La Pablo Iglesias y otras seis fundaciones políticas cerraron 2015 con saldo negativo, según el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas detectó en su último informe de fiscalización de los partidos políticos y sus fundaciones que un total de siete de estas entidades estaban en números rojos al inicio de 2016, entre ellas la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Ideas para el Progreso, ambas vinculadas al PSOE.

El informe aprobado por el órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda y recogido por Europa Press, analiza las cuentas de un total de 43 fundaciones políticas correspondientes a los años 2014 y 2015.

El fiscalizador concluye que siete de estas entidades disponían de patrimonio neto negativo al cierre del ejercicio 2015 y destaca "por su importancia cuantitativa" a la Pablo Iglesias y la Fundación Ideas para el Progreso, por importes de 1,52 millones y 326.279 euros, respectivamente.

Ambas son entidades vinculadas al PSOE. La Pablo Iglesias, que nació en 1977, estuvo presidida en los últimos años por el exvicesecretario general del partido Alfonso Guerra, quien fue sustituido en el cargo por José Félix Tezanos tras la vuelta de Pedro Sánchez a la secretaría general del partido la pasada primavera.

La Fundación Ideas para el Progreso, creada en 2008, fue objeto de un escándalo en el verano de 2013 tras descubrirse que pagó por la publicación de artículos a la esposa del entonces director de la misma, Carlos Mulas. El partido anunció su disolución a partir del 1 de enero de 2014, pero ese año todavía recibió donaciones por valor de casi 100.000 euros.

Fundescam, relacionada con la 'Gürtel'

Al cierre de 2015 también la sociedad Fundación Elkartu S.A., de Eusko Alkartasuna, presentaba un saldo negativo, en su caso de 648.409,84 euros, y se encontraba incursa en una causa de disolución.

También están en esta lista dos entidades vinculadas a la Chunta Aragonesista. Se trata de la Fundación Gaspar Torrente para la investigación y el desarrollo del aragonesismo, que funciona desde 1998 y que acabó 2015 con un saldo de -108.719 euros, y la Fundación Aragonesista 29 de Junio, nacida en 2004, que se quedó con -35.786 euros de saldo.

En la misma situación estaba hace dos años Fundescam, la fundación del PP que se creó en el año 2000 para organizar cursos de formación en la Comunidad de Madrid. Esta entidad cerró 2015 con un saldo negativo de 7.132 euros y fue disuelta en aquel ejercicio tras ser vinculada con la supuesta financiación ilegal del PP y la trama Gürteltrama Gürtel.

La séptima fundación que finalizó aquel ejercicio con saldo negativo, en su caso de 2.467 euros, fue la Fundación Canaria Centro de Estudios Canarios Siglo XXI, de Coalición Canaria, creada en 2010.

No se registran, ni remiten la auditoría

El Tribunal aconseja a las fundaciones que presentan dos o más ejercicios con "situación patrimonial negativa" que ajusten sus actividades y elaboren un plan de saneamiento para evitar caer en situaciones de insolvencia, "habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos registrados". Además, aconseja disolver las que acumulen varios años sin actividad.

El informe pone de manifiesto que a 31 de diciembre de 2015 solo nueve de las 43 fundaciones vinculadas o dependientes de los partidos políticos, y ninguna de las siete entidades vinculadas o dependientes de ellos, se habían inscrito en la sección específica del Registro de Partidos Políticos, incumpliendo lo previsto en la Ley de Partidos.

La mayoría de las fundaciones presentaron sus cuentas al Tribunal, aunque algunas lo hicieron tras ser expresamente requeridas para ello, pero una gran parte de ellas no le remitieron el informe de auditoría que deben enviar obligatoriamente al fiscalizador desde 2015. Además, las cuentas anuales correspondientes a los últimos ejercicios no han sido publicadas en las respectivas páginas web en el caso de 28 fundaciones, 4 asociaciones y 3 sociedades.

El Tribunal recuerda que no remitir las cuentas anuales y el informe de auditoria puede conllevar una infracción, por lo que pide que se actualice el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior en lo referente a las formaciones políticas para evitar confusiones. También plantea que la inscripción en el registro correspondiente se establezca como requisito para poder acceder a las subvenciones públicas.

10,2 millones en donaciones

En cuanto a las aportaciones y donaciones privadas a fundaciones y entidades vinculadas o dependientes, la fiscalización recoge que estas ascendieron a 5,3 millones de euros, en 2014, y a 4,9 millones, en 2015.

En este punto, el informe observa una serie de incumplimientos tales como donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias al no tener abiertas cuentas específicas al efecto, donaciones procedentes de personas jurídicas de las que no se aporta el acuerdo del órgano social competente o que no fueron notificadas al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses o entregas de efectivo resultantes de convenios de colaboración no notificadas al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses desde su aceptación.

El total de subvenciones percibidas por las fundaciones vinculadas o dependientes ascendió a 3,8 millones de euros en 2014, y a 3,4 millones en 2015, habiendo sido fiscalizados, en ese último ejercicio, los gastos financiados con cargo a ellas, no admitiéndose como subvencionable un total de 55.666,51 euros.

Aplicarles los mismos criterios que a los partidos

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En el apartado de recomendaciones el fiscalizador vuelve a insistir en la conveniencia de que se aplique a las fundaciones políticas los mismos requisitos y limitaciones que se exigen a los partidos en relación con las donaciones porque así se "potenciaría la transparencia en la financiación de las formaciones políticas y la eficacia de su control".

Según la legislación vigente, mientras los partidos no pueden recibir donaciones de personas jurídicas y hay un tope de 50.000 euros anuales para las procedentes de personas físicas, las fundaciones pueden recibirlas tanto de particulares como de empresas sin límite alguno. Sólo están obligadas a publicar las que superen los 120.000 euros.

El fiscalizador también estima "oportuno" que estas entidades adecuen su actuación a la realización de los fines para las que fueron creadas y no se limiten a "la mera tenencia de bienes inmuebles que se pongan a disposición de los partidos políticos, o, en general, a la obtención o gestión de recursos para financiarlos".