que se le situaba en la corriente nacionalista hasta el nombramiento de Benedicto XVI, pero a partir de ahí se abstuvo públicamente con relación a la independencia de Cataluña.

Sin embargo, el arzobispo emérito, doctorado en derecho Civil y Canónico por la Universidad Pontificia de Roma y profesor de Derecho Canónico en la Facultad de Teología de Cataluña, sí fue consultado por los independentistas para realizar el texto de la Constitución de lo que esperaban fuera la futura República. Precisamente, la redacción de un borrador de la Constitución catalana, junto con su apoyo explícito a la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, fue el motivo por el que el exjuez Santiago Vidal fue suspendido el 26 de febrero de 2015 por el Consejo General del Poder Judicial, que le apartó durante tres años de la carrera.

Este castigo supuso también que el juez perdiera su plaza en la Audiencia de Barcelona y si quiere volver tendrá que concursar de nuevo por un destino. El exjuez recurrió esta sanción del CGPJ ante el Tribunal Supremo, pero sufrió un nuevo varapalo en noviembre del año pasado, tres semanas antes de enviar el texto constitucional al Cardenal Sistarch para que realizara aportaciones.

La resolución del Tribunal Supremo se produjo el 21 de noviembre de 2016 y confirmaba la sanción impuesta por el Consejo del Poder Judicial. En ese momento, Santiago Vidal era senador por ERC, que le llevó en las listas de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y en las que se repitieron el 26 de junio de 2016.

Sin embargo, se vio obligado a dimitir del cargo en enero de este año tras conocerse que había estado impartiendo conferencias por Cataluña en las que daba a entender que la Generalitat había obtenido de manera ilegal los datos fiscales de los catalanes para poder poner en marcha la Hacienda catalana una vez que fueran una República.


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