La aportación del Gobierno a cada dependiente sigue siendo un 30% inferior a la previa a los recortes

El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros de 2017 aumentar un 5,26% la aportación que hace la Administración General del Estado para financiar las prestaciones económicas o servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o de noche, atención residencial...) que reciben los beneficiarios del sistema de dependencia. En números absolutos esa subida será de 12,27 euros mensuales para los grandes dependientes (de 177,86 euros a 190,13), de 1,65 euros para los dependientes severos (de 82,84 euros a 84,49) y de 3,05 euros para los dependientes moderados (de 44,33 euros a 47,38). De media, el aumento es de 5,66 euros (de 101,68 euros a 107,33).  

El Ejecutivo presume de que este aumento permite "recuperar parte de lo que se perdió por la crisis económica", al tiempo que destaca su "compromiso" con la mejora de la atención de los usuarios. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha destacado que la voluntad del Gobierno es aumentar un 5% al año hasta 2020 estas ayudas porque, a su juicio, "ha llegado el momento de devolver los esfuerzos realizados por las familias".

Los expertos, sin embargo, recuerdan que todavía hay mucho camino por recorrer si el objetivo es revertir los severos recortes aplicados durante la crisis. Según una estimación realizada por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, de referencia en el sector, la aportación que hace el Estado por cada dependiente sigue estando un 30% por debajo de la consignada antes del gran tijeretazo de 2012.

Antes del real decreto aprobado en julio de 2012, la contribución estatal era de 264,22 euros mensuales para los grandes dependientes, de 123,06 euros para los severos y de 77,33 euros para los moderados. De media, 154,87 euros. Por tanto, 47,54 euros más de los 107,33 euros que aportará con la aprobación tras la nueva subida aprobada la semana pasada. En el cómputo anual supone que la inyección del Estado por cada dependiente será, de media, 570 euros menor a la consignada antes de las crisis. 

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, explica que su colectivo ha hecho el cálculo teniendo en cuenta tanto la reducción del 13% del dinero que el Gobierno da a las comunidades por cada dependiente atendiendo a su gravedad (denominado nivel mínimo), como la eliminación de un bloque entero de financiación, el llamado nivel acordado –que fue de 283 millones en 2011– y que no se ha vuelto a recuperar. Ambas medidas estaban contempladas en el citado real decreto de 2012, que también incluyó la suspensión de las cotizaciones por parte del Estado de las personas que cuidan a un familiar dependiente. 

"Es un anuncio que levanta unas expectativas dramáticas en las personas dependientes pero al que va a seguir una gran decepción. ¿De qué le sirve a un dependiente severo una subida de 1,65 euros al mes?", lamenta Ramírez. De hecho, según los cálculos de la plataforma que dirige, este dinero extra apenas va a servir para que unas 12.000 de las 314.925 personas que aguardan en lista de espera reciban la prestación económica o servicio que ya tienen reconocida por la Administración. Es decir, sólo el 3% de los beneficiarios con derecho reconocido accederán al sistema de ayudas tras este incremento.

Consecuencias 

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lleva tiempo denunciando los efectos que tiene para el sistema el menor peso de la inyección económica del Estado. Los últimos datos los aportó el pasado septiembre tras analizar las certificaciones oficiales sobre ejecución de los presupuestos que las autonomías están obligadas por ley a expedir anualmente. Pues bien, según esa documentación, de los 6.911,05 millones de euros que durante 2016 salieron de las arcas públicas para financiar el sistema de dependencia, sólo 1.201,10 fueron aportados por la Administración General del Estado. Los otros 5.709,95 millones de euros los sufragaron las comunidades autónomas. 

Estos datos permiten comprobar cómo, en porcentaje, la contribución estatal se ha reducido de forma significativa desde 2009, cuando el Gobierno aportó casi la mitad del dinero público invertido en un sistema en fase de expansión (1.516,76 de 3.303,18 millones de euros, el 45,92%). En números absolutos la aportación estatal se ha reducido un 20,8%, mientras que la autonómica se ha multiplicado por cuatro (de 1.332,00 millones de euros a 5.709,95).

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"La consecuencia más cruel es que esta asfixia económica impide asumir la lista de espera", señala Ramírez. Aunque la situación ha ido mejorando de forma progresiva desde julio de 2015, los últimos datos oficiales publicados, correspondientes a noviembre de 2017, muestran que el 24,9% de los 1,2 millones de personas a las que la Administración ha reconocido algún grado de dependencia todavía no recibe ninguna ayuda o prestación. Es decir, uno de cada cuatro están en esta situación.

Sin embargo, este no es el único efecto. La reducción de la aportación de la Administración General del Estado deja otras secuelas en forma de mayor carga económica para los usuarios a través de un incremento del copago. Por otro lado, Ramírez también se queja de que el Gobierno ha dejado en manos de las comunidades autónomas, que están sometidas a duros objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, gran parte del peso del sostenimiento del sistema.

Además de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, otros estudios recientes también han alertado sobre el impacto de la reducción del importe mínimo introducida a partir de 2012. En un trabajo de 2016 [consultar aquí] investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señalan que estos recortes "han impactado sobre la cuantía de las prestaciones y la contribución de los individuos al pago de los servicios haciéndolos prácticamente insostenibles".