La confesión de los acusados confirma que el PP valenciano se financió siguiendo el modelo de los 'papeles de Bárcenas'

La confesión de los nueve empresarios acusados en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano y la del propio jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, trazó este martes el dibujo de una operativa idéntica a la que reflejan los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas: alguien donaba dinero al partido de manera opaca y a cambio recibía contratos públicos. O, según el relato de Correa sobre lo ocurrido en Valencia, evitaba verse con "menos adjudicaciones de obra" de las que venía consiguiendo. Durante el interrogatorio de la fiscal, Myriam Segura, los nueve empresarios han admitido ser conscientes de que su condición de contratistas públicos les impedía ser donantes del PP. Y de que las donaciones –en especie, vía facturas falsas– que efectuaron para las campañas electorales de 2007 y 2008 "se maquillaron como pagos" por trabajos inexistentes.

Correa presentó lo ocurrido como una auténtica imposición. Cuando la fiscal le preguntó de quién fue la iniciativa de articular un sistema de facturas falsas, el acusado respondió así: "Del PP: queréis cobrar, tenéis que facturar a estos empresarios. Me imagino que lo mismo que a los empresarios que se han sentado aquí les habrán obligado también a pagarnos a nosotros, de lo contrario tendrían menos actividad profesional y menos adjudicaciones de obra". Cuando le interrogó el abogado del Estado, el jefe de la trama que durante 15 años trabajó a destajo para el PP y distintas administraciones públicas bajo su control terminó por dar un nombre: fue Ricardo Costa, antiguo número dos del PP valenciano y sentado dos filas más atrás en el banquillo de los acusados, quien dio instrucciones para que Orange Market cobrase lo adeudado por el PP a través de facturas falsas. La defensa de Correa, que no formuló ni una sola pregunta, cree que tras su declaración la Fiscalía rebajará su solicitud de pena desde los 24 años de cárcel que mantiene en su escrito de acusación hasta no más de siete y medio. Correa ya está en prisión tras ser sentenciado a 13 años por los contratos valencianos de Fitur. Y se arriesga a otra larguísima condena –la Fiscalía pide 125 años– por el juicio sobre la primera época de Gürtel.

Lo sucedido este martes pone contra las cuerdas a tres de los 20 acusados: Pablo Crespo, durante años lugarteniente de Correa y que, según su entorno, podría corroborar hoy la versión de su antiguo jefe pero sin dar nombres aunque no hay nada seguro; Álvaro Pérez, cara visible de la red en la Comunidad Valenciana y según su círculo completamente remiso a reconocer nada ni a señalar a nadie; y Ricardo Costa. El lunes, la defensa de Costa lanzó una durísima andanada al recalcar la paradoja de que ninguno de los que controlaban las cuentas del PP en las alturas esté en el banquillo y que tampoco el partido figure como partícipe a título lucrativo. Es decir, beneficiario de los 3,4 millones a que, según el escrito de acusación de la Fiscalía, ascendieron aquellos servicios prestados por Orange Market y que jamás superaron los filtros de legalidad. Ni los superaron ni lo intentaron: el PP, directamente, los ocultó.

Lo que no contaron los empresarios: ni quién les convenció ni por qué lo hicieron

Antes de que Correa dijera todo lo que dijo, habían confesado los nueve empresarios que casi con dignidad patricia sellaron en esta jornada del segundo macrojuicio de Gürtel su pacto de solo multa en lugar de cárcel a cambio de confesión. Entre los nueve, todos grandes contratistas de la Generalitat, financiaron ilegalmente gastos del PP valenciano por 1,2 millones para las autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, incluidos en el lote algunos actos de Mariano Rajoy. Varios de esos empresarios computaron el importe de las facturas falsas para deducírselo en sus declaraciones de IVA y de impuesto de sociedades, aunque la cifra defraudada no traspasó el umbral del delito fiscal. Ninguno de ellos ha explicado quién les convenció de que pagasen a Orange Market servicios que la filial valenciana de Gürtel había prestado realmente al PP ni por qué o a cambio de qué se avinieron a ello. Nadie se lo ha preguntado. Es decir, ni la fiscal ni el abogado del Estado, los únicos a cuyas preguntas han accedido a responder.

Francisco Correa se sometió a interrogatorio justo después de que regresaran a su lugar en el banquillo los dos últimos empresarios que han reconocido su participación en los delitos electorales y de falsedad documental que les atribuía la Fiscalía. Cuando Tomás Martínez Berna, del Grupo Vallalba, se levantó de la mesa de declaraciones junto con su hermano Rafael saludando al tribunal con una sonrisa impecable y contenida, acababa de cerrarse un episodio inédito en la historia de la corrupción en España: a lo largo de dos horas y siete minutos, nueve propietarios y/o directivos de potentes grupos valencianos fueron aceptando con laconismo pero sin titubeos lo que nadie podía imaginar que alguien admitiera cuando en febrero de 2009 estalló el caso Gürtel: que habían financiado ilegalmente al mismo partido que durante años les proporcionó millones de euros en adjudicaciones públicas. Dos de esos grupos también están o han estado investigados en otras causas: Sedesa, de la familia Cotino, lo estuvo en los papeles de Bárcenas; Lubasa lo está en Operación Taula, la del pitufeo.

Fue en ese escenario donde el abogado de Álvaro Pérez, Javier Vasallo, intentó con denuedo que la declaración de Correa se pospusiera bajo el argumento de que distintos problemas técnicos amenazaban el derecho de defensa. No lo consiguió. Y Correa –él mismo utilizó ese verbo– terminó por calentarse. No solo ratificó y amplió el contenido del escrito donde hace una semana ya plasmó su confesión sino que aportó un nombre: la instrucción de emitir facturas falsas, dijo ante una pregunta del abogado del Estado y cuando ya nadie esperaba sorpresas, se la transmitió a Pablo Crespo Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano bajo el mandato de Francisco Camps y el exdirigente conservador de mayor rango entre los cinco que se sientan en este banquillo. Personas de su entorno aseguran que eso, dar el nombre de Costa, no estaba previsto.Pablo, Álvaro y las "37 campañas"

En línea con el retrato que de sí mismo hizo en el anterior juicio de Gürtel, el de la llamada Época 1 y donde ya reabrió la caja de los truenos y la investigación sobre los papeles de Bárcenas al declarar que los empresarios pagaban comisiones por obtener contratos, Correa hizo profesión de afecto hacia sus dos colaboradores más cercanos: Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Pero eso no impidió que dispersara a lo largo de su relato una misma idea cuya formulación queda resumida en esta frase, dirigida a la fiscal: "Yo no me ocupaba del día a día, Pablo le podrá dar mejor información".

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Ni le impidió señalar a El Bigotes como quien puede dar datos de las campañas electorales valencianas, la municipal y la autonómica, de 2007: "Personalmente no tuve nada que ver en la campaña de 2007. Pero he hecho 37 campañas en Madrid. Organizábamos todo lo que era la logística de los eventos. Pero de Valencia, mejor Álvaro porque yo no estaba ni en España".

Correa llegó a preguntar a la fiscal si quería que le hablara de las campañas de Madrid. La respuesta fue negativa. A su espalda, Álvaro Pérez seguía el interrogatorio sentado junto a Pablo Crespo, a veces hundiendo la cabeza entre las manos, a veces cruzando los brazos contra el pecho, a veces también entresacando minúsculas partículas de las mangas de un jersey rojo. 

Sobre el relevante papel de Crespo como quien conocía los pormenores de la organización, Correa abundó. Y mucho. Fue por ejemplo Pablo, Crespo, quien según Correa le dijo que había sido Ricardo Costa el que le dijo que o cobraban lo que les debía el PP con facturas falsas o no cobraban. Con un estilo más parecido al del seguro y mundano Don Vito –él niega que nadie le llamara así– de hace solo dos años, el jefe de la red bautizada con su nombre –"es Correa, me pongo nervioso con el Gürtel alemán y disculpe, pero es que me caliento"– ya había desviado hacia Crespo el balón de las facturas falsas antes incluso de citar a Ricardo Costa: "Sabía que para cobrar tenía que facturar a empresarios que se han sentado aquí, lo sabía porque Pablo me lo comentaba y le puedo contar el enfado con que venía a Madrid porque nunca quiso que facturásemos así y él sabía que estas cosas podían tener problemas como así lo estamos teniendo y por eso estamos aquí. Y Pablo me lo comentaba". Pablo Crespo declara hoy. Álvaro Pérez, también. Sus abogados guardan silencio.