Un auto judicial de hace solo dos meses incluía a Gallardón como "investigado" en 'Lezo'

Un año después de que la Audiencia Nacional diese vía libre de forma implícita a la imputación de Alberto Ruiz-Gallardón en la Operación Lezo, la situación procesal del exministro de Justicia se ha convertido en un confuso enigma.

El año acabó con una decisión judicial que si bien le acorrala le mantiene todavía oficialmente ajeno al círculo de investigados: la citación como imputados, anunciada el 27 de diciembre, de los que bajo su mandato como presidente de Madrid integraban la cúpula del Canal de Isabel II cuando la empresa de aguas adquirió en 2001 la firma colombiana Inassa mediante una operación bajo sospecha. Pero lo que no había trascendido en ese momento es que apenas dos meses antes, el 17 de octubre, un auto del juzgado central 6 al que ahora ha tenido acceso infoLibre ya asignaba a Gallardón de forma inequívoca la condición de "investigado" en Lezo.

El auto reproduce de manera literal en ese punto un escrito fechado cuatro días antes y firmado por el entonces fiscal del caso, Carlos Yáñez, que renunció poco después. ¿Introduce algún cambio el contenido de ese texto? Funtes de la Fiscalía Anticorrupción aseguran que no. Y que aunque la resolución mencione de forma expresa a Gallardón su situación procesal no ha variado: sobre el exministro no pesa a día de hoy ninguna imputación formal aunque su actuación y su eventual responsabilidad penal en aquella compra siguen bajo investigación.

En otras palabras: Gallardón no está imputado pero sí investigado en la acepción clásica del término. Cuando la Fiscalía tenga en sus manos el resultado de las nuevas pesquisas solicitadas al juez y posea elementos "sólidos" tomará una decisión definitiva sobre el veterano político. "En tanto no se le cite a declarar asistido de abogado no tendrá la calificación de investigado o de lo que antes se conocía como imputado", enfatiza una de las fuentes consultadas. Algunos expertos en el caso consideran que Gallardón está recibiendo un trato similar –por las múltiples cautelas adoptadas– al que la justicia reserva a los políticos aforados. Otros entienden por el contrario que citar al exministro sin unas mínimas garantías previas de que la imputación no se desmoronará perjudicaría al conjunto de una investigación que tiene como principal protagonista nada menos que a otro expresidente de Madrid, Ignacio González.

Dictada por el juez Diego de Egea, asignado en tareas de refuerzo al juzgado  que dirige Manuel García Castellón, la resolución del 19 de octubre tenía por objeto encargar a un nuevo organismo público, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), la localización de bienes vinculados a los delitos investigados en Lezo. Es en el extenso relato de hechos sobre la compra de Inassa donde el nombre de Gallardón aparece. Y esta vez, a diferencia de lo que sucedía con el auto por el que el 19 de enero de 2017 la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional abrió la puerta para que Anticorrupción pidiera la comparecencia del político como investigado, la mención es nominal y no admite interpretaciones. Bajo el epígrafe "Investigados", el juez De Egea arranca escribiendo lo siguiente: "El procedimiento se dirige contra Alberto Ruiz-Gallardón, Carlos Mayor Oreja, Juan Bravo Riera, resto de integrantes del Consejo de Gobierno que adoptó el acuerdo de 2001...". Y a partir de ahí, una larga lista de nombres o cargos que alcanza a los 25 cuya citación quedó decidida hace una semana.

El  magistrado cita a todos los nuevos imputados, entre ellos el recién dimitido presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid y el todavía presidente de Adif, al atender punto por punto la petición de la Fiscalía Anticorrupción. También su auto del 17 de octubre aplicaba la misma regla: asumir la solicitud de Anticorrupción. Entonces, el fiscal era Carlos Yáñez. Ahora, Ana Cuenca. Desde el inicio de la investigación, Yáñez se declaró partidario de llamar a declarar a Gallardón. Tras una primera negativa judicial, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional dio la razón a Yáñez y a la otra fiscal originalmente asignada al caso, Carmen García Cerdá. Pero lo hizo con un auto cuya parte dispositiva –la reservada a la decisión judicial– no incluía la citación del exministro. Ni la de ningún nuevo imputado. Gallardón entró así en una especie de limbo jurídico todavía por despejar.

La incógnita de Panamá

En espera de esa decisión, el exministro ha anticipado ya cuál será su estrategia de defensa llegado el caso. Hace tres semanas, Gallardón compareció ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid. Allí defendió la legalidad de la compra de Inassa, la calificó de ética pese a que se articuló a través de una empresa pantalla del paraíso fiscal de Panamá y negó que implicase el menor sobrecoste a las arcas públicas madrileñas. No obstante, el expresidente remarcó y remachó una afirmación: que jamás supo hasta ahora que el Canal adquirió una empresa panameña para de ese modo hacerse con las acciones de Inassa.

La presencia del paraíso fiscal de Panamá –adujo Gallardón ante la Cámara madrileña– ni siquiera llegó a la mesa del Gobierno por él presidido porque "eso era competencia estricta del Canal"; que la operación se hizo previa petición de dos informes de valoración; que había sido bendecida con antelación por "el mejor" despacho fiscalista del país, Garrigues; y que nadie en el consejo de administración del Canal, en el que participaban cuatro representantes del PSOE y dos sindicalistas, observó nada reprochable.

Fue el propio Ignacio González, antiguo delfín de Esperanza Aguirre, máximo jerarca del Canal de Isabel II casi durante una década y presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, quien de manera involuntaria puso el foco sobre la compra de Inassa. En una de las conversaciones interceptadas por al Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil antes del estallido de la Operación Lezo, González le contó al exministro Eduardo Zaplana que el equipo de Gallardón había adquirido esa compañía colombiana por 100 millones –de dólares– cuando en realidad no valía ni 30. 

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González reveló en esa charla que un informe encargado por él mismo –al bufete Cuatrecasas– había reflejado las irregularidades de esa compra. Y añadió que, a diferencia de su sucesora, Cristina Cifuentes, que denunció ante la Fiscalía la segunda gran compra sospechosa del Canal en Latinoamérica, la de la brasileña Emissao, él guardó en un cajón ese informe.

Pero durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y en una maniobra que podría definirse como de judo intelectual –aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio–, Gallardón invocó en su favor a Ignacio González como "fuente autorizada". "La única fuente autorizada que yo tengo sobre el informe de Cuatrecasas es lo que dice en sede judicial el señor González: que en absoluto concluye que hubiera comisión alguna penalmente relevante".

En sucesivos escritos, tanto la Fiscalía como los jueces que hasta ahora han investigado el caso cifran en 73 millones de dólares (83.655.000 euros al cambio de la época) el desembolso de dinero público efectuado por la compra de Inassa. El informe de Cuatrecasas mencionado por Gallardón destapaba múltiples fisuras en esa operación, en la que el Canal de Isabel II dio entrada a una empresa valenciana, Tecvasa, de capital netamente privado. Tecvasa estaba constituida por antiguos directivos de Aguas de Barcelona, es decir, de la compañía que inicialmente poseía la mayoría de las acciones de Inassa.