Interior y la Policía responden al Defensor del Pueblo y las ONG: admiten carencias pero dicen que "ya están solventadas"

El internamiento de más de 500 inmigrantes en el centro penitenciario de Archidona (Málaga) continúa generando polémica. Diez días después de estrenar el centro con el traslado de estas personas, numerosas organizaciones de derechos humanos, sindicatos como UGT, partidos políticos y hasta la Iglesia católica han criticado duramente la decisión, a la que tachan de "ilegal" y de vulneración de derechos básicos de los extranjeros. 

El Defensor del Pueblo ha sido el último en pronunciarse. Este viernes publicó un informe en el que admitía haber constatado varias "carencias" que suponían que las condiciones de vida de estas personas no eran las adecuadas. Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, justificó la decisión afirmando que esta había sido adoptada después de la última oleada de llegada de pateras a las costas de Murcia, que habían bloqueado la situación provocando que estas personas, procedentes de Argelia, tuvieran que haber sido trasladadas al centro penitenciario de forma "provisional". Además, no dudó a la hora de afirmar que las condiciones eran "mejores que las de un CIE".

Por el contrario, estas declaraciones han sido criticadas por varias ONG, que no dudan en calificar el traslado de "ilegal" y las condiciones de deplorables. Según el Defensor del Pueblo, "no todos los servicios, incluso algunos elementales" están cubiertos. Por ejemplo, la institución afirma que los inmigrantes tienen que permanecer en el patio todo el día, sin acceso a las zonas comunes, en una vigilancia permanente llevada a cabo por Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP). 

"Ven vulnerados sus derechos básicos"

En este sentido, el responsable federal de UGT prisiones y responsable de Administración General del Estado del sindicato UGT de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de Málaga, Antonio González, aseguró que el Gobierno central está utilizando el internamiento "como una medida para demorar la apertura del centro penitenciario", según informó Europa Press. Y es que estas instalaciones no habían sido estrenadas, lo que, según consideran algunas asociaciones, evidencia la falta de servicios mínimos como agua potable, tal y como denunció José Luis Pascual, presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP). 

Además, la organización Andalucía Acoge presentó este viernes una queja ante el juzgado de Archidona. La decisión se ha adoptado después de que su propio equipo jurídico visitara el centro y constatara, al igual que el Defensor del Pueblo, numerosas deficiencias. Según han explicado en un comunicado, el internamiento incumple la legalidad, privando de "trato humanitario" a los inmigrantes, "que no han cometido ningún delito" pero que, sin embargo, "ven vulnerados sus derechos básicos y fundamentales".

Por su parte, la representante del ACNUR en España, Francesca Friz-Prguda, afirmó que la reclusión de estas personas "es sólo un síntoma de una situación insostenible, caótica y preocupante" que se está viviendo en las costas españolas por falta de una "estrategia nacional" de gestión de los flujos migratorios.

En declaraciones a Europa Press, Friz-Prguda, que se reunió con el Defensor del Pueblo, afirmó que "hay muchas otras lagunas, no sólo el hecho de que ahora haya inmigrantes detenidos en régimen de centro de internamiento de extranjeros dentro de una cárcel", porque, por ejemplo, "hay calabozos totalmente inadecuados y sobreocupados" y "muchas otras lagunas, como de infraestructuras básicas en los puertos de desembarque". "Archidona es un síntoma, no más, de a qué situación podemos llegar en ausencia de una estrategia nacional", destacó. 

Por otro lado, una delegación formada por diputados y senadores de las comisiones de interior de las Cámaras visitaron la cárcel de Archidona para comprobar en qué condiciones estaban internos los inmigrantes. La visita, de corta duración, ha sido calificada de "paripé" por la diputada de Podemos Ione Belarra, quien denunció que el PP esté "vulnerando la legalidad". Desde el partido, además, destacaron que "llevan denunciando desde el pasado 20 de noviembre". 

 

Interior asegura que las deficiencias "están solventadas"

El Ministerio del Interior aseguró este viernes que "están, a día de hoy, solventadas" las "numerosas carencias" detectadas por los técnicos del Defensor del Pueblo. El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido afirma que, a día de hoy, hay cinco médicos y otros cinco ATS que trabajan en turnos las 24 horas y los siete días de la semana en Archidona e incide en que todos los internos ya fueron objeto de un reconocimiento médico a su llegada a las costas españolas a cargo de Cruz Roja. Asimismo, aseguran que los internos pueden hacer uso de los baños situados en la planta baja de cada uno de los módulos durante las "horas de esparcimiento" que permanecen en el patio.

Por último, estas fuentes inciden también en que los inmigrantes "han tenido contacto con sus abogados y con las ONG", que están recibiendo visitas de sus familiares, pueden disponer de sus teléfonos móviles y de un libro de quejas y reclamaciones. Explican además que "desde comienzos de esta semana hay trabajando 21 personas de Cruz Roja entre monitores, educadores y personas de asistencia social".

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El director General de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, dirigió un escrito al Defensor del Pueblo en respuesta a su informe en el asegura que "la situación de urgencia justificaba plenamente que algunos de los servicios necesitaran de un espacio de tiempo insoslayable para ser puestos en funcionamiento".

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, argumenta que España "está afrontando en los últimos meses una situación excepcional en relación con la presión migratoria, que ha llevado a que los Centros de Internamiento de Extranjeros se encuentren al máximo de su capacidad", lo que "ha determinado la necesidad de adoptar una serie de medidas" como el traslado de inmigrantes a esta cárcel aún sin inaugurar.

Esto contrasta, sin embargo, con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de este mismo jueves. El líder del Ejecutivo consideró que la llegada de inmigrantes irregulares a las costas españolas está en "cifras perfectamente asumibles" si se compara con la situación de hace pocos años. Rajoy recordó los tiempos –hace una década– en los que llegaban a Canarias 40.000 inmigrantes al año, mientras que "ahora, por fortuna, no llegan a un centenar". "Tener un éxito del cien por cien es imposible", ha reconocido.