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'Operación Lezo'

Pedro Calvo culpa a Ignacio González de su imputación y defiende la legalidad de la compra de Inassa

  • El que fuera presidente del Canal en el momento en que se gestó la operación se ha remitido a lo que dijo en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre
  • Los cuatro exconsejeros del Canal de Isabel II que han declarado este miércoles en la Audiencia Nacional han asegurado que desconocían que la compra se efectuó a través de una empresa pantalla ubicada en Panamá

infoLibre
Publicada el 10/01/2018 a las 20:27 Actualizada el 10/01/2018 a las 20:50
Pedro Calvo, expresidente del Canal de Isabel II y exconsejero del gobierno de Gallardón en la Comunidad, a su llegada a la Audiencia Nacional.

Pedro Calvo, expresidente del Canal de Isabel II y exconsejero del gobierno de Gallardón en la Comunidad, a su llegada a la Audiencia Nacional.

EFE
El exconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Pedro Calvo ha explicado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que no hubo irregularidad alguna en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II cuando él era presidente del consejo y ha responsabilizado al expresidente madrileño Ignacio González de su imputación.

El político madrileño ha explicado en conversación con los periodistas recogida por Europa Press que durante las dos horas que ha comparecido ante el juez que instruye el caso Lezo ha respondido a las preguntas de todas las partes excepto a la defensa del exmandatario regional, considerado como cabecilla de la red que se investiga por el presunto desvío de fondos públicos de la empresa pública de aguas.

Calvo, que fue consejero durante la presidencia en la Comunidad de Madrid de Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido la legalidad de la compra de la empresa colombiana, que costo 73 millones de dólares al Canal, y ha negado sobrecostes en la operativa que se cerró en 2001 y que según la Fiscalía Anticorrupción se hizo a través de una sociedad radicada en un paraíso fiscal de Panamá provocando un desfalco de cerca 70 millones de euros.

El que fuera presidente del Canal en el momento se gestó la operación, se ha remitido a lo que dijo en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre. En su comparecencia entonces volvió a culpar de su situación procesal a Ignacio González, de quien dijo que era un "supuesto corrupto" que difamaba a todos los exmiembros del consejo en unas conversaciones.

Se refirió entonces al encuentro que mantuvieron González y el exministro Eduardo Zaplana en el que éste presumió de haber tapado el "muerto" heredado por el gobierno de Gallardón y dijo que había comprado por 100 millones "una empresa que no valía ni 30". Al respecto, desmintió las palabras del principal acusado en esta trama asegurando que la operativa pasó todos los órganos de control.

Ratifica las actas del consejo

Del mismo modo, Calvo ha ratificado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 todo lo dicho en la reunión del consejo de administración del Canal de Isabel II en la que se aprobó la adquisición de Inassa, celebrada el 14 de noviembre de 2001.

Según consta en el acta de aquella sesión, a la que ha tenido acceso Europa Press, Calvo dijo que la operación era "positiva" a la vista de los informes existentes y que ante un hipotético riesgo, que todo negocio lleva implícito, la operación estaba valorada y asegurada económicamente.

En la misma sesión compareció el entonces director gerente de la empresa pública de aguas, Arturo Canalda —también imputado en esta pieza del Lezo—, quien hizo una "pormenorizada exposición" del asunto, que era "reflejo de la documentación entregada a los consejeros". Dijo que Inassa era "el operador calificado de servicios del Grupo Triple A", el cual era, "sin duda, dentro del sector del agua el de mayor presencia en el Área del Caribe" y contaba "con una gran proyección de crecimiento en la región".

Uno de los consejeros, Agapito Ramos, destacó posteriormente, según consta en el acta, la importancia de estos proyectos para el Canal de Isabel II, mientras que José Antonio Ramos subrayó que son a este tipo de licitaciones a las que debía "acudir" la empresa pública y donde ésta podía "desplegar su eficacia contrastada".

Desconocían que Inassa se compró con una empresa pantalla

Así, los cuatro exconsejeros del Canal de Isabel II que han declarado este miércoles en la Audiencia Nacional han asegurado que desconocían que la compra se efectuó a través de una empresa pantalla ubicada en Panamá y han defendido que confiaron en todo momento en los informes técnicos que les facilitó el equipo económico liderado por el entonces gerente Arturo Canalda.

Según fuentes jurídicas presentes en las declaraciones, los exconsejeros Pedro Calvo, José Antonio Llanos, Roberto Molero y Andrés Muñoz han contestado a todas las preguntas que se les han formulado, indicando que en la reunión del 14 de noviembre de 2001 en el que dieron el visto bueno a la adquisición de Inassa se les facilitó información muy general y poco exhaustiva del proyecto.

De este modo, han indicado que en este tipo de procedimientos se les facilitaban los dossieres con 24-48 horas antes de la reunión, y que en la sesión específica de Inassa, tanto Canalda como el entonces director Económico y de Desarrollo Comercial, José Antonio de Cachavera, también informaron en persona a los consejeros del Canal.

En este sentido, todos han declarado que las explicaciones que les dieron les parecieron convincentes y que ellos no tenían forma de comprobar que la operación proyectada pudiera incurrir en ilegalidades, como apunta la Fiscalía Anticorrupción. Sobre todo, han dicho las fuentes consultadas, los exconsejeros tenían plena confianza en Cachavera, ya que era un empleado del Canal.

Gallardón les daba autonomía

La fiscal Anticorrupción Ana Cuenca les ha preguntado a todos los investigados por el grado de participación que pudo tener el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y los exconsejeros han respondido que lo desconocían y que para ello tendría que preguntárselo directamente a él. Así, el exconsejero madrileño Pedro Calvo, que ha sido el primero en declarar, ha dicho que Gallardón les daba autonomía de decisión en este tipo de cuestiones.

De hecho ha precisado que si Gallardón hubiera tenido el conocimiento del que disponían los miembros del consejo hubiera rubricado la operativa que supuso un desembolso para el Canal de 73 millones de dólares en 2001. Según ha explicado, la filial del Canal en Colombia tiene un valor en la actualidad de 200 millones de euros.

Pedro Calvo, presidente de la empresa madrileña en el momento de los hechos, ha sido el primero en someterse a las preguntas de las partes y ha protagonizado el interrogatorio más largo, de cerca de dos horas de duración, mientras que para los otros tres ha sido de entre 15 y 30 minutos de duración cada uno. José Manuel Herrero ha sido el único de los imputados este martes que no ha acudido a la citación.

Se trata de la segunda ronda de interrogatorios que arrancó este lunes con el también exconsejero Juan María del Álamo en calidad de investigado y Rafael Merino como testigo, ya que fue el único miembro del consejo que no estuvo presente en la citada reunión de noviembre y por tanto no votó a favor de la adquisición de Inassa.

En total el magistrado que instruye el caso Lezo, Manuel García Castellón, ha llamado a declarar a más de 25 personas implicadas en la adquisición de la colombiana, ateniendo así la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. Entre ellas destacan antiguos colaboradores muy cercanos a Gallardón como el propio Calvo y el presidente de Adif, Juan Bravo, quien declara el próximo lunes, día en que se reanudan los interrogatorios.
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