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El futuro de Cataluña

Rajoy se expone a un nuevo desgaste en la crisis catalana con su respuesta a la investidura

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su inetervención en la clausura de un acto del PP de Sevilla este sábado.

El Gobierno ha moderado sus declaraciones públicas de los últimos días respecto a una eventual investidura telemática de Carles Puigdemont. Lo mismo han hecho destacados miembros del Partido Popular. Si a comienzos de la pasada semana, las fuentes conservadoras consultadas no albergaban duda alguna de que el expresident no iba a someterse bajo ningún concepto al criterio del Parlament, a medida que ha ido pasando el tiempo ningún dirigente destacado del partido de Mariano Rajoy ha sido contundente a la hora de garantizar que Puigdemont no va a protagonizar esa foto.

En lo que sí se ha insistido es en que el Gobierno cumplirá la ley y hará cumplirla, de forma que una posible investidura telemática sería recurrida de forma inmediata ante el Tribunal Constitucional. Y en que el artículo 155 de la Constitución seguirá en vigor hasta que el Govern tome posesión con todas las garantías.

Este mismo viernes, el portavoz del Gobierno evitaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros pronunciarse sobre "especulaciones" cuando se le cuestionó, en tres ocasiones, sobre si el Gobierno podía "garantizar" que no fuese a celebrarse un pleno de investidura en el que Carles Puigdemont defienda su programa desde Bruselas.

"El Gobierno está en el ejercicio del artículo 155 y nadie en España puede tener duda de que impedirá que se cometa cualquier ilegalidad", se limitó a insistir.

Mientras, Fernando Martínez-Maillo, coordinador general del PP, señalaba que "lo que sí" puede garantizar es que el Gobierno está "preparado" y tomará todas las decisiones necesarias para que el expresident fugado a Bruselas "no sea presidente en esas condiciones".

Para Rajoy, la foto de una sesión de investidura protagonizada por Puigdemont, sería un nuevo mazazo en la gestión de la crisis catalana de ahí que, interpretan las fuentes consultadas, se esté evitando dar por sentado escenarios que no son tan sencillos de controlar.

En este sentido, recuerdan que tanto los independentistas como los partidos de la oposición han sacado rédito político de algunos patinazos del Gobierno en la respuesta al "desafío soberanista" de Cataluña. Actuaciones que, además, han servido como munición para ajustar cuentas entre sectores rivales del PP

No caer en los mismos errores que el 1-O

Hay tres ejemplos muy recientes de lo que el Gobierno no quiere repetir. Todos están relacionados con los días previos al referéndum ilegal del 1-O y con lo ocurrido durante aquella jornada.

Uno. El Gobierno y el PP habían insistido en que los independentistas estaban buscando proyectar fuera de españa una imagen "victimista" de unos ciudadanos oprimidos por el Estado. Aseguraban que para proyectar todavía más esa imagen buscaban que el 1-O se produjeran detenciones y cargas policiales. Y que no iban a regalarles esta foto. Estas previsiones fallaron. Y las imágenes de las cargas policiales y algunos heridos dieron la vuelta al mundo.

Dos. El Gobierno aseguró que no habría urnas. Diez días antes del 1-O, el Gobierno dio prácticamente por desactivada la "logística" del 1-O. Era miércoles 20 de septiembre y desde el Ministerio del Interior se informaba de la incautación de papeletas para el referéndum y la detención de varios cargos públicos. Después se informaría de la incautación de material censal. Paralelamente, desde el Ejecutivo se defendía que las urnas no habían sido localizadas porque no existían. Y aseguraban que si había algún tipo de movimiento al respecto, serían incautadas antes de que pudieran ser introducidas en los colegios electorales.

El Govern catalán presentó el prototipo de este objeto dos días antes de la consulta. Y el 1-O se depositaron papeletas en cientos de urnas como las del prototipo.

Y tres. El Gobierno aseguraba que, sin urnas, iba a ser imposible votar. Pero hubo urnas y las hemerotecas están plagadas de imágenes de catalanes votando.

Pendientes de la decisión de la Mesa

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"Sólo podemos recurrir hechos jurídicos, no intenciones", repiten estos días en el PP. Si antes del día del pleno de investidura, previsto como tarde para el día 31 de enero, la Mesa permite por alguna vía una investidura telemática, el Gobierno tendrá margen de reacción. El problema está en que nada se sepa de la fórmula hasta el día de la sesión plenaria. En este caso, el Ejecutivo no podrá reaccionar hasta que se produzca la votación. Antes de presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, que suspendería los acuerdos del pleno, el Gobierno requeriría un informe al Consejo de Estado.

El Ejecutivo cuenta ya con un informe de sus servicios jurídicos que concluye que no cabe una investidura telemática.

En todo caso, la eventual suspensión del pleno de investidura no frenaría el reloj parlamentario. Si en los dos meses siguientes a la primera votación en este pleno no se ha logrado investir a un presidente "con todas las garantías", la Cámara se disolverá automáticamente y se convocarán nuevas elecciones para mediados del mes de mayo.

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