Cinco fechorías en el 'caso ERE' perpetradas con el dinero del 'fondo de reptiles'

Primer día del juicio. Los periodistas instalados en la sala de prensa habilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en los juzgados de Sevilla, sobre todo los que necesitaban un corte para la radio o la televisión, afinaban el oído para encontrar una frase que llevarse a la cabecera del informativo. No hubo gran cosa. El funcionario Rafael Castro leyó sin el menor énfasis, con la mayor atonía, los 44 folios del escrito de acusación de la Fiscalía en la pieza política de los ERE. La cosa consumió más de media mañana de la primera sesión del proceso. Los que ya habían leído el escrito sabían que no merecía la pena estrujarse demasiado la cabeza buscando un entrecomillado espectacular. Tanto el auto de mayo de 2016 del juez Álvaro Martín que cerró la instrucción como el escrito de Anticorrupción carecen de la habitual fuerza expresiva de las narraciones penales. Leyes, convenios, alertas, procedimientos, modificaciones, presupuestos, reuniones... Ésta es la materia prima de la acusación pública, que concluye apuntando a dos delitos fundamentales: prevaricación y malversación. Todo ello basado en un supuesto ánimo de opacidad en el reparto de fondos públicos.

Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como otros 20 ex altos cargos y ex altos funcionarios de la Junta, se sientan en el banquillo en un proceso que pone en duda la legalidad del funcionamiento del sistema de reparto de fondos dotado entre 2000 y 2011 con 855 millones de euros, según la instrucción judicial. No se les acusa de llevarse dinero, sino de no atajar un sistema fraudulento del que se lucraron terceros: intrusos, comisionistas, conseguidores, en ocasiones miembros o próximos al PSOE. Según los jueces Mercedes Alaya y Álvaro Martín, pero también a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, los acusados permitieron por acción u omisión, de forma deliberada, la creación y mantenimiento de un modelo de concesión de ayudas sociolaborales que escapaba a los controles internos de la propia Junta de Andalucía.

La pieza política, construida sobre un relato de apariencia burocrática, ofrece sólo una perspectiva muy parcial del caso. Leyendo –y más aún oyendo leer a Rafael Castro– el escrito de la Fiscalía para la pieza política, se ignorarían todos los usos irregulares supuestamente cometidos con ese fondo, que el director general de Empelo entre 1999 y 2008, Javier Guerrero, denominó "fondo de reptiles". infoLibre repasa cinco historias de supuesto fraude, pillería, amiguismo, derroche y chanchullo, que constituyen la cara B del caso de los ERE, la que no se juzga estos días pero está en la mente de todos. Las defensas de los políticos alegan que éstos desconocían estos hechos, cometidos durante su etapa como responsables del dinero público andaluz. El primer juicio establecerá si su responsabilidad en los usos irregulares del dinero público es no sólo política, sino también penal.

  En autobús a firmar un contrato fraudulento

El episodio del autobús es de lo más delirante desvelado por la investigación judicial. ¿De qué hablamos? La historia está relatada en un auto de la jueza Mercedes Alaya de noviembre de 2013. Según Alaya, Juan Lanzas, supuesto conseguidor de ERE, el vértice entre las empresas que querían prejubilar trabajadores, la Junta de Andalucía y las intermediadoras, todo ello a cambio de una comisión, llegó a un acuerdo con su amigo el empresario Juan José Viedma. A saber: Lanzas había mediado en el ERE del Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba), en el que se prejubilaron 23 empleados. No todos habían trabajado en dicha empresa. También se prejubilaron por el matadero la pareja de Viedma Gallardo y su hija, de sólo 30 años, según el auto de Alaya. A cambio de esta "concesión", Lanzas le pidió a su amigo y compañero de caza un "favor", por utilizar los términos del auto. "Como quiera que habían transcurrido más de 90 días desde que los antiguos trabajadores del matadero que se querían prejubilar habían cesado de percibir las prestaciones por desempleo, no podían por ello solicitar el Convenio Especial con la Seguridad Social. Para salvar ese escollo, [...] se firmarían contratos laborales para los extrabajadores del matadero que pretendían prejubilarse", señala el auto.

La forma en que esto se llevó a cabo tiene miga. Los trabajadores que tenían que firmar este contrato fraudulento, de los que no se cuantifica el número, "fueron trasladados en un autobús hasta el domicilio social" de la empresa de Viedma y su pareja en la provincia de Jaén, en un pueblo a más de 200 kilómetros de Fuente Obejuna. Allí los trabajadores firmaron contratos "a todas luces falsos", según Alaya, "pues estos trabajadores no llegaron a prestar servicios laborales en dicha empresa, permaneciendo dados de alta de 16 a 21 días y ello con el solo fin expuesto de solicitar el Convenio Especial con la Seguridad Social". Viedma negó ser amigo de Lanzas y se declaró inocente de los hechos en su comparecencia ante la jueza Alaya.

  Trabajadores de almacenes, prejubilados EN la mina

La pieza que investiga las prejubilaciones en la Faja Pirítica de Huelva, ocurridas en 2003 tras el hundimiento de la minería y que supusieron un coste de 34,6 millones de euros, contiene todos los elementos propios de los ERE supuestamente irregulares, sobre todo dos: intrusos y sobrecomisiones. Fue uno de los mayores cierres sufragados con el sistema bajo sospecha. Afectó a las minas de Riotinto (300 prejubilados), Almagrera (256), Filón Sur (19), Nueva Tharsis (55) y Navan (6), entre otras.

La jueza María Núñez, sustituta de Mercedes Alaya y responsable de la división del caso en múltiples piezas, cree que altos responsables de la Junta, del Gobierno central –esto es lo que hace distinta a esta pieza– y de los sindicatos UGT y CCOO, así como responsables de empresas intermediadoras y bufetes de abogados, se conchabaron para introducir intrusos en los ERE, así como para manipular los coeficientes con los que se calcula la "edad minera" o "edad química". Así se pudieron prejubilar con poco más de 40 años y la máxima categoría, según la investigación judicial, trabajadores a los que no les correspondía. En palabras de la juez Núñez, se investiga "la asignación de coeficientes reductores falseados para el cálculo de la 'edad química' de los trabajadores sujetos a los ERE de las empresas de la Faja Pirítica, de modo que como consecuencia de ello se habría incrementado el número de beneficiarios de las pólizas mediante el aumento en algunos extrabajadores de dicha 'edad química'".

Pero ahí no quedó la cosa. Aunque un auto de junio de 2017 de Núñez apunta a un posible cálculo al alza generalizado de las pólizas, la jueza no imputa a los receptores de las ayudas. De hecho, en otras piezas se inclina por eximir de responsabilidad penal a los solicitantes de ayudas, cargándola sobre quienes acuerdan el reparto: políticos, sindicalistas, intermediadores... En cambio, en esta pieza sí imputa a cinco trabajadores. ¿Por qué? Porque su inclusión en el ERE carecía del más mínimo fundamento.

Ninguno había trabajado en las minas, sino en la empresa Almacenes Delgado, según el auto. La jueza cree además que responsables de la mediadora Uniter cobraron sobrecomisiones por la gestión del ERE. En esta pieza están imputados los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, así como otros ex altos cargos, como Javier Guerrero, que fue director general de Empleo entre 1999 y 2008. También están bajo investigación dos ex altos cargos del Gobierno del PP y los ex secretarios generales en Andalucía de UGT (Manuel Pastrana) y CCOO (Francisco Carbonero), entre otros dirigentes sindicales.

  Cuando el carné del PSOE consigue ayudas

El auto de la jueza Mercedes Alaya con el que envió a prisión provisional en noviembre de 2012 al que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández ofrece el retablo más crudo del funcionamiento oculto de los ERE. Fernández habría permitido, primero como viceconsejero y luego como consejero, "un elevadísimo número de ayudas directas a empresas por la sola razón de que las mismas, sus titulares o socios, pertenecían al ámbito personal o político del PSOE andaluz", señala Alaya. La comarca de la Sierra Norte, donde estaban radicados Javier Guerrero y el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, se convirtió en la niña bonita de las ayudas de la Administración, siendo "favorecida desmesuradamente", según Alaya. El importe de las ayudas directas a empresas de esta comarca concedidas bajo la responsabilidad de Fernández ascendió a 51,5 millones, siendo de 30 millones para el resto de Andalucía, según el auto. Un grupo de empresas fue especialmente favorecido, el formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, empresarios de El Pedroso, que acabaron recibiendo más de 30 millones de euros, según la investigación judicial. Rosendo, que falleció el año pasado de un infarto, hijo del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, que antecedió en el cargo precisamente a Javier Guerrero. Entre las empresas del tándem Rosendo-Sayago había una decena, según Alaya, que eran meras pantallas sin actividad para recibir ayudas.

La Junta pagaba prejubilaciones sin comprobar si la empresa podía costearlas con sus propios fondos. Y de este chollo se enteraban siempre "las mismas personas, los mismos despachos profesionales de abogados y técnicos, las mismas aseguradoras, algunas de ellas de dudosa solvencia, las mismas mediadoras o corredurías de seguros, además de sindicatos, y todo ello al calor de lo que era un negocio rentable para todos, pues a todos pagaba la Junta de Andalucía", señala Alaya en su auto de abril de 2012.

Bajo la responsabilidad de Fernández y Guerrero se concedieron, según Alaya, ayudas a concejales y militantes del PSOE en Camas, de donde es el que era el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, cuyo cuñado también se benefició de fondos públicos que no le correspondían. También se beneficiaron de este reparto arbitrario de ayudas, según Alaya, vecinos de El Pedroso, el pueblo de Guerrero, al que acudían a pedir ayuda. El propio chófer de Guerrero recibió ayudas. Y también su suegra, a la que se concedieron casi 200.000 euros en ayudas "por la sola razón de ser familiar de Guerrero", anota Alaya. También entraron como intrusos el conseguidor Juan Lanzas, que se garantizó –según la instrucción judicial– una prejubilación a sí mismo, a su esposa y a varios allegados. Lanzas, según puso de relieve la investigación, llegó a ingresar 13 millones de euros por sus tareas como conseguidor de ERE.

  1,4 millones a las empresas de su chófer

Javier Guerrero, como director general de Empleo, tenía fama de llegar pronto a la Consejería y regresar tarde a su pueblo, El Pedroso, donde mantuvo su residencia. Su chófer, Juan Francisco Trujillo, era también su amigo. La jueza María Núñez acaba de mandar a la Audiencia Provincial la pieza de las ayudas concedidas por Guerrero a su chófer Trujillo. Éstas ascendieron a 1,4 millones de euros, según la investigación judicial. Trujillo creó dos compañías, Iniciativas Turísticas Sierra Norte y Lógica Estratégica Empresarial, con el único fin de percibir las ayudas, según estableció al inicio de esta parte de la investigación la jueza Mercedes Alaya.

Las andanzas de Guerrero y Trujillo cobraron especial notoriedad al hilo de una declaración de Trujillo en la que afirmó que ambos habían gastado parte del dinero de las ayudas en fiestas nocturnas. "Como contraprestación a las subvenciones concedidas por Guerrero, Trujillo entregó cierta cantidad de dinero en metálico a aquél, así como le compró múltiples regalos de antigüedades, ropa, artículos de telefonía, invitándole habitualmente a copas y a cocaína, pagando todo ello con el dinero de las ayudas públicas recibidas", anotó Alaya en un auto en marzo de 2012. Guerrero, en la comisión de investigación parlamentaria que tuvo lugar en 2012, negó haberse pagado vicios privados con dinero público. "Me tengo por una persona jovial, no he sido un putero ni me he dedicado a la drogodependencia, que no está en mi terrero, estoy dedicado a otras cosas. Me tomo las copas que me apetecen, cuando me apetecen y donde quiero, cosa que también se me cuestiona. Sé cuánto vale un paquete de Marlboro y un gin-tonic, y ya está. No he comprado ni un porro, no me ha hecho falta. Soy fumador y me gusta el gin-tonic, lo he dicho en miles de ocasiones y no voy a estar al pairo de quien quiera ponerme a caer de un burro".

  El banquero fugado

Eduardo Pascual Arxé, exdirectivo de la consultora Vitalia, protagonizó en septiembre de 2014 una de las declaraciones más llamativas de cuantas han tenido lugar en el despacho de Mercedes Alaya. Allí mantuvo que la aseguradora catalana Fortia Vida estaba "controlada por el Partido Socialista de Catalunya", según recoge el auto de Alaya tras tomarle declaración. Según declaró Pascual, la Junta pagó 100 millones de euros a Fortia Vida, de los cuales 18 fueron a empresarios "vinculados" al PSOE. La declaración de Pascual, involucrado en 2003 en la quiebra de Eurobank, no dio lugar a la apertura de una nueva línea de investigación. Alaya no pareció darle relevancia.

Pero el personaje sí que dio de sí. Pascual se fugó de España. En 2015 fue puesto en búsqueda y captura. En mayo del pasado año fue detenido en Burkina Faso. La jueza María Núñez Bolaños solicitó el mes pasado al Gobierno que reclame su extradición a España, al estar Pascual imputado por el supuesto cobro de sobrecomisiones. Según la jueza Núñez, el holding de Pascual "forma parte a su vez de un entramado [...], en el que bajo el control de las mismas personas estarían las aseguradoras" Fortia Vida y Apra Leven, señalando que "el fin del entramado sería [obtener] elevadas comisiones de las pólizas, muy por encima del precio del mercado, habitualmente superiores al 15%". Dichas sobrecomisiones, señala Núñez, "han causado un enorme perjuicio a la Hacienda Pública andaluza". Como todo el caso de los ERE, en realidad.