Cifuentes, sobre el lío de las actas del Canal: "Fue una negligencia administrativa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este lunes que ella no tenía "manera humana" de conocer la decisión del juez sobre la entrega de las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con el caso Lezo, a la oposición ya que el documento se traspapeló y ha defendido que fue "una negligencia administrativa, no política".

Durante su discurso en el Desayuno Informativo de Europa Press, Cifuentes ha recordado que a lo largo del fin de semana el consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, ha dado "reiteradas explicaciones" pero que ella no tiene "problema en explicarlo de nuevo".

"Si por algo se caracteriza este Gobierno es que estamos colaborando en todo momento y siempre con la Justicia en todo lo que nos ha requerido, tanto es así que el propio origen de estas peticiones, el caso Lezo, está siendo investigado por la Justicia porque hemos sido nosotros quienes lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía en el momento en el que se vio la existencia de irregularidades.", ha recordado. Por ello, considera que "está fuera de duda" su interés primordial por colaborar.

Más allá de eso, ha indicado que ya se han mandado a la Asamblea de Madrid "más de 700 documentos" relacionados con esto, pero faltaban "unos 60 que no se mandaron porque la Abogacía General consideraba que no se debían de mandar".

Por ello, el entonces viceconsejero de Presidencia, Enrique Ruiz, hizo una consulta al juez para ver si dichos documentos estaban dentro del secreto de sumario. Esto se hizo con fecha del 1 de agosto y no les constaba respuesta porque se recibió una providencia que llegó por fax a una Subdirección General de la Abogacía de la Comunidad, en la que el responsable se encontraba de vacaciones.

A la vuelta, ha expuesto Cifuentes, éste comete "no solo un error sino una negligencia administrativa grave" ya que se le traspapela el documento, por lo que el Gobierno regional "no tiene conocimiento" hasta este viernes. Por ello, "ya ha sido cesado".

Siendo ahora conscientes, "a lo largo del fin de semana se ha estado recabando esa información que hoy mismo" se va a remitir a la Asamblea de Madrid.

"Nadie puede pensar que no tenemos voluntad de colaboración cuando en todo momento se ha actuado con total transparencia. Había un informe de la Abogacía que nos decía que sin autorización judicial no debíamos mandarlo y la cuando teníamos no hemos tenido constancia", ha defendido al dirigente madrileña.

Cifuentes ha indicado que si el fax llegó el 21 de agosto y el responsable concreto de la misma no la trasladado ella no tenía "manera humana" se saberlo. En cuanto a la petición que registraran desde los grupos de la oposición en la Asamblea para su comparecencia sobre esta cuestión, la también presidenta del PP ha señalado que ellos saben que están colaborando "mandando la documentación de manera permanente".

"Yo entiendo que ellos quieran agarrarse absolutamente a cualquier cosa para intentar desgastar a mi Gobierno y a mí. No tengo problemas en dar explicaciones en sede parlamentaria, lo vengo haciendo a lo largo de los 76 plenos que llevamos en la Asamblea en los cuales yo contesto de manera habitual cuestiones que no son de mi Gobierno, cuestiones sobre asuntos como este que se refiere a la acción de gobiernos anteriores, información que está dentro del caso Lezo, y no tengo absolutamente ningún problema en dar cuenta como ha venido sucediendo hasta ahora", ha dicho.

Para Cifuentes, la oposición ha renunciado a "ejercer el control parlamentario" sobre su Ejecutivo. Por ello, considera que "algo bien" estará haciendo cuando no controlan la acción de su Gobierno. "Me parece lógico que lo quieran alargar, entiendo que esto es parte de su estrategia de desgaste y cada cual es responsable de sus actos", ha dicho.

La Justicia da diez días a la Comunidad de Madrid para que explique por qué no entregó las actas del Canal

Ver más

La líder del PP madrileño ha concluido insistiendo en que este ha sido un "error grave, administrativo no político". La presidenta ha defendido que no ha sido político como lo sería si hubiera habido algún tipo "de voluntad de ocultación de algo".

"Como eso no ha ocurrido es una negligencia administrativa que ya ha tenido consecuencias para el responsable. Más allá de eso nosotros vamos a seguir trabajando como hemos venido haciendo hasta ahora", ha trasladado.