Una acusación popular avisa de que el nuevo juez de la caja B del PP fue designado para el tribunal fuera del plazo legal

Las cuatro acusaciones populares personadas en Gürtel han recusado al unísono al magistrado conservador Juan Pablo González como nuevo miembro del tribunal designado para juzgar las distintas piezas del caso en la Audiencia Nacional. Si IU, la primera en presentar su escrito, incidió el miércoles en el argumento de que González no puede enjuiciar la pieza de la caja B porque depende del PP para seguir ascendiendo en su carrera y le atribuyó una "amistad manifiesta" con ese partido, la asociación de abogados Adade aportó este jueves un motivo inédito para su recusación: que Juan Pablo González, destinado de manera interina en junio de 2015 a la Audiencia Nacional, ha sobrepasado ya los dos años que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé como periodo máximo e improrrogable para las comisiones de servicio. 

En el tribunal que, salvo que prospere la recusación, dirigirá la vista sobre la caja B del PP o la de los llamados papeles de Bárcenas, González sustituye a uno de los miembros originalmente designados para esa tarea: el juez Julio de Diego, cuyo voto forzó la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo en el primer juicio de la serie Gürtel. El pasado 20 de noviembre, la sala de gobierno de la Audiencia modificó con efectos retroactivos la composición del tribunal que desde marzo tenía encomendado ese proceso. Todas las acusaciones populares coinciden en que esa decisión alimenta la sospecha de que se ha configurado un tribunal a la carta para el PP.

Según Adade, la incorporación de González, incumpliendo lo preceptuado en la LOPJ, al tribunal que debe juzgar una causa directamente ligada al partido que le propuso como vocal del Poder Judicial (CGPJ), le invitó a impartir cursos en la fundación FAES y le nombró luego magistrado de enlace en París incrementa la "apariencia de falta de imparcialidad". En la votación del Senado que en 2001 aupó en la práctica al magistrado al CGPJ participaron varios parlamentarios del PP relacionados con el caso Gürtel, bien como imputados o como testigos. Entre ellos figuran Jesús Sepúlveda, ahora en espera de sentencia tras el  juicio de la llamada Época I, testigos como Pío García Escudero y Esperanza Aguirre.

El nombramiento de González para la sala de los papeles de Bárcenas se materializó con una providencia fechada el 4 de diciembre, cuatro días antes de que –sostiene Adade– expirasen los dos años de comisión de servicio sin contar los seis meses previos en que ocupó de manera interina el juzgado central 3. Pese a ello, la Audiencia Nacional introduce a Juan Pablo González en el tribunal que dirigirá una vista para la que todavía no hay fecha pero que, sea cual sea, "quedará ya muy lejos" del límite marcado por la LOPJ, aseguró este jueves a preguntas de infoLibre el autor del escrito de Adade, el letrado Francisco Montiel.

Todas las acusaciones abundan en dos factores para ilustrar sus tesis de que González no puede bajo ningún concepto sumarse a ningún tribunal de Gürtel. El primer factor es que su trayectoria demuestra que mantiene no una mera afinidad ideológica con el PP sino un vínculo que se encuadra en una de las causas habituales de recusación: la amistad con alguna de las partes en el proceso. El segundo nexo común a los escritos de las cuatro acusaciones estriba en que su nombramiento para el tribunal está contaminado desde su origen porque en él participó la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, quien en 2015 ya fue apartada de Gürtel precisamente por su relación con el PP.

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Sobre los vínculos del magistrado con el PP, los socialistas ofrecen por ejemplo una tabla de hitos profesionales del magistrado en el escrito relativo a la pieza de la visita del Papa a Valencia, otra de las derivadas de Gürtel en cuyo tribunal González se incorpora como nuevo integrante. Esa tabla documenta cómo sus sucesivos ascensos que estaban supeditados a una decisión política se produjeron siempre durante los mandatos del PP.

En 2001, con Aznar como presidente, González se convirtió en vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del grupo del PP en el Senado. Tras un párentesis iniciado en 2008 como magistrado de la Audiencia de Vizcaya y que se cerró en 2011 con su entrada en la sección 15 de la Audiencia de Madrid, el Gobierno le nombró en marzo de 2012 magistrado de enlace en París. Tras su cese, en mayo de 2015, "y sin solución de continuidad" –remarca el PSOE– pasa a la situación de comisión de servicios en la Audiencia Nacional: primero en el juzgado de instrucción 3 y luego en la Sala de lo Penal. De manera fallida, González optó a la presidencia de la Audiencia en tres ocasiones: en 2012, 2014 y 2017. Esta sucesión de datos, sostienen los socialistas,  "altera la imagen de imparcialidad cuando se trata de enjuiciar al partido político bajo cuyos gobiernos ha sido promocionado y ha presentado sus candidaturas más ambiciosas, sin que concurrieran los méritos necesarios, a juzgar por el resultado de las mismas".

El escrito de Observatorio Desc concede gran relevancia para la recusación al hecho de que la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, participase en la alteración del tribunal que juzgará la caja B del PP. Ese hecho, sostiene esta acusación, "resulta ciertamente anómalo". Y expone así el porqué de su afirmación: "El problema percibido, de cara a demostrar la exigida apariencia de imparcialidad, es que la propia magistrada que fue recusada ha seguido interviniendo en la composición de la sala de enjuiciamiento de la presente causa, de forma que la alteración de la sala ha tenido efectos retroactivos". Espejel, concluye Desc, "debió abstenerse de dicha participación en cuanto que fue apartada para el conocimiento de este procedimiento (...) por su estrecha proximidad al PP".