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'caso Lezo'

El contable de la empresa pantalla en el pelotazo del golf desmonta la coartada de Ignacio González

Ignacio González acompañado de agentes de la UCO en el marco de la 'operación Lezo'.

Un imputado prácticamente desconocido pero cuyo testimonio se ha revelado esencial pulverizó con su declaración judicial la coartada de Ignacio González sobre el pelotazo que los investigadores del caso Lezo le atribuyen gracias a un campo de golf promovido por el Canal de Isabel II en pleno centro de Madrid. Ese imputado se llama Fernando Serrano. Y era el contable de Tecnoconcret, empresa en la que participaban el hermano y el cuñado de Ignacio González y que en diciembre de 2006 obtuvo en unión de otras dos mercantiles la adjudicación para construir y explotar aquel campo de golf.

La declaración de Serrano, a la que infoLibre ha tenido acceso, agrava la posición del expresidente madrileño, máximo responsable del Canal de Isabel II durante ocho años y antiguo delfín de Esperanza Aguirre. Porque lo que el investigado detalló ante el juez del caso Lezo es que, en contra de lo que Ignacio González ha sostenido siempre, su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero ya eran accionistas de Tecnoconcret cuando el contable se incorporó a comienzos de 2007 a la compañía en calidad de empleado y socio minoritario con un 5% de los títulos. A preguntas del fiscal, que manejaba datos oficiales de la Seguridad Social, Serrano admitió que su entrada en Tecnoconcret pudo producirse ya en diciembre de 2006.

Gracias a aquella concesión otorgada justamente aquel mes de diciembre por la empresa de aguas de Madrid, que entonces presidía el propio Ignacio González, Tecnoconcret cobró tres millones de una filial de Dragados, compañía mayoritaria en la UTE adjudicataria. Todos los datos recabados hasta la fecha indican que su papel real en la construcción del campo de golf fue el de simple conseguidor. Como ya desveló este diario, de esos tres millones y una vez descontado lo que pagó a un subcontratista por la ejecución real de los trabajos, Tecnoconcret se reservó una comisión de 600.000 euros.

"Los tres eran mis jefes"

Hasta ahora, y tras una investigación periodística que Ignacio González intentó parar en los tribunales, se sabía que el hermano y el cuñado del expresidente madrileño habían tomado participaciones de Tecnoconcret en noviembre de 2008. Y que ya antes eran socios de su fundador, José Antonio Clemente, en una tercera mercantil, Tamanaco Consulting SL. Pero la declaración de Fernando Serrano reafirma la tesis de Anticorrupción: que la familia González estuvo presente en esa operación desde el comienzo. Es decir, desde el momento de la adjudicación del golf del Canal. Y cuando el Gobierno que presidía Esperanza Aguirre declaró en enero de 2007 aquella instalación deportiva de "interés general" para modificar el planeamiento urbanístico y eliminar así de un plumazo 50.000 metros cuadrados de zona verde pública en Chamberí, el distrito madrileño con mayor densidad de cemento.

Nada más comenzar el interrogatorio del contable, el fiscal Carlos Yáñez le preguntó si Pablo González y José Juan Caballero trabajaban ya en Tecnoconcret en 2007. El imputado respondió así: "Eran socios, yo creía que eran socios aunque luego supe que formalmente no lo eran todavía pero ellos actuaban como tales socios". En ese momento,  Yáñez repreguntó: "Pero no eran socios formales". Y Serrano no solo convino en que así era sino que amplió su respuesta: "Lo supe después. Para mí había tres dueños, que eran José Antonio Clemente, que de hecho tenía el nombre de la empresa, y ellos dos [Pablo González y José Juan Caballero] como socios también, al 33%". "Los tres eran mis jefes", apostilló Serrano.

 

En la media hora escasa que duró su declaración, el contable de Tecnoconcret confirmó que entre 2008 y 2011 él mismo y José Antonio Clemente retiraron en ventanilla 532.000 euros. Todo el dinero, aseguró Serrano, fue a parar a José Antonio Clemente, Pablo González y José Juan Caballero. Del reparto exacto de cantidades, anunció, quedó constancia en un archivo informático almacenado en su ordenador. La Guardia Civil se llevó ese ordenador tras el estallido del caso. Pero Serrano se ofreció a guiar a los investigadores para localizar el documento con rapidez. Las fuentes consultadas por infoLibre aseguran que el contable cumplió lo prometido.

¿Recuerda Serrano alguna extracción superior a 50.000 euros?, inquirió en otro momento el fiscal. Y el contable contestó afirmativamente para narrar cómo cuando la compañía se disolvió en 2010 y él mismo fue despedido en febrero de aquel año, ocurrió lo siguiente: "Cuando se hizo esa disolución y me despidieron se repartió el dinero entre los socios y recuerdo haber sacado para un socio como 80.000 euros y para otro algo parecido".

Del reparto en metálico a las empresas factureras

Esos dos socios, añadió a renglón seguido, eran José Juan Caballero y Pablo González. "A Pablo González se lo entregué en mano", corroboró Serrano ante la nueva pregunta del fiscal, que prosiguió en esa dirección. Y le hizo notar a Serrano que sacar 80.000 euros en metálico y llevárselo en mano a su destinatario implicaba casi jugarse la vida. El contable asintió con estas palabras: "Les puedo asegurar que esos días iba temblando". Los días, a eso se refería, de aquellas entregas en mano que –dijo– nunca le hicieron ser consciente de que podía estar siendo utilizado como instrumento de blanqueo. "Pero sí –fue su precisión– de estar actuando de una manera que no era, digamos, demasiado regular".  

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Pero aunque Serrano evitó reconocer que hubiese albergado cualquier sospecha de blanqueo, su relato apunta exactamente hacia ese delito: porque, como justificantes de las cantidades que recibían en efectivo, los tres socios principales le entregaban al contable facturas de una serie de sociedades que supuestamente proveían de servicios a Tecnoconcret aunque –terminó concediendo ante las preguntas del fiscal– jamás supo qué trabajos reales efectuaban. Tamanaco, Proyectos Ecosistemas, Reimex y Asesora 25 –"esa me suena pero no tanto"– se contaban  entre las compañías que suministraban facturas a Tecnoconcret. Eran lo que fuentes conocedoras del caso definen como "factureras". Y consideran que todas ellas estaban controladas por la familia González.

Serrano admitió que tras su despido recibió 30.000 euros "como anticipo" de lo que le habría correspondido por su porcentaje de participación en Tecnoconcret en un futuro proyecto que no llegó a materializarse. El 5% de títulos que ostentaba se lo había adjudicado Clemente tras su contratación como contable y administrativo a modo de gratificación en contratos futuros. Es decir, no en el del campo de golf. Pero –así al menos lo subrayó Serrano– jamás tuvo poder real como accionista. ¿Ejercía algún derecho como socio?, le preguntó el fiscal."En las reuniones en que decidieron disolver la sociedad expresé mi disconformidad total". ¿Y le trataron como a un socio?, siguió avanzando Yáñez. El contable dio aquí una respuesta amarga: "Me trataron como si no fuera nadie".

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