sanidad privatizada

Ribera Salud fracasa en su nuevo intento de frenar la vuelta al sistema público del primer hospital privatizado

Hospital de La Ribera, en Alzira.

Nuevo revés judicial para la empresa Ribera Salud en su intento de paralizar la vuelta al sistema público del departamento de salud de La Ribera, donde está ubicado el hospital de Alzira (València), el primero que adoptó el sistema de titularidad pública y gestión privada y que dio nombre al modelo de sanidad privatizada. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en un auto fechado este jueves, rechaza suspender de forma cautelar la decisión de la Conselleria de Sanidad valenciana de no prorrogar esa concesión, que expira el próximo 31 de marzo. La resolución no es firme y, por tanto, puede ser objeto de recurso. 

Ribera Salud pedía que se suspendiera el acuerdo de no prorrogar la concesión "por las ilegalidades llevadas a cabo en el procedimiento y por la infracción de los principios de transparencia y buena fe". La compañía, que presume de ser la entidad líder en el sector de las concesiones administrativas sanitarias, defiende que esta reversión supone "la extinción de un gran número de contratos de servicios y suministros, la pérdida del sistema de gestión organizativa pionero en España, la paralización de 130 líneas de investigación, la pérdida de plaza para más de 1.000 alumnos, la pérdida de la actividad docente y el caos por el traslado de las historias clínicas".

La sala, que no entra en el fondo del asunto, entiende que en la decisión del Ejecutivo regional "no se producen perjuicios de imposible o difícil reparación" y que tampoco existe sospecha de "una infracción pura y simple" del ordenamiento jurídico. En cuanto a la ponderación de intereses en juego, los magistrados señalan que, como apunta la Generalitat en su escrito de oposición, "la Administración ya ha establecido un plan de trabajo para la reversión y ha incurrido ya en un considerable gasto público". El departamento de salud de la Ribera está compuesto por un hospital, 45 ambulatorios y cinco centros de salud integrados. 

Sin embargo, este no es el primer varapalo de la justicia que recibe su concesionaria, Ribera Salud, en este proceso. El pasado abril el TSJ de la Comunitat Valenciana también rechazó la solicitud de medida cautelar instada por la adjudicataria sobre las normas que la Generalitat dictó para su vuelta al sistema público. La legislación confiere al órgano de contratación, en este caso la Conselleria de Sanidad, la facultad de dictar disposiciones para garantizar la continuidad del servicio una vez revertido al sistema público  (solicitudes de información, creación de grupo de trabajo bilaterales, intervención de la toma de decisiones durante el último año de la concesión...). 

Por otro lado, este mismo tribunal dictaminó el pasado 28 de septiembre el archivo –en este tercer proceso sí hay decisión sobre el fondo del asunto– del recurso que Ribera Salud presentó sobre la comunicación de no prórroga del contrato y la creación de la comisión para poner en marcha las normas de reversión. 

Además, el grupo Ribera Salud, directamente o a través de las otras tres concesiones que tiene en la Comunitat Valenciana (Torrevieja, Dénia y Elche), ha presentado desde 2016 medio centenar de recursos en los tribunales contra resoluciones de la Administración en relación a cuestiones de organización de la Conselleria de Sanidad. Por ejemplo, sobre la designación de unidades de referencia, la organización de redes asistenciales o la nueva regulación de la asistencia oncológica concertada. 

Cambio de modelo 

La Generalitat Valenciana, en manos del PSPV-PSOE y Compromís, dejó claro desde su llegada al poder a mediados de 2015 su voluntad de dar pasos para recuperar el sistema sanitario público. El pasado abril comunicó oficialmente a Ribera Salud que no prorrogaría su concesión sobre el departamento de salud de La Ribera. Hará lo mismo, si sigue gobernando, con las concesiones de los otros cuatro departamentos sanitarios que ahora tienen gestión privada. Se trata de las áreas de Torrevieja, cuya concesión finaliza en 2021, Dénia en 2023, Manises en 2024 y Elche en 2025.

Ribera Salud participa en todas ellas salvo en Manises, donde la concesión está en manos de Sanitas. En total las cinco concesiones abarcan la atención sanitaria de 930.000 valencianos a través de seis hospitales y 122 centros de salud y consultorios. Las concesiones de Ribera Salud –que actualmente es propiedad al 50% de Banco Sabadell y del grupo norteamericano Centene– afectan a 736.000 pacientes potenciales de la Comunitat Valenciana.

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El modelo de centros sanitarios públicos gestionados totalmente por empresas privadas a través de concesiones fue una apuesta del Gobierno valenciano cuando estaba liderado por el conservador Eduardo Zaplana (1995-2002). El sistema, que también aplicó después Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, es el siguiente: la Administración encarga a una empresa la construcción del edificio y, a cambio, ésta recibe un canon anual por prestar atención sanitaria y no sanitaria a los ciudadanos de la población de referencia de ese centro. Cuando las concesiones vencen, si no hay prórrogas, la gestión del servicio es asumida por la Administración y revierten a ella todas las obras e instalaciones realizadas. 

Ribera Salud fue creada por las desaparecidas cajas CAM y Bancaixa, que se repartieron al 50% el capital, para poner en marcha y gestionar el Hospital de La Ribera, en Alzira. Sin embargo, el centro sanitario hizo aguas en sus primeros cuatro años de funcionamiento: registró 5,24 millones de euros de pérdidas entre 1999 y 2002. Esta circunstancia llevó a la Generalitat, que seguía en manos del PP, a rescatar la concesión sacando de nuevo a concurso el hospital con unas condiciones más atractivas para la concesionaria. El rescate, que se realizó de mutuo acuerdo, acabó con una indemnización para la concesionaria de 69 millones de euros, equivalentes supuestamente a la inversión no amortizada y al lucro cesante, aunque el entonces consejero, Serafín Castellano, se negó a detallar en Les Corts el desglose de esa cantidad.

Los nuevos pliegos contemplaban además del hospital el control de los centros de salud del departamento, con lo que se incrementó en un 68% el canon anual que la Administración pagaba por cada habitante de la comarca al que le correspondía este departamento sanitario. La Generalitat defendió entonces que no se había producido un rescate, sino una "redefinición del modelo". La misma unión de empresas anterior, que fue la única en presentarse, resultó la ganadora del nuevo concurso. El cambio de Gobierno que llegó con la autonómicas de 2015, sin embargo, parece haber puesto fin a esa etapa de buena sintonía entre la Administración y las concesionarias sanitarias. 

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