El PSC incluye en su programa electoral recuperar los artículos del Estatuto declarados inconstitucionales

El programa electoral del PSC para el 21D señala entre sus objetivos la necesidad de “superar la anomalía que supuso la sentencia del TC sobre el Estatuto del año 2010”,sentencia del TC un fallo judicial que muchos coinciden en situar como el origen del creciente divorcio entre Cataluña y España. La forma de reparar esa quiebra, proponen los socialistas catalanes, es llevar a cabo “una reforma constitucional federal inclusiva, un acuerdo para conseguir que Cataluña se sienta tratada con justicia y resolver problemas concretos a partir de fórmulas federales de relación y colaboración”.

La sentencia del Constitucional que anuló parcialmente el Estatuto, cuatro años después de que fuera refrendado en las urnas por el 74% de los votantes catalanes el 18 de junio de 2006, “generó profundas heridas” en la sociedad catalana, sostiene el programa del PSC. La “falta de respeto a la decisión que había tomado la ciudadanía” fue “interpretada como la negativa al desarrollo del autogobierno de Cataluña” y “se convirtió en el punto de inflexión de un conflicto territorial y social que, casi diez años después, sigue sin resolverse”.

La “insatisfacción” de muchos catalanes, razona el documento que contiene la oferta electoral de los socialistas, “se ha visto agravada por los efectos de la crisis económica” pero también “por una escalada de despropósitos entre partidarios y detractores de la independencia”.

Entre ellos el PSC tiene reproches para rodas las partes: la “acumulación de incumplimientos por parte de los sucesivos gobiernos españoles”, la “ofensiva recentralizadora” del Gobierno de Mariano Rajoy, los “continuados desafíos a la legalidad del Gobierno catalán y la llamada a la desobediencia”.

Para impulsar el desarrollo normativo del Estatuto de Autonomía, propone el programa, hay que partir de la resolución de los conflictos competenciales pendientes y de “la recuperación de los artículos que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”. Para llevar a cabo este objetivo, enumera el documento, hay que derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), reconocer legalmente las veguerías (las comarcas tradicionales catalanas), descentralizar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, crear el Consejo de Justicia de Cataluña (un Consejo del Poder Judicial a escala catalana) y reanudar los trabajos de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y de la Comisión Mixta de traspasos Estado-Generalitat para culminar los traspasos pendientes y la transferencia de los recursos necesarios.

El programa del PSC reproduce el contenido de la Declaración de BarcelonaDeclaración de Barcelona firmada por Miquel Iceta y Pedro Sánchez, en la que también apuestan por defender la lista de reivindicaciones que Carles Puigdemont entregó a Mariano Rajoy en abril de 2016 —con la única excepción del la exigencia de un referéndum de secesión—, defienden la revisión del sistema de financiación autonómica y de la inversión estatal en infraestructuras estratégicas o el reconocimiento de la lengua, la cultura y los símbolos de Cataluña.

La reforma constitucional que el PSC se compromete a defender si Iceta se convierte en presidente pretende “la transformación del Estado de las Autonomías en un Estado federal” de “carácter plurinacional” que reconozca a “Cataluña como nación”.

La nueva Carta Magna, en opinión de los socialistas catalanes, debería delimitar claramente las competencia del Estado federal y de los “entes federados” reconociendo un “asimetría competencial”. En todo caso,“los temas lingüísticos, educativos y culturales” deben ser reconocidos “como competencia estricta de las comunidades con lengua propia” y la financiación debe incluir los principios de solidaridad, ordinalidad (que el reparto del dinero no altere el orden de riqueza per cápita de los territorios), corresponsabilidad y suficiencia.

Senado federal

El programa de PSC dibuja también, entre otras cosas, un Senado Federal con representantes de los ciudadanos pero también del Gobiernos de los “entes federados” y la territorialización del sistema de gobierno del poder judicial.

Los socialistas aseguran que ese nuevo pacto constitucional, una vez acordado por los partidos, en España y en Cataluña, obtendrá la legitimidad democrática que necesita de los ciudadanos: “No habría solución estable ni legítima que no esté sometida al voto de toda la ciudadanía. La reforma constitucional acordada habrá de ser votada por todos los ciudadanos de España y, después, los catalanes habrán de votar un nuevo Estatuto derivado de este nuevo marco constitucional”.

El programa detalla también las demandas del PSC en materia de financiación. En este capítulo, los socialistas reclaman una Hacienda Federal para “compartir de forma justa y equitativa los ingresos tributarios que se generan en el conjunto de España, manteniendo un elevado nivel de autonomía y responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno”.

“Impulsaremos la negociación de un Pacto Fiscal Federal”, propone el documento, que aumente “la participación actual en el IRPF, IVA e impuestos especiales”, de manera que con ellos “se cubran las necesidades" de los servicios del Estado del Bienestar competencia de las comunidades autónomas.

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El vigente modelo de financiación, critica el PSC, “asigna los recursos finales de manera desequilibrada y no responde a ningún criterio razonable concreto”. Para corregir esa situación, debe garantizarse la aplicación del controvertido “criterio de ordinalidad” tal y como lo validó el Constitucional: que la solidaridad entre comunidades autónomas no puede redundar en un perjuicio para las más ricas.

Esto implica también, en opinión de los socialistas, una “equiparación de resultados” porque sea régimen común o régimen foral (el cupo vasco y navarro), “los recursos finales deben ir convergiendo”.

Para avanzar en la corresponsabilidad fiscal, el PSC apoya también la creación del Consorcio Tributario de Cataluña entre la Agencia Tributaria del Gobierno central y la Generalitat para compartir la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos que pagamos”. Debe ser, aseguran los socialistas, “una manifestación clara del autogobierno y la corresponsabilidad fiscal".