Zoido niega que se responsabilizara a los conductores, defiende su gestión y señala a la concesionaria

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que no va a dimitir de su cargo porque no cree tener responsabilidad política en la gestión realizada por su departamento ante el temporal de nieve que provocó que miles de conductores quedaran atrapados en la AP-6 en la noche del 6 al 7 de enero.

"Yo no voy a dimitir, no creo tener responsabilidad política en la gestión de esta circunstancia que se ha vivido derivada de una autopista concesionada", ha declarado el ministro durante su comparecencia en la Comisión de Interior en el Congreso, en respuesta a las preguntas por parte de la oposición acerca de si pensaba abandonar su puesto. "Mi cargo está a disposición del presidente, yo por esto no debo dimitir", ha insistido.

Zoido ha comparecido este miércoles en la Cámara Baja para informar de las actuaciones del Gobierno durante este episodio, en donde ha negado que se responsabilizara a los conductores de esta situación.

"En ningún caso se ha responsabilizado a los conductores de quedarse atrapados en la AP-6, si no que se ha hecho la reflexión de por qué a algunos no les llegaron los avisos o por qué algunas recomendaciones no fueron atendidas", ha apuntado el ministro, que ha comenzado su intervención pidiendo disculpas a los ciudadanos afectados.

En este sentido, ha aclarado que estas afirmaciones sirven para "hacer autocrítica" de cómo poder mejorar los canales de comunicación "para llegar a todos los conductores" y, al mismo tiempo, concienciar en casos como el ocurrido entre los pasados 6 y 7 de enero.

Aún así, Zoido ha asegurado también que "hubo previsión, planificación y capacidad de reacción" durante la gestión de esta crisis, así como una puesta a disposición de medios humanos y materiales, que fueron, a su juicio, "necesarios y acordes".

Insiste en los errores de la concesionaria

Además, el titular de Interior ha insistido en que la concesionaria de la autopista tomó "decisiones que no fueron las acertadas", no así el Gobierno que, a su juicio, "hizo todo lo posible para que se evitara que hubiera incidencias por el temporal". Además, ha defendido que se han dado "todas las explicaciones necesarias" sobre lo ocurrido.

En su relato de los hechos, Zoido ha justificado que su departamento cumplió con sus obligaciones de prevención ya que, desde el día 4 de enero se informó sobre las alertas de nevadas anunciadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Además, asegura que, un día más tarde, se puso en marcha un operativo especial desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) y se activó la fase de alerta de protocolo por fenómenos meteorológicos adversos en León, Zamora, Palencia, Valladolid, Burgos, Segovia y Ávila.

También ha defendido que se cumplió con la obligación de dar respuesta ante situaciones adversas, poniendo a disposición de la concesionaria hasta 600 trabajadores, entre los que estaban en el centro de control, jefaturas de Tráfico o miembros de la Guardia Civil, además de los 200 agentes de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que ayudaron en el rescate de los vehículos atrapados en la autopista.

Sin embargo, y del mismo modo que el lunes hizo el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, durante su comparecencia en el Congreso por este mismo tema, Zoido ha criticado cómo ha sido un error de la concesionaria el que llevó, entre otros, al colapso de la AP-6: la tardanza de Iberpistas a la hora de 'pedir ayuda' a la Administración, dos horas después de que comenzara la crisis en dicha vía.

En este sentido, ha recordado también que las concesionarias "disponen de su propio centro de control de tráfico" desde el que se gestiona la viabilidad de las mismas, como el uso de fundentes o de quitanieves y que "tienen la obligación y capacidad para adoptar las medidas necesarias para la gestión de tráfico".

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Aun así, el ministro ha insistido en que estos hechos ocurridos en la noche del 6 al 7 de enero deben servir para "sacar conclusiones" y ha indicado que su intención en un futuro es que "el hecho de que una vía no sea de gestión directa, no sea un hecho determinante para que se produzcan situaciones de estas circunstancias". Así, ha indicado que la comisión de Seguridad Vial reunida tras la crisis ha trabajado con expertos para tratar posibles medidas de actuación en un futuro.

Entre estas propuestas realizadas, destacan la posibilidad de que durante las operaciones especiales de tráfico siempre haya un representante de todas las concesionarias en los centros de gestión de tráfico; que la decisión de abrir o cerrar una vía concesionaria corresponda en última instancia a la DGT; que los pasos de medianas en las vías estén siempre abiertos o practicables para poder cambiar de sentido vehículos y quitanieves; o que la DGT, Protección Civil o la Dirección General de Carreteras puedan activar la presencia de la UME.