Los magistrados del TS salpican los autos del 'procés' de hipótesis y posibilidades sobre el futuro de Cataluña

“Explosiones y manifestaciones violentas”. “Actos de irreparables consecuencias”. “Graves enfrentamientos ciudadanos” que pueden ser “impulsados” o simplemente “brotar”. Nuevos intentos de proclamar la república catalana. Nada de eso está pasando en España en estos momentos pero, en opinión de los magistrados del Tribunal Supremo, puede suceder si salen a la calle los dirigentes políticos y sociales catalanes que permanecen en prisión preventiva desde hace meses —los diputados Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart—. Y esa mera posibilidad es suficiente para mantenerlos en la cárcel.

Los autos dictados por Pablo Llarena, el juez instructor de la causa que investiga a casi una treintena de dirigentes políticos y exaltos cargos catalanes como supuestos autores de delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos en relación con la proclamación de independencia de Cataluña, están salpicados de referencias a lo que puede suceder si los encarcelados salen de prisión en libertad provisional, hasta el punto de que esas hipótesis se han convertido en elementos decisivos a la hora de mantenerlos entre rejas. Un criterio avalado, además, por los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde, que han visto las apelaciones de los afectados y que también basan sus decisiones en el riesgo de enfrentamiento y violencia que, según ellos, conlleva la salida de prisión de los encarcelados.

Los jueces del Supremo deducen los riesgos citados en sus respectivos autos (violencia, enfrentamiento y manifestaciones) de los indicios de delito que atribuyen a los encausados y, en ocasiones, de la situación política actual (son “presos que suscitan apoyo incondicional” que pretenden volver a intentar la independencia de Cataluña haciéndose con el Govern gracias al resultado de las elecciones).

El último auto dictado por el juez Llarena este lunes, negando la orden de detención contra Carles Puigdemont, repite el mismo esquema al basar esta decisión en la creencia de que el president destituido “pueda estar deseando” ser detenido para “burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria” y “alcanzar la investidura”. Una hipótesis sobre la que no aporta ningún indicio pero que le sirve de fundamento para rechazar la petición de la Fiscalía de que Puigdemont fuese detenido aprovechando su estancia en Dinamarca.

Lo que sigue es una síntesis de los argumentos que los magistrados del Supremo han utilizado para tomar decisiones basándose en lo que, según su opinión, puede suceder en el futuro:

1. Puigdemont puede querer ser detenido para ser investido e impulsar la república catalana

El último auto del juez instructor, dictado este lunes, descarta solicitar la detención de Carles Puigdemont en Dinamarca basándose en la posibilidad de que eso es, precisamente, lo que el president destituido “pueda estar deseando” para “burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria” y “alcanzar la investidura”. Es decir, que el juez ha llegado a la conclusión de que Puigdemont quiere ser detenido para estar en situación de someterse a la investidura y convertirse en president.

El juez considera sospechoso que Puigdemont viajase a Dinamarca sin ocultar sus intenciones. Si a eso se le suma, razona, “su proclamada intención de restablecer el mismo gobierno bajo el que se declaró la llamada república catalana e impulsar con ese gobierno su implantación” y que el informe jurídico presentado por los letrados del Parlament le excluye de la investidura “si libremente elude su comparecencia ante la Asamblea que ha de votarle”, la conclusión es que “busca la detención” para así “burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria”.

Llarena asegura que Puigdemont trata de usar la detención, el procedimiento legal que intenta impedir su “estrategia anticonstitucional e ilegal”, con el fin de “instrumentalizar la privación de libertad para alcanzar la investidura”. Y la detención, alega el instructor, no puede “desplegarse para facilitar la transgresión y ruptura” de la Constitución Española y el ordenamiento jurídico.

Como conclusión acerca de lo que él mismo entiende son los planes no declarados de Puigdemont, el juez pospone la orden de detención hasta después de la investidura. “A un momento —no necesariamente lejano— en el que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario no se encuentren en riesgo por una detención que sería lógica en otro contexto”, subraya.

2. Junqueras no puede salir de prisión ante “la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones violentas”

El juez Llarena sostuvo el pasado 13 de enero que no puede dejar salir de la cárcel a Junqueras porque existe “la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia”. En el auto en el que le negó el permiso para ir a votar en la sesión constitutiva del Parlament, el instructor consideró incluso que su “representación política recientemente adquirida” (haber sido elegido diputado) incrementa el riesgo de reiteración delictiva.

3. La Policía no sería capaz de mantener el orden si Junqueras es trasladado al Parlament para poder votar

En su afán por predecir el futuro, el juez incluso señaló que la Policía no sería capaz de garantizar “el mantenimiento de la pacífica convivencia” y de evitar un “grave enfrentamiento ciudadano” si tuviera que trasladar a los presos desde la cárcel a la Cámara autonómica “en fechas y horas determinadas”. Ese enfrentamiento, precisa el juez, “puede impulsarse o brotar”, porque se trata de “unos presos que suscitan apoyo incondicional”.

4. Las pretensiones de Junqueras de ser president “pueden situarlo en una posición de adoptar decisiones” que favorezcan la independencia de Cataluña

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo incluyó el 5 de enero la posibilidad de que Oriol Junqueras sea elegido president de la Generalitat (se presentó como candidato de Esquerra para ese puesto) o vuelva a formar parte del Govern entre los motivos para mantenerle en prisión y evitar el riesgo de reiteración delictiva. Los tres magistrados que forman parte de la sala sostuvieron, por unanimidad, que Junqueras se presentó a las elecciones como “candidato a la Presidencia de la Generalitat, lo que le situaría, en principio, en una posición preponderante respecto de las decisiones a tomar en relación” con un nuevo intento de proclamación unilateral de la independencia de Cataluña.

“Es cierto que ya no ocupa el cargo de vicepresidente del Gobierno autonómico”, admiten, “pero también lo es que su actividad y sus pretensiones políticas pueden situarlo nuevamente en una posición preponderante en el momento de adoptar decisiones” sobre la declaración unilateral de la república catalana.

5. Si los presos salen, hay “probabilidad de actos con graves e irreparables consecuencias”

El auto del juez Llarena que el 5 de diciembre puso en libertad provisional a varios antiguos consellers del Govern catalán pero decidió mantener en prisión a Junqueras, Forn y los Jordis apoyaba esta decisión en las consecuencias que tendria una hipotética reincidencia en el caso de que los tres saliesen a la calle. De reiterar la “explosión violenta” que el magistrado vincula a sus “aportaciones”, no habrá “margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”. No sólo hay “riesgo previsible”, advierte, de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable no sólo la convivencia social o familiar [de la comunidad], así como el libre desarrollo económico y laboral” y “la propia integridad física”, sino “probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias”.