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Tráfico

Afectados por el caos de la AP-6 se organizan para reclamar indemnizaciones

  • Facua crea una plataforma de afectados con el objeto de asesorarles sobre sus derechos y fomentar que presenten reclamaciones para exigir las debidas indemnizaciones por daños y perjuicios
  • OCU también pone en marcha una acción judicial colectiva tras considerar que la responsabilidad "es compartida" por la concesionaria Abertis y el Ministerio de Fomento, "subsidiariamente"

infoLibre Publicada 08/01/2018 a las 19:23 Actualizada 08/01/2018 a las 21:23    
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Vehículos bloqueados en la AP-6 este fin de semana.

Vehículos bloqueados en la AP-6 este fin de semana.

EUROPA PRESS
Mientras en la esfera pública el cruce de acusaciones y reproches por la gestión de la crisis a causa de la nieve el pasado fin de semana ha continuado este lunes, las organizaciones de consumidores y afectados han puesto en marcha acciones judiciales colectivas para que los usuarios que sufrieron las consecuencias de las nevadas en las carreteras españolas puedan recibir una indemnización por los posibles daños sufridos.

Así, Facua ha constituido una plataforma de afectados por el caos en la AP-6 con el objeto de asesorarles sobre sus derechos y fomentar que presenten reclamaciones para exigir las debidas indemnizaciones por daños y perjuicios en los casos en que puedan acreditarlo, ha informado en su web. 

La asociación ha expresado que durante la mañana de este lunes ha recibido numerosas peticiones de asesoramiento de personas afectadas por el colapso en esta vía de pago y, por ello, aconseja a los damnificados que recopilen toda la documentación acreditativa de gastos que hayan podido tener que hacer frente como consecuencia de estar atrapados hasta 20 horas en la autopista que conecta Segovia con Madrid.

En este sentido, ha indicado que las reclamaciones habrá que presentarlas a Iberpistas (operador de Autopistas, filial de Abertis), la empresa concesionaria de la autopista, "desde el pago del importe del peaje hasta las pérdidas de billetes de avión, tren, autobús, gastos extraordinarios por pasar la noche en hostales u hoteles, gastos de comida, etc". 

Además, ha manifestado que espera que "el Gobierno asuma de una vez sus responsabilidades" en cuanto a los errores cometidos y que el expediente abierto por Fomento a Iberpistas ponga de manifiesto las "irregularidades cometidas por la propia empresa en relación a las obligaciones de concesión".

En la misma línea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha una acción judicial colectiva tras considerar que, en el caso concreto de la AP-6, la responsabilidad "es compartida" por la concesionaria Abertis y el Ministerio de Fomento, "subsidiariamente". "Abertis debe responder e indemnizar a los afectados por las consecuencias de su falta de previsión al no haber adoptado medidas", sostiene.

De este modo, OCU anima a los usuarios afectados a reclamar a los responsables y a pedir "una compensación tanto por los daños materiales objetivos y demostrables (viajes, reservas de hotel u otros gastos), como por los daños morales causados por esta situación fuera de control, para los que estimamos una indemnización que puede rondar los 1.000 euros".

Además, un abogado que estuvo atrapado este fin de semana en la AP-6 ha desarrollado una plataforma para los afectados con el objetivo de presentar una demanda colectiva para reclamar indemnizaciones por "daños morales" y "daños económicos".

Así lo ha asegurado a Europa Press Antonio Rodríguez, el impulsor de la iniciativa, que señala que la plataforma estará a punto este martes 9 de enero, y que pretenden que esté operativa desde por la mañana. Según ha indicado Rodríguez, la gestión de la plataforma y de la demanda colectiva estará dirigida por un equipo jurídico del bufete en el que trabaja, DyR Abogados

Rodríguez indica que el objetivo de la plataforma es presentar una demanda colectiva compuesta, al menos, por 1.000 casos. "Nosotros entendemos que con una reclamación individual, lo que se puede conseguir puede resultar poco atractiva, entonces recomendamos hacer una demanda colectiva", subraya, al tiempo que considera que esta es la "única fórmula" de que no cueste el proceso a los afectados.

Los tribunales obligaron en 2004 a indemnizar con 150 euros

La Audiencia Provincial de Burgos condenó en 2006 a la entonces concesionaria Europistas Concesionaria al pago de una indemnización de 150 euros por "daños morales y patrimoniales" a más de 4.000 personas que quedaron atrapadas por un temporal de viento y nieve en la autopista AP-1 (Burgos-Armiñón) los días 27 y 28 de febrero de 2004.

El auto, que fue ratificado en 2010 por el Supremo, señalaba que cada uno de los afectados (cada ocupante de un vehículo) tendría que ser indemnizado con 150 euros, diez veces el importe del peaje, además del ticket pagado en cada caso, uno por vehículo, "sin menoscabo de otros daños singulares".

Entonces, como ha ocurrido el pasado fin de semana en la AP-6, miles de personas quedaron atrapadas en una autopista de peaje ante un temporal de lluvia, frío y nieve. El Tribunal Supremo confirmó cuatro años después, en 2010, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Burgos y se convirtió en firme, lo que permitía a los afectados proceder al cobro de la indemnización.

Frente a los argumentos de la concesionaria para eludir su responsabilidad, basados en el cumplimiento de las obligaciones que le imponen las normas administrativas, la sentencia afirmó que la relación contractual entre el concesionario de una autopista y el usuario de la misma impone al primero una obligación de diligencia extremada para garantizar las condiciones de seguridad adecuadas a las características de las vías de aquella naturaleza, concebidas para la circulación rápida de vehículos.

Así, entendía el Tribunal Supremo que la falta de previsión ante la nevada, la insuficiente información a los conductores y la falta de coordinación con la autoridad administrativa pesaban más que la imprevisibilidad de las complicaciones meteorológicas, la afluencia extraordinaria de vehículos o la conducta inadecuada de algunos conductores, tal y como alegaba la empresa concesionaria.

Investigación del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado este lunes una actuación de oficio sobre el colapso registrado este fin de semana en la autopista AP-6 a consecuencia de las nevadas para aclarar el origen de la responsabilidad de lo acontecido, al intuir que pudieron darse "disfunciones" e "imprevisiones".

Para ello, se ha dirigido a los ministerios de Interior y de Fomento solicitando información sobre los hechos registrados en la vía los últimos días en los que miles de vehículos y sus ocupantes quedaron atrapados en la carretera tras una nevada.

"De las informaciones facilitadas por las personas afectadas y por diversos medios de comunicación, parece deducirse la existencia de disfunciones, e incluso imprevisiones, en el momento de abordar los problemas descritos", advierte el Defensor del Pueblo en un comunicado recogido por Europa Press.

A su juicio, a la nevada, anunciada previamente por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se sumó el "notable incremento" del tráfico en esas vías que conectan el noroeste de España con Madrid, al coincidir con la operación retorno de Navidad.

Por este motivo, Fernández Marugán ha pedido información sobre cómo se planificó la operación retorno, en concreto, las medidas de coordinación de los servicios adoptadas por Interior y Fomento para su preparación y supervisión.

Además, la institución quiere conocer la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre las limitaciones en el uso de las vías AP-6 y la incidencia en las condiciones del tráfico, previas y durante el 6 de enero, motivadas por las inclemencias meteorológicas previstas.

El Defensor del Pueblo recuerda que en el caso de la AP-6, aunque se trata de una vía gestionada por una entidad privada, ésta actúa por medio de la oportuna concesión administrativa, "en la que deberán constar sus compromisos contractualmente suscritos, para mantener un correcto y adecuado funcionamiento de la vía".

La institución lamenta que en los últimos meses "con excesiva frecuencia" se está detectando un deficiente funcionamiento de los servicios públicos prestados, bien directamente por la Administración o bien por medio de entidades privadas concesionarias —servicios de seguridad en aeropuertos, obtención del permiso de conducir, expedición del DNI y pasaporte, entre otros—, que, según ha alertado, "deberían hacer reflexionar a las autoridades sobre tal situación para corregirla".


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