La oposición sospecha que el nombramiento de Sánchez Melgar beneficiará a los casos de corrupción del PP

Los grupos parlamentarios de la oposición han expresado este martes en el Congreso de los Diputados ante el que será el nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, sus sospechas acerca de que su nombramiento pueda beneficiar en un futuro al PP en los casos de corrupción que les afecta, algo que perjudicará a la percepción de independencia del Ministerio Público, ha informado Europa Press.

Así lo han manifestado muchos de los portavoces de Justicia de los partidos que forman la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, ante la que Sánchez Melgar ha expuesto la línea programática que pretender llevar a cabo durante su mandato. Esta comparecencia es el último trámite al que el magistrado del Tribunal Supremo tiene que pasar antes de que el Consejo de Ministros haga oficial su nombramiento.

Todos los partidos, salvo el PSOE y el PP, han insistido en que la comparecencia de Sánchez Melgar antes de ser nombrado es inútil porque su valoración no es vinculante. Por ello, han destacado que esto afecta a la independencia de la institución que va a dirigir, ya que el hecho de que sea nombrado por el Gobierno sin escuchar al resto de grupos no la garantiza.

En este sentido, como ha sido el caso de ERC o del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, le han recordado que su antecesor, José Manuel Maza —fallecido el pasado 18 de noviembre por una infección renal—, fue reprobado por el Parlamento.

"Es un trámite con escaso contenido", ha indicado el vicepresidente primero del Congreso y portavoz de Justicia de Cs, Ignacio Prendes. "La propuesta tiene que hacerla el Gobierno, pero es necesario una opinión favorable, para que el fiscal general del Estado sea de verdad del Estado y no del Gobierno", ha añadido.

Ataque a la independencia de la Fiscalía

Prendes ha apuntado que el hecho de que sea elegido por el Gobierno es "un ataque a la independencia del Ministerio Fiscal", ya que hay "casos de corrupción" que afectan al mismo partido del Ejecutivo. En esta misma línea se ha pronunciado el portavoz del PSOE, Juan Carlos Campo, que, además de destacar la "calidad" de Sánchez Melgar como jurista, le ha recordado que la Fiscalía es un "lugar en el que todo lo que concurre es de alto voltaje".

Campo ha enumerado alguno de los casos que han sido polémicos y han "nublado" este año y que afectan al PP como son el caso Lezocaso Lezo y la Púnicala Púnica y ha mencionado al que fue el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix, nombrado por Maza, que dimitió al conocerse que tenía parte de la propiedad de una empresa familiar domiciliada en Panamá.

Además, para Unidos Podemos, esto es un "reflejo más de la falta de cultura democrática" del PP, ya que, consideran, que tanto el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —obtenido el pasado jueves— como el de la Comisión de Justicia no sean vinculantes no es el "mejor sistema para ganarse la confianza de la ciudadanía".

"Usted tiene una trayectoria profesional excelente, pero no mejor que muchos de sus compañeros" que integran la carrera fiscal, ha agregado el portavoz adjunto de Justicia del grupo confederal, Jaume Moya, que ha compartido su turno de intervención con su compañera Sara Carreño. "Nos preocupa que las injerencias del Gobierno afecte sobre todo en la corrupción que les afecta", ha indicado por su parte la otra diputada de Unidos Podemos.

Trámite enmarcado en la "arquitectura legal"

El peneuvista Mikel Legarda ha sido otros de los diputados que han rechazado este trámite al enmarcarlo como un procedimiento dentro de una "arquitectura legal". Durante su exposición, ha recordado al que será nuevo fiscal general del Estado que las distintas asociaciones de fiscales ya constataron a esta Comisión de Justicia su preocupación por la falta de independencia en la institución.

Por su parte, los grupos parlamentarios catalanes han aprovechado sus intervenciones para pedir al nuevo fiscal general del Estado que sea imparcial e independiente y, sobre todo, en las cuestiones que tienen relación directa con el proceso independentista.

La portavoz de Justicia de ERC, Ester Capella, le ha instado directamente a que "actúe con libertad de criterio" en defensa del "interés general, que no tiene que ser el coincidente con el interés del Gobierno de turno" y con independencia de la "ideología" y de si se es "independentista o no". La Fiscalía General del Estado se ha dedicado a interpretar el Código Penal de "forma y manera" para "perseguir ideología", algo que, según Capella, es característico de "regímenes totalitarios".

Además, ha preguntado a Sánchez Melgar por qué el Ministerio Público tiene una "obsesión enfermiza" de que "determinados investigados" estén obligados a contestar a la Fiscalía cuando eso "vulnera la presunción de inocencia y el derecho de defensa".

En la misma línea se ha expresado Lourdes Ciuró, del PdeCAT, que ha destacado que la situación en Cataluña se ha "judicializado sobremanera". En ese sentido, ha enumerado algunos documentos de la Comisión Europea y de la ONU en la que se hacía una reflexión sobre si se ha vulnerado los derechos fundamentales de los altos cargos de la Generalitat que fueron detenidos en el marco de la investigación por los preparativos del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre o de los consellers catalanes que han estado en prisión, y de los que continúan aún, por los hechos relacionados con la declaración de independencia.

Acabar con la 'catalanofobia'

"La diputada catalana le ha preguntado si se va a poner "al lado" de las instituciones internacionales "en materia de derechos humanos", al mismo tiempo que ha querido conocer cuándo va a poner en marchar los cambios que quiere emprender para garantizar la independencia del Ministerio Público. En esta senda y en busca de la garantía de la imparcialidad, Ciuró ha señalado que el fiscal general del Estado también debe "acabar" con todos los actos que "van en contra de lo catalán" para que no queden "impunes".

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En cuanto a Compromís, su representante, Enric Bataller, que ha sido uno de los portavoces que ha destacado que debe luchar contra la corrupción para que no "exista ninguna sombra de duda" en que hay "igualdad de todos ante la ley", ha mostrado su deseo de no tener a un "inquisidor general que promueva causas generales" que se basen en la política.

Asimismo, ha recalcado que dentro de la defensa de los derechos fundamentales y libertades, debe proteger los derechos lingüísticos reconocidos en la Constitución. Bataller, también ha hecho hincapié en la protección de las víctimas de violencia de género, pero ha enfatizado que se debe tener en cuenta y evitar la "revictimización" de la que se puede beneficiar una persona por "su condición de mujer".

Por último, la conservadora María Jesús Moro ha afeado que algunos grupos hayan intentado "desde el minuto cero" construir una "máscara para la crítica", "argumentos peregrinos, insidias" para "desprestigiar las instituciones políticas para destruir al Gobierno y al partido del Gobierno".