Corrupción

Las confesiones de todas las partes cierran el círculo sobre la financiación ilegal del PP en Valencia

Ricardo Costa, acompañado por su pareja y su abogado a su llegada a la Audiencia Nacional.

La declaración judicial del antiguo número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, ha cerrado este miércoles un círculo inédito. Por primera vez en la historia judicial española, la financiación de un partido al margen de la ley ha sido admitida por los contratistas públicos que pagaron, por los responsables de la empresa que cobró en negro y con facturas falsas por la organización de actos electorales y –es el caso de Costa– por quien se situaba en el puente de mando de la formación política que aplicó en su beneficio ese sistema, aunque él mismo se presentó ante el tribunal casi como un soldado que cumplía las órdenes inapelables del jefe –Francisco Camps– que le transmitía su vicepresidente, Víctor Campos.

En el juicio persiste no obstante una de las grandes incógnitas abiertas ya en febrero de 2009 cuando estalló el caso Gürtel: la de qué sabía y qué hizo la dirección nacional del partido. Porque, según Costa, él mismo informó en 2007 a Luis Bárcenas de que Camps pretendía endosar a contratistas públicos de la Generalitat facturas falsas de Orange Market, la marca valenciana de Gürtel. Costa sostiene que lo que le dijo Bárcenas fue lo siguiente: que esa era "una práctica prohibida en el PP nacional" porque sería "una Filesa 2".

Pero ni el ex secretario general del PP valenciano aclaró por qué Génova no hizo nada entonces ni la Fiscalía le preguntó por el resultado de sus gestiones ante el hombre que llevaba casi dos décadas manejando las cuentas del partido, el mismo que anotó cientos de donaciones opacas de empresarios que también tenían contratos públicos y que ahora se encuentra pendiente de sentencia por el primer macrojuicio de Gürtel. El entorno de Costa considera muy relevante que el acusado remarcara una y otra vez que los empresarios que financiaban al PP valenciano eran contratistas de la Generalitat porque –sostienen las fuentes consultadas– eso responde a la pregunta que el propio Álvaro Pérez, El Bigotes, formuló el viernes pasado: "Nadie les ha preguntado qué agradecían cuando soltaban la mandanga".

Las dudas sobre el papel de Génova enlazan con otra pregunta por resolver: la de si es posible que lo que Costa definió como la "compulsividad de Camps en organizar actos" no suscitara resquemor sobre el volumen real de dinero que manejaba la organización valenciana para sus campañas electorales. Al equipo central de Génova lo retrató Costa como por completo ajeno a lo que hacía Camps. Y esa especie de cortafuegos en torno al presidente y la ejecutiva nacional se hizo patente, por ejemplo, cuando el acusado relató que fue el jefe de la Generalitat quien pidió "complementos" para los dos mítines en la plaza de toros de Valencia durante las campañas de 2007 y 2008, protagonizados por Rajoy. Según Costa, esos extras –banda de música, pantallas adicionales, algún animador, etc.– se habían abonado con "dinero aportado por empresarios o con facturación emitida a empresarios". Nada menos que 120.000 euros en total: 30.000 en el primero y 90.000 en el segundo, detalló el exdirigente conservador.

La defensa de Camps

Camps, que debe declarar como testigo en la causa al igual que Bárcenas, negó de nuevo este miércoles de forma tajante todas las acusaciones vertidas por Costa contra él y anunció que una vez que comparezca el 7 de marzo expondrá "cuestiones que no encajan". El expresidente desplegó el siguiente argumento: si alguien recibe instrucciones para hacer algo ilegal "tiene varias opciones: no hacerlo, dimitir y ponerlo en conocimiento del fiscal o del juez".

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Sea como sea, algo quedó fuera de duda este miércoles desde que Costa abrió fuego a las 11.03 horas al disparar su primera acusación –"Sí, es cierto que el PP se financió con dinero negro"– para de inmediato señalar a Camps como ideólogo y artífice de ese sistema y para, también de inmediato, subrayar que quienes aportaban fondos opacos –"aportaciones en efectivo"– eran "adjudicatarios" de contratos públicos. Todo eso constata un hecho: que es ya irreversible el proceso de demolición de Francisco Camps, el antaño todopoderoso jefe de filas del partido y el Gobierno autonómico en Valencia sin cuyo apoyo Mariano Rajoy difícilmente habría consolidado su liderazgo interno. La dureza con que Costa arremetió contra su antiguo líder fue tal que incluso sacó a colación que la trama Gürtel le había preguntado si podía emitir una factura por 20.000 euros para camuflar el pago de "prendas de vestir" de Camps, los famosos trajes en cuyo juicio fueron absueltos tanto el expresidente valenciano como él mismo.

Las confesiones de los jefes de Gürtel y la de Costa comparten un cuidadoso esquema que ha evitado involucrar a nadie en delitos que por su mayor gravedad pudieran seguir vigentes, lo cual afecta fundamentalmente a Francisco Camps pero también a su exvicepresidente Juan Cotino, señalado al unísono por El Bigotes y por Costa como el segundo dirigente con mayor responsabilidad en los hechos. Cotino tiene ante sí un nuevo juicio, el de la visita del Papa a Valencia, al que llegará en una situación mucho más complicada. Con esa excepción y con la del exvicepresidente Vicente Rambla –inspector de Hacienda y que rebatió a capa y espada la versión de Costa sobre su supuesto protagonismo central en el sistema de pagos en negro y de facturas falsas–, las demás acusaciones podrían calificarse de disparos al aire desde el punto de vista penal.

Dados los plazos de prescripción de los delitos que conciernen a los cinco políticos acusados en esta pieza de la financiación valenciana, segundo macrojuicio de la serie Gürtel –electoral y de falsedad documental–, los juristas consultados por infoLibre entienden que ninguna de las 13 confesiones que suma la vista hasta ahora tendrá consecuencias penales negativas. Si, como apuntan algunas fuentes, el exvicesecretario general del PP valenciano, David Serra, opta también por confesar el viernes la financiación ilegal, los arrepentidos serán ya 14 de 19 acusados. Serra fue profusamente citado por Costa como uno de los directamente involucrados en la tarea de recaudar fondos entre los empresarios que tenían "relaciones" contractuales con la Generalitat.

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