Autopistas

El Gobierno aprueba el rescate de las autopistas quebradas: quiénes son y dónde están ahora los políticos que las impulsaron

Foto de archivo de un peaje de la autopista Radial-3.

El Estado ha adjudicado desde 1998 un total de 15 concesiones para la construcción y explotación de 793 kilómetros de autopistas, de las que ocho, más del 50%, han entrado en situación de quiebra. El Gobierno, tras plantear su rescate como inevitable, suscribió el pasado verano un convenio de gestión para que esas nueve vías –una concesionaria tenía dos– revertieran al Estado en los primeros meses de 2018 con el objetivo de privatizarlasde nuevoal final de este año.

De hecho, el Ministerio de Fomento ha pagado 419.512 euros (IVA incluido) a empresas privadas para que preparen esa relicitación. Planeaba gastar 242.000 euros más pero uno de los concursos quedó desierto y está en marcha ahora un procedimiento negociado para acordar una adjudicación en el que se ha invitado a cinco empresas y ya se han recibido dos ofertas que están en fase de estudio. 

Estaba previsto que ocho de estas vías –las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la autopista eje aeropuerto (M-12), la autopista Ocaña-La Roda (AP-36), los tramos de la circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena-Vera de la AP-7– empezaran a explotarse por parte del Estado ya a partir de este enero, y la autopista Madrid-Toledo (AP-41) en abril. Sin embargo, un portavoz del departamento que dirige Iñigo de la Serna asegura a infoLibre que la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), dependiente del Ministerio de Fomento, sólo podrá asumir la titularidad de las autopistas cuando concluyan los procedimientos concursales abiertos en varios juzgados. 

Este ruinoso negocio tendrá un relevante impacto en las cuentas públicas, pues la legislación en materia de contratos obliga al Estado a compensar a los concesionarios ante su liquidación por quiebra. La normativa establece que, en caso de resolución anticipada de una concesión, la Administración tiene que indemnizar al concesionario abonándole el importe de las inversiones realizadas para la expropiación de terrenos y de la ejecución de las obras descontando las amortizaciones. 

En el caso de las nueve autopistas quebradas, los reales decretos de adjudicación de esas concesiones establecen que el máximo que podrían recibir del Estado asciende a 3.344,5 millones de euros: 3.070,1 por la construcción y 274,4 por las expropiaciones. Estas cantidades se pignoran en los contratos financieros y sirven, por tanto, como una garantía o seguro público para los prestadores. De ahí que vayan a ser finalmente los actuales tenedores de esa deuda (bancos y fondos de inversión) los que reciban esas cantidades. 

Impulsores

Esta ruinosa red de autopistas de peaje fue ideada por el que fuera ministro de Fomento entre 1996 y 2000 Rafael Arias-Salgado –hijode Gabriel Arias-Salgado, que fue ministro de Información y Turismo durante la dictadura franquista (1951-1962)– y ejecutada por su sucesor al frente de ese departamento: Francisco Álvarez Cascos. Las nueve vías que serán rescatadas por el Estado fueron adjudicadas a las compañías concesionarias entre septiembre de 1999 y febrero de 2004

En octubre de 2000, tras abandonar la política al finalizar la primera legislatura de José María Aznar, Arias-Salgado pasó a dirigir la división en España del grupo francés de hipermercados Carrefour, cargo que ocupó hasta el pasado verano. Además, desde julio de 2012, es presidente no ejecutivo de la multinacional de las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos World Duty Free Group (WDFG). Esta compañía es propietaria de la antigua Aldeasa, la empresa que explota los espacios comerciales de los aeródromos, y que fue privatizada el 1 de octubre de 1997, con Arias-Salgado sentado en el Consejo de Ministros presidido por Aznar.

Por su parte Álvarez Cascos lo ha sido casi todo en política: vicepresidente del Gobierno (1996-2000), ministro (1996-2004), senador (1982-1986), diputado (1986-2004) y presidente de una comunidad autónoma, Asturias (2011-2012). De hecho, tras anunciar en 2004 que abandonaba la política por "motivos personales", reapareció en 2011 creando su propia formación Foro Asturias Ciudadano (FAC). Consiguió hacerse en 2011 con la presidencia del Principado, aunque poco más de un año después tuvo que convocar elecciones al no conseguir aprobar los presupuestos. Tras esos comicios, el PSOE recuperó la presidencia de Asturias. 

Pero Arias-Salgado y Álvarez Cascos no fueron los únicos artífices de la puesta en marcha de estas autopistas. También fue clave la figura de los responsables de la Secretaría de Estado de Infraestructuras. Durante la primera legislatura de Aznar ese puesto lo ocupó el ingeniero Albert Vilalta, fallecido en 2013, que previamente había sido conseller de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya bajo el mandato de Jordi Pujol. 

Durante los segundos cuatro años de Gobierno de Aznar fue nombrado secretario de Estado de Infraestructuras Benigno Blanco, que en la legislatura anterior había sido secretario de Estado de Aguas. Abogado en ejercicio, es especialmente reconocido por su activismo ultraconservador en contra del derecho al aborto o por su boicot a la asignatura de Educación para la Ciudadanía a través del Foro de la Familia, organización que presidió entre 2007 y 2015. 

Otro puesto clave en la planificación de las carreteras es la subsecretaría de Fomento. Ese cargo lo ocupó entre 1996 y 2000 Víctor Calvo-Sotelo, hijo del expresidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo. Tras dejar este puesto tuvo un breve paso por la empresa privada y de ahí pasó a ocupar la presidencia de Correos y Telégrafos entre 2003 y 2004. Desde 2009 trabajó como director del gabinete de Análisis de Presidencia del Partido Popular, asesorando a Mariano Rajoy. Y en 2012 tomó posesión como secretario de Estado de Telecomunicaciones, puesto que ocupó hasta 2016. 

A Calvo-Sotelo lo sustituyó en el cargo de subsecretario de Fomento el abogado del Estado Adolfo Menéndez, que en la actualidad es counsel del bufete de abogados Ontier. También forma parte del Consejo de Administración de la tecnológica Indra, donde ganó 128.000 euros en 2016. En el ámbito de la política, antes de incorporarse a Fomento, Menéndez había sido subsecretario del Ministerio de Defensa entre 1996 y 2000, cuando Eduardo Serra ocupó esa cartera. 

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Otra área fundamental en la planificación de las autopistas es la dirección general de Carreteras, pues es la que tiene atribuida la función de elaborar los estudios de viabilidad de concesiones de nuevos tramos de carretera, en coordinación con la subdelegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

Durante la primera legislatura de Aznar la jefatura de esta dirección general recayó sobre Juan Francisco Lazcano, que sólo meses después de dejar ese cargo fue nombrado presidente de la principal patronal del sector de la construcción, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), puesto en el que se mantiene en la actualidad. También lidera la Asociación Española de la Carretera, colectivo que reúne a constructoras, colectivos profesionales y representantes de la Administración. 

A Lazcano lo sustituyó en la dirección general de Carreteras Antonio Alonso Burgos, que pertenece al cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado y que actualmente es subdirector general de Explotación en el Ministerio de Fomento. 

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