Puigdemont busca un pacto que evite su ingreso en prisión mientras Jordi Sànchez emerge como 'plan B'

Carles Puigdemont, el cesado president de la Generalitat, quiere negociar a través de sus abogados un acuerdo con la Fiscalía para pactar su entrega a cambio de que el Ministerio Público no solicite su ingreso en prisión provisional, según fuentes de su candidatura consultadas por infoLibre.

El cabeza de lista de Junts per Catalunya cuenta con que, una vez superada la cita electoral, el juez que instruye en el Supremo la causa por la supuesta comisión de delitos de sedición y rebelión pondrá en libertad bajo fianza al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, en la vista convocada para el 4 de enero. Si también salen los otros dos promotores de la independencia que siguen en prisión, Joaquim Forn y Jordi Sànchez, Puigdemont cree que tendría sentido un acuerdo para que él mismo se garantizase ser puesto en libertad bajo fianza.

La Fiscalía ha mantenido hasta el momento una postura de extrema dureza en sus peticiones de prisión para los políticos catalanes, así que a priori parece imposible que pudiese aceptar el plan de Puigdemont.

En cualquier caso, y con independencia de la disposición del Gobierno y de la Fiscalía a negociar un acuerdo para que Puigdemont se entregue a cambio de no ir a prisión, el candidato a la Presidencia de JuntsxCat  tiene que tomar una decisión antes del 23 de enero: o regresa a Cataluña para intentar, con o sin pacto, participar en la constitución del Parlament y optar a la investidura, o se queda en Bélgica. En caso de permanecer huido, fuentes de la candidatura Puigdemont admiten que tanto el president cesado como sus compañeros de fuga no descartan la posibilidad de renunciar a sus actas de diputados para que su ausencia no prive a los independentistas de la mayoría parlamentaria que necesitan para formar gobierno.

Esquerra ya ha confirmado su decisión de apoyar la investidura de Puigdemont, pero si éste renuncia, los republicanos se plantean la hipótesis de proponer la investidura de su líder, Oriol Junqueras, con el argumento de que, al ser el vicepresidente del Govern cesado, su elección como nuevo president garantizaría la idea de “restauración” del Ejecutivo anterior tras la aplicación del 155.

En Junts per Catalunya, sin embargo, no están por la labor. Quieren hacer valer su condición de candidatura independentista más votada y ya manejan la idea de proponer para la investidura, si finalmente Puigdemont renuncia, al número dos de la lista, el expresidente de la Assamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez, encarcelado en la prisión de Soto del Real desde el 16 de octubre. Su nombre evitaría una guerra interna en las filas de JuntsxCat y sería más fácilmente asumible por Esquerra.

Entre JuntsxCat y Esquerra suman ocho diputados que, en principio, no podrán tomar posesión con normalidad de sus escaños. Cinco de ellos permanecen en Bruselas para eludir la acción de la justicia (Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig, los tres de JuntsxCat, y Antoni Comín y Meritxell Serret, ambos de ERC) y los otros tres están en prisión (Oriol Junqueras, de ERC, y Joaquim Forn y Jordi Sànchez, los dos de JuntsxCat).

Fuentes del Parlament de Cataluña aseguran que todos ellos pueden delegar la recogida de sus credenciales así como la promesa o juramento de acatamiento a la Constitución y el Estatut, de manera que, en principio, estos trámites no deberían suponerles ningún problema para convertirse en parlamentarios autonómicos de pleno derecho. Pero eso no les garantiza, ni mucho menos, que el juez les permita acudir a la Cámara a trabajar y a votar.

El efecto sobre la mayoría

Si ninguno de ellos puede acudir a la sesión constitutiva del Parlament (que tiene que celebrarse antes del día 23 de enero pero cuya fecha aún está pendiente de fijar por el Gobierno de Mariano Rajoy, que ejerce las funciones de la Generalitat en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución), los 70 escaños del independentismo quedarán reducidos a 62, seis menos que la mayoría absoluta. Eso daría a los no soberanistas (que suman 65 escaños contando a Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú y el PP) la oportunidad de decidir la composición de la Mesa, el órgano que dirige el funcionamiento de la Cámara y cuyo control, como quedó de manifiesto los pasados meses de septiembre y octubre, es absolutamente esencial para gestionar la legislatura. A menos, claro está, que los independentistas consigan pactar la composición de la Mesa con otro grupo, como por ejemplo los comunes de Xavier Domènech.

Para complicar aún más la situación, el Tribunal Supremo ha decidido este viernes imputar por delitos de rebelión, sedición y malversación relacionados con el procés, entre otros, a la diputada electa de ERC Marta Rovira. Si el juez Pablo Llanera, instructor de la causa, decide ordenar su ingreso en prisión, habría que restar otro escaño a la mayoría independentista, lo que les dejaría en 61 escaños, siete menos que la mayoría absoluta.

Para evitarlo, el independentismo tiene varias opciones. La primera es conseguir que los diputados electos que están en prisión salgan de la cárcel (y que la imputada Rovira no ingrese en prisión). Eso es lo que la defensa de Junqueras va a intentar el próximo 4 de enero, fecha en la que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene previsto estudiar si se levanta o no la medida de prisión que pesa sobre él desde el pasado 2 de noviembre.

Pero aún así, sólo conseguirían sumar 65 escaños (tres menos que los que necesitan para decidir la composición de la Mesa) porque hay cinco diputados que siguen en Bruselas y si regresan es muy probable que el juez de Supremo decide su ingreso inmediato en prisión.

La solución más sencilla es que todos los parlamentarios huidos o en prisión (o una parte, para salvar a Puigdemont y a Junqueras) renuncien a sus actas, lo que permitiría a JuntsxCat y ERC cubrir sus escaños con otros diputados no sometidos a la acción de la justicia.

Porque más allá de la constitución del Parlament y de la crucial elección de la Mesa, los independentistas tendrán que hacer frente, antes del 6 de febrero, a un escenario aún más complicado: la primera sesión de investidura. JuntsxCat y Esquerra aspiran a proponer a Carles Puigdemont y el primer problema es cómo conseguir que pueda defender su investidura sin ser detenido por orden del Tribunal Supremo.

El Reglamento del Parlament establece, en su artículo 146.1, que el candidato presente, sin límite de tiempo, el programa de gobierno y solicite la confianza del Pleno. No dice que deba hacerlo de forma presencial, pero tampoco que se pueda hacer de otra manera, por ejemplo por videoconferencia, lo que deja cierto margen a la interpretación a parte de la Mesa. No obstante, fuentes del Parlament aseguraron a infoLibre que en la investidura el candidato “sí debe estar presente”, lo que obligaría a Puigdemont a presentarse en la Cámara.

En las últimas semanas, los partidos independentistas han especulado con la posibilidad de aprovechar los diez días que, como máximo, median entre la sesión constitutiva del Parlament y el primer debate de investidura para llevar a cabo una reforma exprés del reglamento de la Cámara que permita a Puigdemont defender a distancia su programa de investidura y a los demás diputados huidos o presos ejercer su derecho a voto por delegación. En la actualidad, la norma que regula el funcionamiento del Parlament sólo permite esta posibilidad a los diputados de baja por maternidad o paternidad o bien por motivos de hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente acreditadas.

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Pero para cambiar el Reglamento del Parlament con tanta rapidez los independentistas necesitaría controlar la Mesa y aún así ni siquiera está claro que pudieran hacerlo, porque la norma actual exige que la reforma se apruebe por mayoría absoluta (algo que no tienen con ocho diputados huidos o presos) y además debe iniciarse en la Comisión de Reglamento, que no puede empezar a trabajar hasta después de la investidura (artículos 59 y 60).

Este complejo escenario parlamentario se puede complicar aún más si la CUP consuma su amenaza de no asistir a los plenos o usar sus cuatro votos para tratar de bloquear su funcionamiento, tal y como los anticapitalistas se comprometieron a hacer en su programa electoral. 

“En caso de derrota de los planteamientos republicanos, o en caso de que el resto de candidaturas independentistas [JuntsxCat y ERC] no prioricen la materialización la República”, señala el citado documento, “CUP optará por una táctica de no colaboración, a través de la no asistencia a los Plenos o el voto de bloqueo, ya que entenderá que habrá ignorado el mandato popular del 1 de octubre así como la proclamación de la República el 27 de octubre en el Parlament”.