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Caso Bloque

El juicio por la presunta trama policial de Coslada (Madrid) comienza este lunes tras casi 10 años de instrucción

  • La Fiscalía acusa al exjefe policial y otros seis agentes locales de varios delitos: extorsión, cohecho, amenazas condicionales, tenencia ilícita de armas o blanqueo de capitales
  • Presuntamente, los agentes se aprovechaban de su posición "para conseguir de manera gratuita los favores sexuales" de prostitutas
  • Dentro de la misma causa, tendrán que sentarse en el banquillo tres ciudadanos acusados de prostitución por actuar presuntamente como proxenetas

infoLibre Publicada 15/01/2018 a las 09:25 Actualizada 15/01/2018 a las 10:06    
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La Audiencia Provincial de Madrid, donde este lunes comienza el juicio contra los policías de Coslada.

La Audiencia Provincial de Madrid, donde este lunes comienza el juicio contra los policías de Coslada.

EUROPA PRESS
El juicio por el Caso Bloque, centrado en una presunta trama policial en el municipio madrileño de Coslada, se celebrará desde este lunes hasta el próximo 23 de marzo en la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid tras casi diez años en fase de instrucción.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el exjefe policial Ginés Jiménez Buendía y otros seis policías locales de Coslada se sentarán en el banquillo a partir del 15 de enero de este año, en sesiones que se celebrarán los martes, miércoles y jueves, como ya se hizo en los casos del pederasta de Ciudad Lineal y el Madrid Arena. Se reservarán los viernes por si fueran necesarios para celebrar nuevas sesiones.

El fiscal acusa a Jiménez Buendía de los presuntos delitos de extorsión, cohecho, amenazas condicionales, depósito y tenencia ilícita de armas, y blanqueo de capitales. Por éstos se enfrenta a 23 años y tres meses de cárcel. Del delito de blanqueo de capitales también acusa como colaboradores a su esposa y a su hijo, por lo que se enfrentan a 4 años de cárcel cada uno. A otro policía le acusa de cohecho y omisión del deber de perseguir delitos, y a los otros 5 policías locales de un delito de cohecho impropio a cada uno.

El Ministerio Público señala que todos los policías locales acusados se aprovechaban de su situación de agentes de la autoridad "para conseguir de manera gratuita los favores sexuales de las mujeres que ejercían la prostitución".

Dentro de la misma causa tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados tres ciudadanos rumanos, Catalin A., Francisc G. e Ionot G. a quienes se les acusa de un delito de prostitución.

El juez de Instrucción número 21 de Madrid investigaba desde diciembre de 2007 una trama de prostitución de origen rumano a raíz de las denuncias de varias prostitutas que ofrecían sus servicios en un polígono del distrito madrileño de Vicálvaro.

Según el escrito de la Fiscalía, los tres rumanos ofrecían protección a algunas prostitutas a cambio de una cantidad de dinero semanal que oscilaba entre los 300 y 600 euros. Una vez que las mujeres eran reclutadas les "obligaban a permanecer en la calle, en concreto en el polígono industrial de Vicálvaro, pese a enfermedades, molestias físicas, la lluvia o el frío, sin ni siquiera un paraguas o con ropas húmedas, y a todas ellas después de exigirles su permanencia hasta altas horas de la madrugada".

Las pesquisas seguidas por el Grupo XVI de la Brigada de Policía Judicial revelaron indiciariamente que varios agentes de la Policía local de Coslada extorsionaban a estas prostitutas. Al mismo tiempo, varios empresarios de esta localidad denunciaron el presunto acoso que sufrían por parte del jefe del Cuerpo, Ginés Jiménez Buendía.

La Policía Nacional puso entonces en marcha el caso, por el que fueron detenidos el 8 de mayo de 2008 veinticinco agentes de la Policía Municipal y el jefe de la misma por su posible implicación en la citada red mafiosa. A ellos, junto a varios miembros de los locales, les acusaba de formar una presunta red criminal, conocida como "El Bloque". Tras casi diez años en instrucción y tres jueces al cargo diferentes, se archivaron las acusaciones contra 19 de ellos, quedando únicamente siete en la causa.

En la actualidad todos los policías locales de Coslada (a excepción del exjefe y de otro policía local al que le concedieron la invalidez permanente) están trabajando y ejerciendo sus funciones.

"Ha quedado demostrado que es inocente"

"Tras casi 10 años de angustia y sufrimiento por parte de Ginés Jiménez Buendía y su familia, colaborando con la Administración de Justicia y trabajando en el esclarecimiento de los hechos, entienden que aunque tengan que pasar por la 'pena de banquillo' esperan que por Justicia salgan absueltos de todos las acusaciones puesto que en la causa está suficientemente demostrado la ausencia de los tipos delictivos que el fiscal mantiene", explicó recientemente a Europa Press el abogado del exjefe policial, Oskar Zein.

El letrado ha negado la implicación de Jiménez Buendía en la trama, desmintiendo las acusaciones de los delitos de cohecho y extorsión. "Así se ha demostrado con innumerable documentación y con las declaraciones en el Juzgado de más de treinta propietarios de locales de hostelería de Coslada", apostilla Zein.

En cuanto a las inspecciones que realizaba la Policía Local de Coslada en los locales, el abogado de la defensa sostiene que se efectuaban "de oficio, por requerimiento de las diversas concejalías del Ayuntamiento y otras por denuncias o llamadas telefónicas de los propios vecinos de Coslada".

Jiménez Buendía también está acusado de tenencia ilícita de armas, y de hecho le fueron incautadas varias. Éstas, según defiende, son "armas históricas, antiguas y siendo piezas de auténtica colección de museo, oxidadas, inutilizadas, inservibles, sin munición fácil de encontrar o fabricar". "Todas estaban en un 'armario armero' y Ginés tenía todas las licencias correspondientes", relata Zein, que considera que la tenencia de esas armas podría suponer "como máximo" una sanción administrativa.

Zein apunta que el delito de blanqueo de capitales por el que se acusa a su patrocinado ha sido archivado en dos ocasiones consecutivas acordando que "de las diligencias de instrucción no se ha podido acreditar por las testificales ni otros datos, que haya obtenido concretamente dinero por alguna actividad delictiva". "A pesar de ello, el fiscal, de una forma desproporcionada e injusta y probablemente influenciado por el efecto mediático que el Caso Bloque tuvo en su día, ha continuado con la acusación", asegura.

Finalmente, el letrado defiende que en la instrucción ha quedado demostrado que "El Bloque" "no existió como un grupo delictivo", sino que se les acusa por delitos "independientes y sin conexión alguna entre ellos".

Esto lo sostiene por el archivo en 2012 del delito de asociación ilícita contra Jiménez Buendía y el resto de policías. En este punto, se remonta al auto donde se declaró el archivo de esa causa: "Su organización jerárquica y estructurada lo es como miembros de la policía que son. Y el reparto de papeles o de actividades se realiza dentro de la organización policial a la que pertenecen, sin que se haya acreditado que se organizaran con una finalidad delictiva".

Acusación de la Fiscalía

Según el escrito de acusación del fiscal del caso, Jiménez Buendía "aprovechaba su cargo de agente de autoridad" para "vulnerar el ordenamiento legal movido por intereses personales en beneficio propio".

En el escrito de la Fiscalía también se afirmaba que el exjefe de la Policía Local de Coslada, "de manera abusiva y arbitraria", quería controlar "por vías de hecho, independientes al cauce marcado por el ordenamiento jurídico" la tramitación de licencias y autorizaciones de apertura, de actividad o similares.

Por ello, la Fiscalía solicita para Jiménez Buendía las penas de tres años y cinco meses de prisión por extorsiones; cuatro años y cinco meses de prisión por un delito de amenazas; seis años por un delito de cohecho continuado y multa de 30.000 euros; por el delito de depósito y tenencia ilícita de armas, tres años y cinco meses y por blanqueo de capitales, se solicita la pena de prisión de 6 años y una multa de 100.000 euros.

El Ministerio Fiscal solicita también la pena de dos años y ocho meses de prisión para el también policía local de Coslada Carlos M.G. por los delitos de cohecho y omisión del deber de perseguir delitos, ya que según las conclusiones provisionales "durante el año 2008 acudió en diversas ocasiones al Polígono Industrial de Vicálvaro y portando uniforme" para que las prostitutas supieran que era Policía Local.

 


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1 Comentarios
  • AMP AMP 15/01/18 12:39

    Es increíble la presteza en unos asuntos y la demora en otros.

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