x

Nos gustaría enviarte notificaciones de las últimas noticias y novedades

PERMITIR
NO, GRACIAS
X

Accede a todos los contenidos de infoLibre durante 15 días por 1. | El periodismo tiene un valor

infolibre Periodismo libre e independiente

¿Quiénes somos? Sociedad de Amigos
Buscador de la Hemeroteca

Hazte socio
Iniciar sesion con Google Iniciar sesión Regístrate
INICIAR SESIÓN
¿Has olvidado
tu contraseña?
Secciones

Regístrate en infoLibre Comenta las noticias y recibe las últimas novedades sobre nosotros.

Gracias por registrarte en infoLibre Si además de comentar noticias quieres hacerte socio, sigue este enlace: Hazte socio
Formulario de Registro
¿Qué es Nombre público?

Es el nombre que se mostrará cuando hagas un comentario en infoLibre.es




El caso de los ERE

Cinco fechorías con el dinero del 'fondo de reptiles'

  • La falta de vigilancia sobre las ayudas públicas en la Junta entre 2000 y 2011, por la que se juzga a 22 ex altos cargos del PSOE, permitió la proliferación de fraudes
  • infoLibre repasa casos de favoritismo, derroche y pillería que ilustran una época de abusos con dinero público

Publicada el 17/12/2017 a las 06:00 Actualizada el 19/11/2019 a las 14:01
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Mas Redes

Envíalo a un amigo Imprimir Comentarios

La jueza Mercedes Alaya, el mes pasado a su llegada a los juzgados de Sevilla.

La jueza Mercedes Alaya, impulsora de la investigación sobre los ERE.

EFE
Primer día del juicio. Los periodistas instalados en la sala de prensa habilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en los juzgados de Sevilla, sobre todo los que necesitaban un corte para la radio o la televisión, afinaban el oído para encontrar una frase que llevarse a la cabecera del informativo. No hubo gran cosa. El funcionario Rafael Castro leyó sin el menor énfasis, con la mayor atonía, los 44 folios del escrito de acusación de la Fiscalía en la pieza política de los ERE. La cosa consumió más de media mañana de la primera sesión del proceso. Los que ya habían leído el escrito sabían que no merecía la pena estrujarse demasiado la cabeza buscando un entrecomillado espectacular. Tanto el auto de mayo de 2016 del juez Álvaro Martín que cerró la instrucción como el escrito de Anticorrupción carecen de la habitual fuerza expresiva de las narraciones penales. Leyes, convenios, alertas, procedimientos, modificaciones, presupuestos, reuniones... Ésta es la materia prima de la acusación pública, que concluye apuntando a dos delitos fundamentales: prevaricación y malversación. Todo ello basado en un supuesto ánimo de opacidad en el reparto de fondos públicos.

Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como otros 20 ex altos cargos y ex altos funcionarios de la Junta, se sientan en el banquillo en un proceso que pone en duda la legalidad del funcionamiento del sistema de reparto de fondos dotado entre 2000 y 2011 con 855 millones de euros, según la instrucción judicial. No se les acusa de llevarse dinero, sino de no atajar un sistema fraudulento del que se lucraron terceros: intrusos, comisionistas, conseguidores, en ocasiones miembros o próximos al PSOE. Según los jueces Mercedes Alaya y Álvaro Martín, pero también a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, los acusados permitieron por acción u omisión, de forma deliberada, la creación y mantenimiento de un modelo de concesión de ayudas sociolaborales que escapaba a los controles internos de la propia Junta de Andalucía.

La pieza política, construida sobre un relato de apariencia burocrática, ofrece sólo una perspectiva muy parcial del caso. Leyendo –y más aún oyendo leer a Rafael Castro– el escrito de la Fiscalía para la pieza política, se ignorarían todos los usos irregulares supuestamente cometidos con ese fondo, que el director general de Empelo entre 1999 y 2008, Javier Guerrero, denominó "fondo de reptiles". infoLibre repasa cinco historias de supuesto fraude, pillería, amiguismo, derroche y chanchullo, que constituyen la cara B del caso de los ERE, la que no se juzga estos días pero está en la mente de todos. Las defensas de los políticos alegan que éstos desconocían estos hechos, cometidos durante su etapa como responsables del dinero público andaluz. El primer juicio establecerá si su responsabilidad en los usos irregulares del dinero público es no sólo política, sino también penal.
 

En autobús a firmar un contrato fraudulento


 

El episodio del autobús es de lo más delirante desvelado por la investigación judicial. ¿De qué hablamos? La historia está relatada en un auto de la jueza Mercedes Alaya de noviembre de 2013. Según Alaya, Juan Lanzas, supuesto conseguidor de ERE, el vértice entre las empresas que querían prejubilar trabajadores, la Junta de Andalucía y las intermediadoras, todo ello a cambio de una comisión, llegó a un acuerdo con su amigo el empresario Juan José Viedma. A saber: Lanzas había mediado en el ERE del Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba), en el que se prejubilaron 23 empleados. No todos habían trabajado en dicha empresa. También se prejubilaron por el matadero la pareja de Viedma Gallardo y su hija, de sólo 30 años, según el auto de Alaya. A cambio de esta "concesión", Lanzas le pidió a su amigo y compañero de caza un "favor", por utilizar los términos del auto. "Como quiera que habían transcurrido más de 90 días desde que los antiguos trabajadores del matadero que se querían prejubilar habían cesado de percibir las prestaciones por desempleo, no podían por ello solicitar el Convenio Especial con la Seguridad Social. Para salvar ese escollo, [...] se firmarían contratos laborales para los extrabajadores del matadero que pretendían prejubilarse", señala el auto.

La forma en que esto se llevó a cabo tiene miga. Los trabajadores que tenían que firmar este contrato fraudulento, de los que no se cuantifica el número, "fueron trasladados en un autobús hasta el domicilio social" de la empresa de Viedma y su pareja en la provincia de Jaén, en un pueblo a más de 200 kilómetros de Fuente Obejuna. Allí los trabajadores firmaron contratos "a todas luces falsos", según Alaya, "pues estos trabajadores no llegaron a prestar servicios laborales en dicha empresa, permaneciendo dados de alta de 16 a 21 días y ello con el solo fin expuesto de solicitar el Convenio Especial con la Seguridad Social". Viedma negó ser amigo de Lanzas y se declaró inocente de los hechos en su comparecencia ante la jueza Alaya.
 

Trabajadores de almacenes, prejubilados EN la mina
 

La pieza que investiga las prejubilaciones en la Faja Pirítica de Huelva, ocurridas en 2003 tras el hundimiento de la minería y que supusieron un coste de 34,6 millones de euros, contiene todos los elementos propios de los ERE supuestamente irregulares, sobre todo dos: intrusos y sobrecomisiones. Fue uno de los mayores cierres sufragados con el sistema bajo sospecha. Afectó a las minas de Riotinto (300 prejubilados), Almagrera (256), Filón Sur (19), Nueva Tharsis (55) y Navan (6), entre otras.

La jueza María Núñez, sustituta de Mercedes Alaya y responsable de la división del caso en múltiples piezas, cree que altos responsables de la Junta, del Gobierno central –esto es lo que hace distinta a esta pieza– y de los sindicatos UGT y CCOO, así como responsables de empresas intermediadoras y bufetes de abogados, se conchabaron para introducir intrusos en los ERE, así como para manipular los coeficientes con los que se calcula la "edad minera" o "edad química". Así se pudieron prejubilar con poco más de 40 años y la máxima categoría, según la investigación judicial, trabajadores a los que no les correspondía. En palabras de la juez Núñez, se investiga "la asignación de coeficientes reductores falseados para el cálculo de la 'edad química' de los trabajadores sujetos a los ERE de las empresas de la Faja Pirítica, de modo que como consecuencia de ello se habría incrementado el número de beneficiarios de las pólizas mediante el aumento en algunos extrabajadores de dicha 'edad química'".

Pero ahí no quedó la cosa. Aunque un auto de junio de 2017 de Núñez apunta a un posible cálculo al alza generalizado de las pólizas, la jueza no imputa a los receptores de las ayudas. De hecho, en otras piezas se inclina por eximir de responsabilidad penal a los solicitantes de ayudas, cargándola sobre quienes acuerdan el reparto: políticos, sindicalistas, intermediadores... En cambio, en esta pieza sí imputa a cinco trabajadores. ¿Por qué? Porque su inclusión en el ERE carecía del más mínimo fundamento.

Ninguno había trabajado en las minas, sino en la empresa Almacenes Delgado, según el auto. La jueza cree además que responsables de la mediadora Uniter cobraron sobrecomisiones por la gestión del ERE. En esta pieza están imputados los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, así como otros ex altos cargos, como Javier Guerrero, que fue director general de Empleo entre 1999 y 2008. También están bajo investigación dos ex altos cargos del Gobierno del PP y los ex secretarios generales en Andalucía de UGT (Manuel Pastrana) y CCOO (Francisco Carbonero), entre otros dirigentes sindicales.
 

Cuando el carné del PSOE consigue ayudas
 

El auto de la jueza Mercedes Alaya con el que envió a prisión provisional en noviembre de 2012 al que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández ofrece el retablo más crudo del funcionamiento oculto de los ERE. Fernández habría permitido, primero como viceconsejero y luego como consejero, "un elevadísimo número de ayudas directas a empresas por la sola razón de que las mismas, sus titulares o socios, pertenecían al ámbito personal o político del PSOE andaluz", señala Alaya. La comarca de la Sierra Norte, donde estaban radicados Javier Guerrero y el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, se convirtió en la niña bonita de las ayudas de la Administración, siendo "favorecida desmesuradamente", según Alaya. El importe de las ayudas directas a empresas de esta comarca concedidas bajo la responsabilidad de Fernández ascendió a 51,5 millones, siendo de 30 millones para el resto de Andalucía, según el auto. Un grupo de empresas fue especialmente favorecido, el formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, empresarios de El Pedroso, que acabaron recibiendo más de 30 millones de euros, según la investigación judicial. Rosendo, que falleció el año pasado de un infarto, hijo del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, que antecedió en el cargo precisamente a Javier Guerrero. Entre las empresas del tándem Rosendo-Sayago había una decena, según Alaya, que eran meras pantallas sin actividad para recibir ayudas.

La Junta pagaba prejubilaciones sin comprobar si la empresa podía costearlas con sus propios fondos. Y de este chollo se enteraban siempre "las mismas personas, los mismos despachos profesionales de abogados y técnicos, las mismas aseguradoras, algunas de ellas de dudosa solvencia, las mismas mediadoras o corredurías de seguros, además de sindicatos, y todo ello al calor de lo que era un negocio rentable para todos, pues a todos pagaba la Junta de Andalucía", señala Alaya en su auto de abril de 2012.

Bajo la responsabilidad de Fernández y Guerrero se concedieron, según Alaya, ayudas a concejales y militantes del PSOE en Camas, de donde es el que era el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, cuyo cuñado también se benefició de fondos públicos que no le correspondían. También se beneficiaron de este reparto arbitrario de ayudas, según Alaya, vecinos de El Pedroso, el pueblo de Guerrero, al que acudían a pedir ayuda. El propio chófer de Guerrero recibió ayudas. Y también su suegra, a la que se concedieron casi 200.000 euros en ayudas "por la sola razón de ser familiar de Guerrero", anota Alaya. También entraron como intrusos el conseguidor Juan Lanzas, que se garantizó –según la instrucción judicial– una prejubilación a sí mismo, a su esposa y a varios allegados. Lanzas, según puso de relieve la investigación, llegó a ingresar 13 millones de euros por sus tareas como conseguidor de ERE.
 

1,4 millones a las empresas de su chófer
 

Javier Guerrero, como director general de Empleo, tenía fama de llegar pronto a la Consejería y regresar tarde a su pueblo, El Pedroso, donde mantuvo su residencia. Su chófer, Juan Francisco Trujillo, era también su amigo. La jueza María Núñez acaba de mandar a la Audiencia Provincial la pieza de las ayudas concedidas por Guerrero a su chófer Trujillo. Éstas ascendieron a 1,4 millones de euros, según la investigación judicial. Trujillo creó dos compañías, Iniciativas Turísticas Sierra Norte y Lógica Estratégica Empresarial, con el único fin de percibir las ayudas, según estableció al inicio de esta parte de la investigación la jueza Mercedes Alaya.

Las andanzas de Guerrero y Trujillo cobraron especial notoriedad al hilo de una declaración de Trujillo en la que afirmó que ambos habían gastado parte del dinero de las ayudas en fiestas nocturnas. "Como contraprestación a las subvenciones concedidas por Guerrero, Trujillo entregó cierta cantidad de dinero en metálico a aquél, así como le compró múltiples regalos de antigüedades, ropa, artículos de telefonía, invitándole habitualmente a copas y a cocaína, pagando todo ello con el dinero de las ayudas públicas recibidas", anotó Alaya en un auto en marzo de 2012. Guerrero, en la comisión de investigación parlamentaria que tuvo lugar en 2012, negó haberse pagado vicios privados con dinero público. "Me tengo por una persona jovial, no he sido un putero ni me he dedicado a la drogodependencia, que no está en mi terrero, estoy dedicado a otras cosas. Me tomo las copas que me apetecen, cuando me apetecen y donde quiero, cosa que también se me cuestiona. Sé cuánto vale un paquete de Marlboro y un gin-tonic, y ya está. No he comprado ni un porro, no me ha hecho falta. Soy fumador y me gusta el gin-tonic, lo he dicho en miles de ocasiones y no voy a estar al pairo de quien quiera ponerme a caer de un burro".
 

El banquero fugado
 

Eduardo Pascual Arxé, exdirectivo de la consultora Vitalia, protagonizó en septiembre de 2014 una de las declaraciones más llamativas de cuantas han tenido lugar en el despacho de Mercedes Alaya. Allí mantuvo que la aseguradora catalana Fortia Vida estaba "controlada por el Partido Socialista de Catalunya", según recoge el auto de Alaya tras tomarle declaración. Según declaró Pascual, la Junta pagó 100 millones de euros a Fortia Vida, de los cuales 18 fueron a empresarios "vinculados" al PSOE. La declaración de Pascual, involucrado en 2003 en la quiebra de Eurobank, no dio lugar a la apertura de una nueva línea de investigación. Alaya no pareció darle relevancia.

Pero el personaje sí que dio de sí. Pascual se fugó de España. En 2015 fue puesto en búsqueda y captura. En mayo del pasado año fue detenido en Burkina Faso. La jueza María Núñez Bolaños solicitó el mes pasado al Gobierno que reclame su extradición a España, al estar Pascual imputado por el supuesto cobro de sobrecomisiones. Según la jueza Núñez, el holding de Pascual "forma parte a su vez de un entramado [...], en el que bajo el control de las mismas personas estarían las aseguradoras" Fortia Vida y Apra Leven, señalando que "el fin del entramado sería [obtener] elevadas comisiones de las pólizas, muy por encima del precio del mercado, habitualmente superiores al 15%". Dichas sobrecomisiones, señala Núñez, "han causado un enorme perjuicio a la Hacienda Pública andaluza". Como todo el caso de los ERE, en realidad.
Más contenidos sobre este tema




Hazte socio de infolibre

14 Comentarios
  • RFripp RFripp 19/11/19 14:25

    Si cometes un delito, te juzgan y te condenan te vas al trullo, ya seas socialista, cura, independentista, pepero ó comunista. 

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    0

  • losdel38 losdel38 11/10/18 20:21

    ... Y está totalmente demostrado que los politicos chorizos, terroristas financieros no tienen miedo.
    En EEUU a un tal Bernard Madoff le salió 150 años de carcel por terrorista financiero.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    2

  • Chulisanchez Chulisanchez 19/12/17 14:44

    Si este dinero forma parte de las arcas de las pensiones de la Seguridad Social, que se restituya totalmente. Es de justicia que muchos trabajadores que han cotizado honradamente cobren sus pensiones y no sufran minoración de las mismas por estos despilfarros.
    Que se revisen todas las pensiones y los que no tienen derecho a las mismas se les retire las pensiones concedidas y devuelvan lo robado.
    Es una vergüenza.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    4

  • Coronel Dax Coronel Dax 17/12/17 22:49

    Mis impresiones sobre este caso:

    1) La jueza Alaya no me parece un ejemplo de imparcialidad, pero creo que tiene el mérito de levantar una liebre que tiene más recorrido político que judicial.

    2) Y es que (desde mi poco conocimiento del caso, disculpen mi atrevimiento) creo que será difícil condenar penalmente a los Sres Chaves y Griñán por haber reducido los controles sobre los gastos en los ERES, cursos de formación, etc. Pero, para mí, aunque salgan absueltos, ello no impide criticarlos desde el punto de vista político. Que no sean condenados no obsta a que critiquemos con severidad una actuación política que ha causado una merma tan importante a las arcas públicas.

    3) De lo poco que conozco personalmente de cursos de formación deduzco que lo que sucedió en Andalucía es extensible a otras comunidades autónomas.

    Un saludo.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    4

  • Thefall Thefall 17/12/17 21:18

    Y luego a poner a parir a la CAV y Navarra de ventajosas por manejar sus impuestos de manera más racional y honrada. Susanita vuestras fiestas os las pagáis vosotros! Ya está bien de pedir ...

    Responder

    Denunciar comentario

    Ocultar 1 Respuestas

    0

    3

    • irreligionproletaria irreligionproletaria 19/11/19 17:53

      Los gestionan mejor, pero, además LOS SUSTANCIAN...

      Responder

      Denunciar comentario

      0

      0

  • Sua Sua 17/12/17 20:28

    Después de todo este fango ¿nos extrañaremos de que a las Autonomías no les llegue el dinero? Que España es un gran País, lo dicen los patriotas, quizá es porque pueden robar lo que quieren y nadie se entera. Cuando dinamitemos la cueva de ALi-BABA podremos decir que España es un país limpio y democrático. ¡Viva el periodismo independiente!

    Responder

    Denunciar comentario

    1

    9

  • TOTOFREDO TOTOFREDO 17/12/17 18:40

    Cuando se acusa al PP de haber acudido a las elecciones "dopado", con toda la razón, que se puede decir del P$O€ en Andalucía ???, a quienes votarían éstos beneficiados por la fortuna ?????.

    Responder

    Denunciar comentario

    Ocultar 3 Respuestas

    1

    8

    • irreligionproletaria irreligionproletaria 19/11/19 15:51

      Al PP

      Responder

      Denunciar comentario

      Ocultar 2 Respuestas

      1

      1

      • irreligionproletaria irreligionproletaria 19/11/19 17:01

        Las 36 páginas de empresas 'benefiarias' comprenden:
        - entidades de órdenes religiosas
        - ongs
        - Empresas extranjeras
        - particulares
        formación, formación, formación...etc. etc.

        ¿Usted, a quien cree que vota está chusma que no aparece por ningún lado en todo el proceso?

        Si el periodo juzgado es el comprendido entre 2000 y 2009, el Presidente de la Junta, fué Chaves y sus equipos en cada una de las legislaturas que gobernó. Griñan fué Presidente entre 2009 y 2013.
        - Vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía: 18/4/2008 a 23/4/2009
        - Consejero de Economía y Hacienda: 24/4/2004 a 23/4/2009
        - Consejero de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 27/8/1990-14/1/1992
        - Diputado del Parlamento de Andalucía por Córdoba y Sevilla, de 14/3/2004 al 12/9/2013.

        Reitero que la sentencia no es firme, hay que esperar el fallo del TS.

        Entre tanto, con esta ayuda inestimable, aparecida hoy, socavan al PSOE con esta sentencia que 'la derecha aplaude con las orejas' se ratifique o no, hasta pueden 'hundirlo' sin oposición...

        "Absueltos los diez acusados del 'caso Mercasevilla' origen de la instrucción de los ERE.
        La sentencia -Mercasevilla- establece que 'no se ha probado' que los acusados 'manipularan' para alterar la adjudicación de la venta de terrenos. Los 10 acusados lo eran por delitos de fraude, exenciones fiscales y prevaricación. De todos los delitos quedaron absueltos al no quedar acreditado la venta fraudulenta ni que se hubiera ocultado información de los implicados en las operaciones mercantiles.
        ¿Quien auditó las cuentas de Mercasevilla? y,
        ¿Quien instruyó el caso de los ERE, durante mucho, mucho tiempo?

        Desde 2018, "sus actividades están orientadas respecto de la financiación de la Inversión extranjera en Andalucía; Difundir a inversores financieros las claves jurídicas, mercantiles, tributarias, contables y laborales que rigen la implementación y el desarrollo de una actividad empresarial en España".

        Encuentra coherente que, quienes se han beneficiado de tantísimos millones ¿no estén encausados?

        Y, se pregunta ¿a quien votan?

        Responder

        Denunciar comentario

        Ocultar 1 Respuestas

        1

        2

        • irreligionproletaria irreligionproletaria 19/11/19 17:51

          La prudencia es una virtud, poco frecuente.

          Siempre valiéndose de la prudencia de los demás....pero, se puede agotar ¿no cree?

          UP no ha gobernado en el Estado...hasta hoy.

          Pero sí, exempli gratia, en el Consistorio capitalino ... las 'chamarilerias' de los 'no viejunos' son mucho mas sibilinas... dotan, pero no ejecutan...no tuvieron tiempo ¿cierto?

          Rajoy se enorgullecía de no dotar ní un € para desarrollar la LMH...ustedes, millones en dotaciones, para hacer clientelismo. Ejecutar, es otro cantar.

          Los próximos, o ejecutan lo que ustedes no hicieron durante su gobierno, o aparecen eliminando dotaciones...

          Conforme avanza 'la ciencia' el algoritmo es capaz de instruir, juzgar y sentenciar en 7 días...cu, cu, e, et...¡oh!

          Responder

          Denunciar comentario

          1

          0

  • charopa69 charopa69 17/12/17 12:28

    Muchas gracias a estas JUEZAS, con mayúsculas, que se están jugando la vida por hacer bien su trabajo, y servir a la sociedad que les paga la nómina. Gracias a ellas, fundamentalmente a la Jueza Alaya, nos estamos enterando, "con pelos y señales", y muchos años de retraso, de las fechorías de una panda de ladrones de lo público.

    ¡¡¡Ojalá hubiera más colegas tan valientes como ellas, o como el Juez Castro que se atrevió con la infanta tonta y su marido demasiado listo, ambos protegidos por la gran familia!!!

    Si se investigara el destino de la lluvia de millones que llegaron a España desde enero de 1986, veríamos que la mayor parte de ellos sirvió para enriquecer a quienes tenían en su mano el poder de repartirlos, entre amigos, y allegados, como siempre, haciendo favores privados con dinero público.

    No olvidemos frases de pesoistas de pro... en su provecho: Carlos Solchaga “España es el país donde es más fácil hacerse rico”, o Zapatero “Bajar impuestos es de izquierdas” ¿Les queda claro a quien han servido? ¿a los trabajadores o a los ladrones?

    Creo que fué en el año 2005 cuando dimitió una funcionaria de la UE, con competencias en materia de fiscalización del gasto, porque, según sus palabras "TAN SÓLO EL 10 % DEL PRESUPUESTO DE LA UE ESTABA JUSTIFICADO". No consigo encontrar la noticia, que creo recordar publicó "El Mundo" en un pequeño espacio de una página par. Supongo que PJ lo único que pretendía era rellenar un hueco sin comprometerse demasiado y que no nos enteráramos, a la vez que se explayaba en sus editoriales en un lenguaje alambicado y retorcido que había que releer para llegar a enterarnos de lo que podría haberse escrito en unos cuantos renglones

    Por no hablar de la gran expropiación, la privatización=regalo a sus amigos, de las empresas públicas que creaban riqueza y generaban beneficios. Todo, según ellos, para modernizar España. Éramos muchas las personas que observábamos con estupor cómo aparecían millonarios de la noche a la mañana, que no ocultaban su enriquecimiento sino que hacían ostentación de él. Pero a quienes osábamos abrir la boca, se nos tildaba de envidiosos...¡de la inteligencia de los ladrones!

    ¡Y así nos va!

    Responder

    Denunciar comentario

    1

    6

  • Púrpura Púrpura 17/12/17 11:09

    Bajo las moquetas, la basura.

    Enhorabuena por la cobertura del caso.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    5

  • pepelu. pepelu. 17/12/17 08:27

    Estoy convencido de que al final, se condenará a unos cuantos a la cárcel que saldrán rápidamente o serán indultados, nadie devolverá ni un céntimo y aquí paz y después gloria. Lo que han cobrado indebidamente millones de euros, dirán ahora que no les queda nada de aquello y entonces…….. Si de mí dependiera, les quitaba todas las posesiones a ellos y a sus testaferros que ostentan la titularidad las inversiones o ahorros, fruto de estos robos y los dejaba literalmente en pelotas para que se busquen la vida, y los responsables, los dejaba pudrirse en la cárcel. Duro?, si pero enormemente ejemplarizante.

    Responder

    Denunciar comentario

    1

    14

 
Opinión
Oferta anticrisis
 
Sociedad de amigos

Ya puedes ser accionista de infoLibre

Cargando...
Cualquier ciudadana o ciudadano interesado en sostener un periodismo independiente como garantía democrática puede participar en la propiedad de infoLibre a través de la Sociedad de Amigos de infoLibre.